Columna de Rafael Lenín López: La PROMESA que cuenta

A poco más de 50 días para las elecciones, hemos escuchado promesas por todos lados. Algunas conservadoras y otras más radicales. Unos candidatos han sido más vocales que otros en prometer villas y castillas a los electores que irán a las urnas el 8 de noviembre.

Sin embargo, en este ciclo electoral, los boricuas solo tenemos una promesa que de seguro se va a cumplir y es la que está consignada en la ley federal que ha sido proclamada así mismo: PROMESA.

No es casualidad. Oficialmente se llama así porque son las siglas del Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act.  Buscaron la forma de que tuviera un apodo atractivo y escogieron palabras que se acomodaran a ello. 

La palabra promesa en un año electoral lo es todo, es el eje central del proceso político. Las promesas cumplidas tienen recompensas y sobre las incumplidas se pasan a veces facturas muy caras. Para muchos, promesa significa esperanza de cambio y para otros palabras huecas que se las lleva el viento tan pronto acaba el proceso de votación.

Por eso no es casualidad que el poder político del norte le pusiera PROMESA a esta ley y ya vamos viendo en estos días por qué.

Esta semana comienza a quedar claro quién o quiénes son los únicos que pueden prometerles algo a los puertorriqueños, y estos son los miembros de la Junta de Control Fiscal. Más nadie.

El domingo pasado, Ricardo Rosselló pareció tener un desliz en su mensaje proselitista cuando, quizás emocionado ante sus más fanáticos seguidores, anticipó despedir a los empleados populares que hayan sido contratados en este periodo preelectoral.  Se amparó en una disposición de la Ley PROMESA que autoriza a la Junta revisar leyes aprobadas después del 4 de mayo y que sean contrarias a los propósitos de ese organismo supervisor.  Dijo que discutirá el tema con la Junta si llega a La Fortaleza. Ayer el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto me dijo, en una entrevista mañanera en Radio Isla, que son cerca de cinco mil las transacciones de personal desde julio a esta fecha, advirtiendo que han sido necesarias y no han supuesto gasto adicional no presupuestado.

Tras lo dicho por Rosselló, el Partido Popular vio venir el bombito para batear con intensidad, tras semanas cogiendo palos por el caso de Anaudi Hernández.   Vieron la oportunidad de respirar e imputaron a Rosselló anunciar una nueva modalidad de lo que fue la Ley 7 de Luis Fortuño.  De hecho, Fortuño fue muy visible en la Convención del PNP, y eso fortaleció los argumentos de la oposición.

Pero el PPD, en medio de sus intentos por empatar el juego, se dio cuenta que tampoco puede prometer lo contrario a Rosselló. Los líderes populares que hablaron esta semana dijeron que, ante una posible orden de despidos de empleados públicos por parte de la Junta, David Bernier buscaría convencerla de lo contrario con su plan de ajuste fiscal. Sin embargo, Bernier no ha presentado en concreto en qué consiste su plan de recorte de gastos.  El único plan fiscal que el Gobierno ha acogido es el que le sugirió la economista Ann Kruger y que, a pesar de lo anunciado, nunca se tradujo en la legislación necesaria para las acciones más dramáticas.

Debemos recordar que el gobernador Alejandro García Padilla ha dicho que no es posible recortar más la grasa pública y que es imposible pagar la deuda bajo los términos vigentes manteniendo el Gobiermo con su mismo tamaño y ofreciendo los mismos servicios públicos. Ese discurso lo han adoptado los legisladores populares que, en su mayoría, son los integrantes de la papeleta legislativa de Bernier.  Ese discurso es incompatible con lo que propondría hacer la Junta, según el mandato legal que tienen. Y es que, aunque la Junta y sus siete miembros no se han presentado en sociedad, basta con examinar la ley que la creó para uno darse cuenta de lo que hay.

Para los que aún no han leído, PROMESA, cuya base legal está en la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos, dispone que tiene supremacía sobre leyes estatales, territoriales o regulaciones, que podrán suprimir planes gubernamentales y controlar la agenda fiscal del Gobierno isleño. La susodicha ley es clara al establecer que su propósito es hacer que Puerto Rico vuelva al mercado financiero, y ello es posible únicamente pagando la deuda. Es decir, PROMESA crea una junta ejecutiva con poderes absolutos que pone en hold la Constitución del Estado Libre Asociado (que ya el Supremo federal ha dicho que es una ley federal que puede ser derogada), la Ley de Relaciones Federales de los 50 y las cláusulas de la Ley Jones de 1917 que han sobrevivido.

Ningún candidato podrá prometer que los gastos del Gobierno se mantendrán intactos y eso incluye la nómina pública.

Lo que sí pueden y deben hacer los candidatos con un mayor esfuerzo es explicar cómo van a estimular la economía dentro del limitado campo de acción que tendrán.
Hablar de crear miles de empleos con premisas vagas es contrario a lo que el electorado se merece en este proceso. 

Lo demás, y mientras se mantenga la actual relación política entre Estados Unidos y Puerto Rico, se reducirá a cuál de los aspirantes será el mejor o peor cabildero ante la Junta.
Esa es la única promesa que cuenta en estas elecciones.
 

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