En el año 2000 el entonces fiscal federal Guillermo Gil Bonar hizo la siguiente expresión: “La corrupción en Puerto Rico tiene nombre y apellido y se llama Partido Nuevo Progresista”. Golpe bajo que los seguidores de esa colectividad sufrieron en las elecciones que se avecinaban. Esa expresión tenía ese propósito y lo logró. Era curiosa la figura que hacía la expresión, tomando en consideración que su nombramiento para jefe de Fiscalía en propiedad nunca fuera sometido al proceso investigativo del Senado de Estados Unidos, donde se podía probar como persona íntegra en la totalidad de su vida.
En aquel entonces, todos los casos políticos investigados por la Fiscalía federal de Gil Bonar eran presentados al país en la prensa antes que en la sala del tribunal por parte de ese aparato investigativo. Era evidente que “la fuente” de los periodistas era la propia Fiscalía federal. Los investigados (culpables e inocentes) no tenían la oportunidad de defenderse de ese juicio público porque no había nada oficial sobre ellos y porque no sabían si los acusarían o no. Tenían que guardar silencio. Unos fueron acusados, y otros no. Los que nunca fueron acusados, por el solo hecho de haber sido mencionados en un periódico, se quedaron con la mancha.
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En aquel entonces Gil Bonar buscaba llegar hasta el gobernador Pedro Rosselló. No lo logró. Ocho años más tarde ocurrió exactamente lo mismo con Aníbal Acevedo Vilá. La Fiscalía federal presentó el caso en los medios de comunicación antes que en el tribunal. Aunque, desde mi punto de vista, el caso se probó, no lograron la convicción.
Hoy, en el 2015, la historia parece repetirse. El Gobierno federal parece estar investigando la relación de la campaña política y las recaudaciones del gobernador Alejandro García Padilla y otros políticos con nombramientos, otorgación de contratos y cobros de dichos contratos. Eso no quiere decir que el objeto de investigación sea García Padilla.
En este caso, la “coladera” del gobierno federal comenzó. Llama la atención que los testimonios del presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Alberto Lázaro, haya sido publicado en los medios de comunicación, así como el del secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jesús Manuel Ortiz, y el del presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló.
¿Quienes están en el salón donde una persona declara ante un gran jurado? Obviamente, los miembros del gran jurado, el fiscal federal y la persona que declara. Se cae de la mata que el que declara no es quien filtra su propia declaración. ¿Los miembros del jurado? Lo veo difícil porque no ganan ni pierden al ponerse a filtrar información delicada que puede afectar una investigación. ¿Quién custodia los testimonios? ¿Los declarantes? ¿Los miembros del gran jurado? Si tomo en consideración los precedentes de los casos de la administración Rosselló, el de Acevedo Vilá y lo que está saliendo de este, tengo la impresión que se trata nuevamente de los muchachos de la Fiscalía federal.
Pasa un día, se repite dos días y vuelven en un tercer día, sin que la fiscalía haga, aunque sea el aguaje de detener la filtración. En ese caso me dá la impresión que son ellos “las fuentes”. Con la personalidad de la jefa de la fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, dudo que sus chicos vayan a ponerse graciositos filtrando información de una investigación en curso sin su autorización.
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Si al día siguiente de la declaración de Perelló ya estaba su testimonio publicado en los medios de comunicación, pues mientras éste caminaba hacia los periodistas a su salida del edificio federal, por la otra puerta entregaban parte de su testimonio a la prensa.
En el 2000 los seguidores del Partido Nuevo Progresista (PNP) lloraban indignados con las filtraciones de todo lo que se estaba investigado contra la administración Rosselló y lo catalogaban como una injusticia. Lo seguidores del Partido Popular Democrático (PPD) se lo disfrutaban y pregonaban todo, lo que era verdad y lo que no lo era como si lo fuera. Hoy se intercambian los papeles. Los seguidores del PNP pregonan lo que es verdad y lo que no lo es como si lo fuera. Los del PPD lloran con amargura lo que entienden se maneja de forma injusta.
Respecto a los medios, seguiremos publicando lo que nos llegue. No obstante, hay que tener cuidado de no ser partícipes de la estrategia de aceptar y apoyar daños colaterales con tal de vender más periódicos, si fuera el caso, porque ahí se pasa de la raya del periodismo responsable.
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