“PROMESA representa el acto más denigrante, antidemocrático y colonial que se haya visto, además de ser un golpe de Estado a la democracia en Puerto Rico. […] Permítanme sugerir organizar un movimiento de resistencia civil. […] Demasiados puertorriqueños sucumben a una mentalidad de negatividad sobre lo que podemos hacer. [Uno] se pregunta si esa condición no es una estrategia de elementos foráneos a nuestra isla, porque se fomenta la idea de que los puertorriqueños tenemos que ser supervisados como si fuéramos una partida de niños. […] Hay que resistir. Solo así pudieron los negros en Estados Unidos hacer valer sus derechos a tal punto que hoy tienen un presidente negro”, dijo el pasado fin de semana el juez federal Juan Torruella, del Primer Circuito de Apelaciones de Boston.
Entiendo cada punto del juez, sin embargo, no coincido en lo que plantea. Definitivamente la ley que promueve la junta de control fiscal sobre el Gobierno de Puerto Rico es antidemocrática y colonial, en vista de que los que tendrán la última palabra de cómo se hacen las cosas en el Gobierno son los siete miembros designados por el Gobierno estadounidense y no el elegido por el pueblo en las elecciones generales. ¿Es denigrante? Sin duda. Pero no son muchas las opciones. ¿O es que el juez se comerá nuevamente el cuento que nos hemos comido por los pasados 30 o 40 años de que las cosas van a cambiar luego de las próximas elecciones por voluntad propia? Sería lo ideal, pero, juez Torruella, no va a ocurrir. Pensar que los políticos van a cambiar por voluntad propia es como pensar que la guerra contra las drogas la vamos a ganar algún día.
La resistencia civil que propone el juez Torruella es un boicot a los productos o comercios norteamericanos en la isla, en especial a las megacadenas, para así presionar al Gobierno estadounidense. Es una estrategia válida, que puede sustituir lo que son manifestaciones violentas, pero require de una unión del pueblo, casi en su totalidad, para que tenga efecto. No obstante, mi impresión es que la mayoría de la ciudadanía favorece que un externo ponga orden en la casa, ante la falta de voluntad de nuestros políticos.
Torruella se pregunta si los puertorriqueños sucumben a una mentalidad de negatividad sobre lo que podemos hacer, inducidos por alguna estrategia norteamericana, ya que se fomenta la idea de que los puertorriqueños tenemos que ser supervisados como si fuéramos una partida de niños. Juez, los puertorriqueños estamos claros que podemos hacer grandes cosas. Ahora bien, también estamos claros de que el Gobierno no va a cambiar, que los políticos van a seguir operando como solo saben hacerlo, regalando, malgastando y administrando con los pies los fondos del pueblo. ¿No es por eso que estamos donde estamos? Una cosa somos los puertorriqueños y otra es los políticos que nos gobiernan.
Se suponía que la administración que tenemos, al llegar en el 2013 y viera el desastre que había, comenzara a enderezar la cosa. ¿Hemos visto un presupuesto correctamente hecho y balanceado? No sé, pero la palabra que más hemos escuchado, en ese aspecto, por los pasados cuatro años es descuadre.
Finalmente, retomando el boicot que propone el juez Torruella contra productos o tiendas norteamericanas, supongamos que lo hagamos, ¿qué efecto tiene en nuestra economía? ¿Sería peor el remedio que la enfermedad? No veo forma de que el Gobierno norteamericano elimine PROMESA con presiones de boicot, manifestaciones pacíficas, ni violentas. ¿A qué debemos darle prioridad? ¿A salir de este agujero negro con ayuda externa o patalear porque se proyecta que nos han administrado como niños los recursos del pueblo por décadas? Con la junta hay que trabajar para arreglar la situación del país. No podemos cambiar haciendo lo mismo, y dejar el asunto estrictamente en manos de nuestros políticos es hacer lo mismo.
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