El Gobierno de Puerto Rico incrementó en los pasados días su mensaje de oposición a una junta de control fiscal por parte del Gobierno federal. Esa junta es una amenaza para nuestro gobierno en el sentido de que tomen control, las cosas cambien para bien y se haga evidente, una vez más, que nuestro gobierno no sirve, como decía, precisamente, el gobernador Alejandro García Padilla en la campaña del 2012. Dice el Gobierno boricua que tiene la capacidad de autocontrolarse, de erradicar su desastre y que, por lo tanto, no hace falta la junta federal. Ni ellos lo creen.
Lo ocurrido la semana pasada con el Departamento de Hacienda y la venta de sellos y comprobantes digitales es el vivo ejemplo de que la teoría del Gobierno, en el sentido de que tiene voluntad para cambiar y enderezar, es puro bla, bla, bla. El verano pasado Hacienda decidió no renovar un contrato con una compañía privada (puertorriqueña) dedicada a vender dichos sellos y comprobantes en colecturías, cooperativas, bancos, municipios y en las mismas oficinas de abogados. El Gobierno entendía que podía copiar el programa y levantar esa infraestructura para ser ellos quienes ofrezcan ese servicio. El último día del contrato, Hacienda no tenía su programa montado, por lo que el país se iba a quedar sin sellos digitales, y, por ende, sin transacciones hipotecarias, de venta de autos y muchas otras para las que se requieren los sellos. Si las filas de las colecturías le parecen horrorosas, imagine sumarles todas esas transacciones a dichas filas para comprar los sellos. El Gobierno estaba a punto de crear un caos. Cuando se publicó la información en Noti Uno 630, Hacienda tuvo que extender el contrato por nueve meses para “prepararse”.
El pasado jueves, 31 de marzo, culminaba ese plazo. Se suponía ya estuviesen aceitados, y, adivinen, la copia que hicieron del programa fue más barata que una made in China y no funcionó, por lo que el viernes primero de abril no había venta de sellos digitales para las transacciones. Ese es nuestro gobierno, el que dice que tiene la capacidad de arreglar las cosas y enderezar esto, por lo que no hace falta una junta de control fiscal federal. Ciertamente, la junta quizás no tendría que ver con esto, pero lo que planteo es que el Gobierno es incapaz de corregir, más bien rompe lo que funciona bien. Prometen que cambiarán, pero siguen haciendo lo mismo, y eso es lo que ocurrirá si no hay una intervención externa.
No se rasque la cabeza buscándole una lógica racional a este movimiento del Gobierno, porque no la hay. Bueno, buscando una razón, quizás deba considerar que ese contrato se otorgó bajo la pasada administración y quizás hay algún buitre amigo del alma de la actual administración rondando los cielos. El Gobierno saca el sistema privado que funciona, establece algo que no corre bien y entonces traen otro copy & paste amigo de la administración. El viernes pasado, el presidente del Colegio de Abogados, Marc Anthony Bimbela, indicó que había advertido al gobierno que no funcionaría lo que estaba haciendo y la contestación de Hacienda al abogado fue que sí funcionaría. El sistema se probó 24 horas antes y no funcionaba. Este ejemplo es otro que nos lleva a desconfiar en la palabra del Gobierno de que puede lograr el resultado necesario sin intervención externa porque su naturaleza es seguir operando como solo saben hacerlo, pensando cómo usar el aparato gubernamental para tomar decisiones basadas en la política partidista que nos ha traído a estas tempestades.
A todo esto súmele que la empresa a la que se le cancela el contrato, como les mencioné, es una puertorriqueña, con capital nativo que se queda en nuestra economía. Hacienda está en un plan de cierre de colecturías porque el Gobierno no tiene dinero para mantenerlas y porque cuestan más que lo que pueden ingresar. El sistema privado no le costaba nada al Estado, pero el implantar la copia sí va a tener costo para el erario. Es un doble discurso cuando verbalizan “no hay dinero” por un lado, pero con sus acciones, por el otro lado, dan a entender que sí hay.
No es la primera empresa puertorriqueña que el Gobierno intenta aniquilar. Invitan al pueblo a ser creativo en la crisis y a desarrollar empresas. La ciudadanía responde, crea, y, luego, el Gobierno le copia el producto y desecha al empresario puertorriqueño. ¿Por qué no le copian a la empresa norteamericana Microsoft sus productos? Porque Microsoft y estas empresas tienen el poder económico para litigar en los tribunales y pasarse al Gobierno por la piedra, como lo hizo Walmart. Pero el Gobierno sabe que el empresario nativo no tiene necesariamente ese baqueo económico para pelear con ellos en los tribunales. ¿Y se atreven a decir “Apoyo al de aquí”? Más cínico no se puede.