La designación de la jueza asociada Maite Oronoz como presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico supone harina de un viejo costal. Era más que anticipable que su nombramiento levantaría ronchas y, en este caso, más de las habituales. Para comenzar, su orientacion sexual anticipaba controversia, de la misma forma que lo hizo cuando fue nominada como jueza asociada. Si me preguntan, la controversia levantada por ser lesbiana fue innecesaria y estéril. Que la jueza halla admitido públicamente no ser heterosexual no afecta (para bien o para mal) ni su criterio jurídico, ni su temperamento judicial, ni la posibilidad de luchar por un sistema judicial equitativo y de acceso a todos los ciudadanos. Pero el que sea lesbiana tampoco garantiza que tiene lo necesario para ocupar el cargo al que fue confirmada.
Aunque el acceso de una persona lesbiana a la presidencia del Supremo supone, en sí mismo, un gran logro en la lucha por la búsqueda de la equidad real (de esa que se habla, pero que a veces es difícil de poner en marcha). Sin embargo, buscar llenar posiciones por “cuotas” hace más daño que bien al avance de la equidad buscada. Ser negro, lesbiana o bisexual no supone demérito. Pero tampoco debe suponer carta blanca o vía de acceso a posiciones de poder. En su lugar, debe ser el análisis de los méritos el primero en la discusión de los nombramientos a estas y otras posiciones. Y en ello un buen puñado de medios y un número aún mayor de integrantes de nuestra clase política han fallado. ¿Por qué se renuncia al análisis del expediente, logros y faltas de los nominados ante la tentación de la discusión de asuntos ciertamente menos sustanciosos, aunque abiertamente más entretenidos? La ausencia de respuesta a esa pregunta anticipa problemas.
A la distracción en torno al tema de la sexualidad como criterio para la confirmación o descarte de funcionarios debe sumarse el indudable carácter político partidista siempre presente en las designaciones a la Rama Judicial. La independencia y carácter autónomo de nuestros tribunales es ampliamente cacareada y repetida como mantra. Pero si nos vamos a los hechos, tal independencia queda altamente cuestionada cuando descubrimos que el criterio político partidista es incuestionablemente uno de los elementos decisivos a la hora de escoger a los nominados a la Rama Judicial. No solo en el caso de la jueza Oronoz, sino el de todos sus compañeros en el máximo foro judicial del país, así como aquellos que le han antecedido en la silla principal. El activismo partidista, el paso por el gobienro en posiciones de confianza o pertenecer a familias vinculadas a los dos partidos principales han sido elementos consistentemente presentes en las designaciones a nuestros tribunales, confirmando aquello del famoso “dime con quien andas”. Lo curioso del caso es que durante años los integrantes de nuestra clase política han promovido un discurso que busca promover la “despolitización del gobierno”, pero, mientras lo dicen, sus acciones promueven una perpetuación del fantasma de la política partidista que tanto daño ha probado haber hecho a cada una de las esquinas del entramado gubernamental.
Si realmente se busca despolitizar los procesos y, con ellos, asuntos como la nominación y confirmación de jueces, ¿por qué no se ponen en marcha mecanismos para conseguirlo? La actual administración aprobó legislación que permite a una junta del Colegio de Abogados la evaluación de potenciales nominados a la Judicatura en un proceso centrado en los méritos y no en el abolengo partidista. Pero la junta se ha convertido en una “leyenda urbana”. Herramientas como esta junta o la utilización de una estructura de oposición y mérito a la hora de dar paso a las designaciones podría —según expertos en el tema— eliminar del camino las distracciones y permitiría una evaluación justa de los nominados basada en sus cualificaciones, no en con quién van a la cama. ¿Seremos capaces de lograrlo? Es hora de avanzar. A ver si sacamos la discusión de estos temas de la cama y lo llevamos al estrado.
