Columna de Julio Rivera Saniel: Naled? Yes, sir!

Los alcances de la subordinación histórica de Puerto Rico ante los Estados Unidos y la naturaleza de nuestra relación colonial no deben ser subestimados y alcanzan todas las esquinas de nuestra cosa cotidiana. No hay que sorprenderse. Es el efecto de décadas de hacernos creer que siempre hay alguien que “sabe más”, “entiende más”, “es más inteligente” o “más capaz” que nosotros. Una visión de nosotros mismos que nos coloca como más débiles y menos capaces frente a nuestras contrapartes y amigos del norte.

Se trata de una visión indudablemente nociva, que promueve una autocompasión y degradación, que no solo subestima nuestras capacidades individuales y como pueblo, sino que nos hace creernos el interminable cuento de la ineptitud insular. Todo lo anterior amenaza con volver a manifestarse en la controversia sobre la fumigación aérea con Naled. El juego está sesenta a dos. Dos entidades (federales) han asegurado que la fumigación con Naled sobre la isla, en las concentraciones sugeridas y sobre áreas urbanas, es segura, que hacerlo es la manera más eficaz para frenar el avance del zika y sus implicaciones para la salud pública, que sus efectos nocivos sobre la fauna y la flora son solo “anecdóticos” y que en Estados Unidos la fumigación aérea no es la excepción, sino la norma. En un comunicado de prensa enviado la pasada semana, CDC y EPA “exhortaban” a los puertorriqueños a darle paso a la aspersión aérea no sin antes recordarnos que asignaron $5 millones en fondos federales que deben ser utilizados para combatir el zika. El comunicado de prensa, firmado por la directora de la EPA, Gina McCarthy, y el director de los CDC, Tom Frieden, falló en ofrecer datos específicos o citar estudios que sustenten su exhortación a los puertorriqueños y que despejen las dudas de la población sobre sus efectos.

Al otro lado del espectro de la opinión pública hay sesenta, sesenta organizaciones locales que han dejado clara su oposición al uso de ese compuesto para la fumigación sobre áreas pobladas.

Organizaciones como el Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, la Escuela Graduada de Salud Pública, del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, la Asociación Nacional de Derecho Ambiental, el Colegio de Ingenieros de Puerto Rico, la organización ecológica Sierra Club, el Colegio de Químicos de Puerto Rico y la Asociación de Alcaldes, entre otros, se han expresado contundentemente en contra del proyectado uso del Naled. Los grupos profesionales que se oponen insisten en que estudios comprobados hechos en los Estados Unidos y otras partes del mundo aseguran que la eficacia del Naled es limitada para conseguir lo que se asegura logrará y que, por lo contrario, sus efectos son nocivos. Destacan que entre 4 y 10 días después de la fumigación con Naled, la población de mosquitos se revierte a la que existía justo antes de haberlo utilizado. Aseguran que la Unión Europea prohibió el uso del químico convencida de su nocividad, que afectaría de manera directa la vida de insectos necesarios para completar el ciclo de producción de alimentos, entre otros potenciales efectos. Y, entonces, frente a los dos grupos queda el gran público, ese que permanece como observador de la controversia y para el que el asunto se ha tornado en una confusa guerra de versiones. Se trata, sin lugar a dudas, de un escenario complejo al que se suma indudablemente la falta de eficiencia del Gobierno local de comunicar las supuestas bondades del uso del Naled y sustentarlas con estudios y datos específicos. A la confusión no ayuda el manejo irregular del proceso de vistas públicas en la Cámara de Representantes que, como aquel que lo tiene todo planchado, estuvo a punto de concluir el proceso sin dar espacio a los grupos opositores a presentar sus ponencias.

El gobernador ha asegurado que, si se le convence de la necesidad de fumigar con Naled, dará el permiso. La pregunta es si le convence quién. ¿Si le convencen datos reales, respaldados por estudios científicos serios (vengan de donde vengan) o si le convence la presión federal para gastar los $5 millones asignados a combatir el zika? En un escenario en el que idealmente se evalúen solo los datos y estudios, ¿pesará más ante la oficialidad el origen federal de las posturas a favor que la oposición local de las organizaciones profesionales con peritaje? Esperemos que la determinación del ejecutivo no se deje seducir por la costumbre de pensar que la opinión de “el otro” siempre es mejor que la nuestra. De despachar la opinión de los expertos locales por un “no porque no” para darle un “yes, sir” a quien nos hace recomendaciones en inglés. Para tomar una decisión seria habría que contestar más de una pregunta. ¿Tiene sentido darle paso a una medida controvertible a la que se oponen las organizaciones locales con peritaje solo porque el Gobierno federal las favorece? ¿La información provista por los expertos locales es falsa? Y la opinión de la EPA y CDC, ¿en qué estudios se fundamenta? ¿Dónde están? ¿Es la fumigación aérea la opción más eficaz y menos nociva para la salud de los ciudadanos?¿Dónde están esos datos? ¿Serán publicados? Es un hecho que en el ejercicio de toma de decisiones gubernamentales son múltiples los elementos que entran en juego, pero el interés general debe ser el motor principal de cualquier conclusión. Ojalá y así sea.