El momento de decidir qué hacer el próximo noviembre se acerca. Se trata de una coyuntura importante. Claro que decidir lo que hacer con el derecho al voto siempre ha sido importante. Pero también es cierto que, como colectivo, parece que hemos subestimado el proceso electoral confundiéndolo con ese fanatismo propio del mundo deportivo en el que le vamos al nuestro por las razones menos racionales posibles: porque nos gusta, porque sí, porque nos parece simpático, porque siempre gana, porque me da la gana. Y por eso nos va como nos va. Poco de razón y mucho de pasión a la hora de hacer las famosas cruces.
Este ciclo debe ser distinto. Hoy más que nunca urge que analice las propuestas y que, al hacerlo, exija coherencia y seriedad en el discurso. Eso, sin duda, debe incluir la evaluación de las propuestas de estatus.
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Está claro que para muchos la situación apremiante es el manejo del tema económico. Cómo y cuánto pagamos nos afecta a todos. Pero es igualmente cierto que ninguna solución real al asunto del estatus puede ignorar la relación política de la isla con los Estados Unidos. La relación actual, tal y como está concebida, es la raíz de muchas de las situaciones que hoy hemos identificado como problemas a resolver.
¿Queremos deshacernos de las leyes de cabotaje que nos obligan a usar solo barcos estadounidenses para traer los productos de consumo local? Hacerlo nos obliga a revisar nuestra relación política o, en su lugar, a “pedir permiso”.
¿Queremos promover la isla como destino de turismo médico para atraer a la creciente clase media latinoamericana? No controlamos la entrada al país ni estamos ubicados en posiciones de verdadero poder en los Estados Unidos para cambiarlo.
Nos indigna ver cómo echamos a la basura productos como la piña o los huevos del país que se ubican en desventaja ante la competencia de exportación. Pero, aunque quisiéramos, no podríamos colocar un impuesto a los productos agrícolas que llegan de afuera o, en su defecto, promover legislación federal para cambiar esa restricción. Y todo por nuestro estatus político.
Por todo lo anterior, no resulta negocio posponer la discusión de nuestra relación con los Estados Unidos. Claro que hay mucho que hacer y que puede hacerse para comenzar a poner la casa en orden e incentivar la economía: reestructurar el Gobierno, reducir el número de municipios, retomar nuestras tierras y promover el cultivo local, reestructurar nuestras corporaciones para hacerlas más productivas o profesionalizar el servicio público son todas propuestas que pueden arrancar de inmediato si realmente se tiene voluntad y somos capaces de llegar a consensos que permitan alejar el freno partidista. Pero no se llame a engaño. Las soluciones definitivas a nuestras penas en el bolsillo no pueden dejar fuera el futuro de nuestra relación política con los Estados Unidos. Quien diga lo contrario solo pretende tomarnos el pelo. Y de eso ya hemos tenido suficiente.
