A 48 días de las elecciones sigo viendo una negación de nuestra clase política a las implicaciones que tiene la ley federal PROMESA sobre cada uno de los aspectos de nuestra vida cotidiana y sobre el limitado campo de acción que le hemos reconocido a nuestro gobierno para decidir sobre nuestros asuntos internos. En estos días ha trascendido que la mencionada ley federal puede tener repercusiones en un reglamento del Departamento de Salud que busca mantener estándares de calidad en la venta de suplementos nutricionales en la isla. La regulación busca atender aquellos medicamentos que no están regulados por la Administración Federal de Drogas y Alimentos (FDA) y que la gente compra por ahí echándoselas al cuerpo sin pensarlo dos veces con la promesa de que serán más flacos, vigorosos o se mantendrán jóvenes. No pretendo establecer que todo lo aprobado o no aprobado por la FDA es lo que debemos consumir para curarnos o atender nuestros problemas de salud. Pero, ciertamente, el Departamento de Salud de Puerto Rico adoptó en su momento unas restricciones con el propósito de cumplir con su deber de proteger la salud pública. Este ejemplo es solo uno de las cosas que nos vienen encima y que, al parecer, candidatos y electores no somos conscientes de ello. Los candidatos siguen prometiendo como si no existiera la realidad de que el que gane, tan pronto entre a La Fortaleza, a quien tendrá que rendir cuentas será a un grupo de siete personas que, de ese momento en adelante, controlarán todas sus acciones. No han comprendido que PROMESA constituye nuestro nuevo orden legal de gobierno y que atrás quedó todo por un momento aún no precisado. La noticia sobre la posible derogación del susodicho reglamento de Salud nos da unos indicios sobre otras cosas que pasarán, según la experiencia en otras jurisdicciones estadounidenses donde han regido juntas de control. Por un lado, nos deja claro que quienes controlarán la política pública serán quienes manejan el poder económico en Estados Unidos. En este caso, la acción del task force creado por PROMESA parece responder al cabildeo de grandes empresas con influencia en Washington. Por otro lado, esta noticia nos brinda un asomo de que imperará la desregulación como estrategia de “estímulo económico”. Lo que ocurre con este discurso eminentemente republicano (en el contexto político estadounidense) es que el estímulo tiende a favorecer a los grandes y no a los pequeños bajo la cuestionada teoría de que un mercado poco controlado por el Estado fomenta la libre empresa, la autorregulación y beneficios para el consumidor. PROMESA es el nuevo orden político legal, y todos, políticos y ciudadanos, no podemos seguir jugando a la política electoral como si nada pasara.
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