Columna de Hiram Guadalupe: Cultura del financiamiento político

Por más que los líderes del Partido Popular Democrático (PPD) intenten zapatearse del problema de corrupción que ha embarrado su colectividad, lo cierto es que encaran una situación política muy compleja que casi los deja varados en un callejón sin salida.

Tras el veredicto emitido el pasado viernes por un jurado de la corte federal, encontrando culpables de todos los cargos a los cuatro acusados que enfrentaron juicio por el sonado caso del convicto donante del PPD Anaudi Hernández, quedó confirmado el esquema de influencias y relaciones organizado con figuras de la cúpula de ese partido para repartir  contratos millonarios entre amigos.

Pero el asunto no termina aquí. Concluido el caso, el director del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en Puerto Rico, Douglas Leff, lanzó una advertencia a quienes han sido señalados como implicados en esta artimaña, entre los que hay nombres de figuras políticas conocidas aunque se sospecha que una nueva lista de acusaciones pudiera provocar sorpresas.

Leff aseguró a los periodistas que cubrieron el caso que hay más investigaciones en curso. “El mensaje importante es que tenemos investigaciones en proceso similares a este caso y es importante saber que las personas responsables de una conducta como esta, ellos saben quiénes son, deberían venir a nuestra oficina y hablar con nosotros… pero si ellos no pueden hacerlo, vamos a ir en busca de ellos con todos nuestros recursos para hacer justicia, porque la gente de Puerto Rico tiene derecho a un gobierno de empleados públicos que trabajen para servir al pueblo y no para servir sus intereses personales”.

Esa declaración tuvo que haber retumbado las paredes del edificio que alberga las oficinas del pepedé en Puerta de Tierra y, con mucha probabilidad, puso a sudar a unos cuantos funcionarios electos y nombrados bajo esta administración.

Nadie puede dudar que este conflicto pone nuevamente en desconfianza la integridad de las instituciones públicas y, en particular, las partidistas. Es allí, en los partidos y en su forma de armar la red de recaudaciones para sufragar sus campañas donde se encuentra el mal de fondo de la corrupción.

Sin embargo, ante este problema los principales candidatos a puestos electivos del pepedé no salen de la línea discursiva que, entre un floreteo retórico y cacofónico, solo acusan directamente la perversidad de los implicados, como si este escándalo de corrupción sucediera al margen de su partido y fuera un problema individual.

Ninguno de los críticos de las acciones de Anaudi Hernández y sus secuaces han presentado medidas concretas para eliminar el financiamiento privado de campañas. Ahora hablan del tema, sí, pero sin concretar acciones para erradicar el mal. Tampoco han mostrado la lista de sus donantes activos, por aquello de acompañar el discurso con la acción.

Y este señalamiento aplica también para sus adversarios del Partido Nuevo Progresista, quienes capitalizan la crisis de su contendor para echar lodos y mercadearse como alternativa “salvadora” intentando borrar de su pasado la ráfaga de casos corruptos que también le han acompañado.
El país merece políticos con integridad, mas es difícil lograr entereza al interior de colectividades que están laceradas fuertemente por el germen de la corrupción y en la que se ha entronizado una cultura de financiamiento que levanta dudas y pone en cuestionamiento su pulcritud.

Y como no podemos distanciarnos de la sospecha, todo lo que luce a nuestro alrededor hay que tomarlo con suspicacia. Por ejemplo, si transitamos por las calles de San Juan podemos contabilizar la propaganda de algunos candidatos, principalmente quienes resaltan con fuerza su imagen en los boletines y carteleras digitales (billboards) de más visibilidad en la capital. 

Luego, podemos hacer un ejercicio para examinar su trayectoria, ver entre quiénes se han paseado y con qué sujetos y empresas han estado aliados para impulsar medidas legislativas. El resultado nos sorprendería y quizás así entenderíamos muchas cosas.