Columna de Rafael Lenín López: Sigue la oscuridad

Además de todas las cosas que se quedarán pendientes esta noche, cuando acabe la última sesión ordinaria de nuestra Legislatura para este cuatrienio, hay una medida que, lamentablemente, los senadores y representantes no le dieron paso. Se trata de una pieza que va a la médula de la democracia y del acceso que debe tener todo ciudadano a lo que hacen sus gobernantes.

Bajo discusión reciente ha estado el Proyecto de la Cámara 2944, conocido como la Ley de Transparencia y Acceso a la Documentación y a la Información Pública.

Este proyecto no logró ser aprobado en la Cámara y, por ende, no llegó a tiempo al Senado para su consideración en este periodo.

Junto con varios compañeros expresidentes de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico y del Overseas Press Club, me expresé a favor de la medida. 

Apoyé el proyecto porque entiendo que amplía y complementa la presente disposición constitucional sobre el acceso a la información pública. Además, este provee de herramientas claras y precisas a los ciudadanos, para quienes nos debemos los periodistas al momento de ejercitar ese derecho tal y como lo ha reconocido el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

El máximo foro judicial ha determinado que todos los documentos y procesos generados con fondos del erario son públicos y, por ende, pueden ser accedidos por la ciudadanía en cualquier momento. Esto tiene muy limitadas excepciones que solo puede levantar, ante un tribunal si es necesario, el Gobierno, como custodio de la información solicitada.

Nuestras luchas de acceso a la información pública se han sostenido sobre esa jurisprudencia.  No siempre se han ganado las controversias, y los procesos para dar las batallas son, en ocasiones, muy difusos.

Esa propuesta ley pretendía formalizar los procesos para, a tenor con lo dispuesto por el Supremo, los ciudadanos tuvieran una guía clara a seguir para solicitar información que se presume pública. Disponía un mecanismo rápido y organizado, con remedios claros ante cualquier negativa de un funcionario a cumplir con su obligación ministerial.

Muy similar a lo que ocurre en Estados Unidos con FOIA (Freedom of Information Act), este proyecto local crearía un proceso uniforme al que podría recurrir el ciudadano en caso de que se le deniegue información. Al igual que ahora, el ciudadano afectado podría acudir al Tribunal para apelar la decisión del burócrata de turno. Pero tendría la opción también de recurrir a una junta revisora, que le otorgaría la asistencia legal para hacer el reclamo.  Esa junta estaría compuesta por personas recomendadas por organizaciones de base comunitaria. Mi expectativa es que entre esas organizaciones estén las de los periodistas. La propuesta local es más amplia que FOIA.

En una coyuntura como la que enfrenta nuestro país, cuando está más cerca que nunca la creación de un organismo federal que regirá al Gobierno de Puerto Rico, se hace aún más imperativo que el frente de la fiscalización se fortalezca.

Miren lo que ha pasado en la Universidad de Puerto Rico, donde se mantiene en secreto el informe en torno a la investigación sobre las becas presidenciales. Con la ley que se propone, la divulgación de ese documento sería automática. Sería obligado el que se publique todo, hasta cosas tan sencillas como la hoja de entrada de visitas a La Fortaleza.

Aun cuando no se ha aprobado el P. de la C. 2944, ese informe universitario debe hacerse público a la mayor brevedad. La Universidad del Gobierno no puede representar retroceso y oscuridad para el país. En sus manos está.

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