Columna de Julio Rivera Saniel: La Junta "real state"

Por Julio Rivera Saniel @riverasaniel

La Junta de Control Fiscal ha llegado y con ella su amplia gama de poderes, que dejan claro, sobre todo, el carácter colonial de nuestra relación política con Estados Unidos, o, si se quiere, la indiscutible subordinación local a los poderes de Washington.

Los primeros 26 minutos de su primera comparecencia pública dejaron claros los alcances de ese poder. Sus siete integrantes tienen la potestad para decidir sobre todos y cada uno de los renglones de la vida en la isla. Y ese hecho sigue en pie, aun cuando la Junta ha sido rebautizada en tiempo reciente en los medios estadounidenses y locales: “Junta de Supervisión” le llaman. Que nadie se llame a engaño. Aunque esa es tal vez una traducción más fiel a lo que dice la letra de su nombre en inglés, lo cierto es que eso de la supervisión es un eufemismo que oculta el evidente poder de control que podrá ejercer sobre la isla. Para entender esos alcances, por los pasados tres martes he desarrollado en mi programa de radio una serie que he bautizado “Desmenuzando PROMESA”. Precisamente, el pasado martes, mientras entrevistaba a los planificadores Luis Jorge Rivera Herrera, José “Tato” Rivera Santana y el abogado ambiental Pedro Sadee sobre el tema de PROMESA, discutimos uno de los alcances más preocupantes del poder de la Junta: la posibilidad de disponer de terrenos públicos y obviar leyes ambientales locales a la hora de otorgar permisos para proyectos que la ley bautiza como críticos. “¿Cómo que ‘disponer’?”, preguntará usted. Los expertos lo explicaron de manera sencilla. Pero, para entenderlo, primero es preciso comprender que la principal encomienda de PROMESA es cumplir con el pago de la deuda a los acreedores del Gobierno. ¿Cómo cumple con la deuda un país que apenas cumple con sus responsabilidades con los ciudadanos? Una de las alternativas, según los expertos con los que conversé, es la posibilidad de vender terrenos públicos, tan públicos como los administrados por la Compañía de Fomento Industrial, la Autoridad de Tierras o aquellos que pertenecen a corporacionoes públicas, como las Autoridades de Energía Eléctrica o Acueductos y Alcantarillados. Es algo así como una versión federal de una agencia realtor que permita vender para poder pagar.

Imagine la venta de tierras como las del caño Tiburones, partes de la laguna Tortuguero o las 800 cuerdas “protegidas” del Corredor Ecológico del Noreste. Por estúpido que parezca —para nosotros, los puertorriqueños— vender estas tierras, lo cierto es que, según Sadee y Rivera Herrera, PROMESA da los poderes a la Junta de Control Fiscal para venderlas si es necesario, con el fin de obtener el dinero que se precisa para el pago de nuestra multimillonaria deuda con los acreedores.

Otra preocupación que ha levantado el sector ambientalista tiene que ver con el artículo 5 de PROMESA. Es allí donde se establece la designación de los llamados proyectos “críticos”, iniciativas de infraestructura o energía que se determine que sean indispensables para el país a la luz de la agenda que delimite la Junta. Según Rivera Herrera y Sadee, PROMESA deja claro que las agencias encargadas de reglamentación ambiental y de permisos deben desarrollar evaluaciones express para evaluar estos proyectos críticos. Y, aunque no hay nada malo con acelerar la otorgación de permisos (siempre que se cumpla con las normas ambientales), para los científicos causa preocupación que la decisión de qué proyectos son “críticos” y qué proyectos no lo son recae sobre una sola persona. Se trata del llamado coordinador de revitalización, un funcionario nombrado por la Junta que no estará obligado a divulgar quiénes están detrás de los proyectos “críticos” ni quiénes son sus proponentes. Si lo denunciado por estos expertos en el tema ambiental es cierto, el nuevo panorama no es otra cosa que preocupante y requiere que hoy más que nunca los ciudadanos estemos al tanto de las decisiones que puedan afectar el patrimonio de todos. El pago de la deuda y la búsqueda de nuevo capital no debe utilizar como cordero de sacrificio el patrimonio de todos.

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