Los gritos de una de los residentes en la urbanización Villa España en Bayamón se han convertido en el principal recuerdo de un triste episodio de la historia de la planificación urbana en Puerto Rico.
“¡Taty!”, gritaba la mujer para alertar a una vecina que creía en el interior de una residencia amenazada por las enormes rocas que se desprendían del monte a sus espaldas. Una a una las gigantescas piedras destruyeron años de esfuerzo y dinero de las 18 familias afectadas, lo que se convirtió en un gran y público recordatorio del desastre de nuestra planificación urbana. También de las irregularidades en la otorgación de permisos de construcción en los que las excepciones a las normas se han convertido en cotidianas. Del desastre de nuestro ordenamiento terriorial que, lo crea usted o no —lo entienda usted o no—, incide en asuntos tan esenciales como nuestros abastos de agua y uso de terrenos agrícolas.
Lo peor del caso es que este y otros casos podrían haberse evitado.
Hace unos días, dando seguimiento al caso de Villa España, me topé con documentos que parecen reconfirmar que la suerte de esos vecinos pudo haber sido evitada. Dos años antes del derrumbe, en el 2011, Villa España ya había experimentado deslizamientos de terreno mucho menos dramáticos como consecuencia de las lluvias asociadas a la tormenta Emily. Según los documentos, como consecuencia de estos hechos, el Municipio de Bayamón y su director de manejo de emergencias, Orlando López, solicitaron un estudio al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Como consecuencia, la entonces geóloga del Estado Ruth Vélez recomendó cinco vías de acción para prevenir futuros daños. Las recomendaciones incluían estabilización, mitigación, desalojo preventivo y desalojo permanente de los vecinos.
En el 2013, como consecuencia de nuevas lluvias y ante la aparente inacción de las autoridades tras las recomendaciones de Recursos Naturales, el derrumbe alcanzó las caóticas dimensiones que todos concemos. ¿Pudo haberse evitado? Seguramente sí. Pero no solo por la advertencia del Estado sobre los inevitables nuevos derrumbes, sino por la incapacidad del país de aprobar un plan eficaz de ordenamiento terriorial.
El más reciente intento de aprobar un plan de uso de terrenos tuvo lugar este cuatrienio. De la medida, avalada por la Junta de Planificación, se ha sabido poco desde la celebración de vistas públicas.
Según he sabido, el principal freno para la aprobación del plan ha sido la resistencia de intereses privados y de municipios a la designación de terrenos para conservación y uso agrícola. Intereses privados, porque verían afectados sus proyectos en el plano de la construcción y el desarrollo urbano. Municipios, porque el plan afectaría su poder para decidir el futuro de terrenos de los ayuntamientos. El plan evitaría la lluvia de absurdos que inunda la otorgación de permisos. Para que tenga una idea, en un caso puntual, terrenos compartidos entre San Juan y Guaynabo son, de un lado, destinados al desarrollo y, del otro, destinados a la conservación. Dos usos contradictorios para un mismo terreno solo separado por los deslindes municipales. Mientras sean esos absurdos y no el uso lógico y planificado de nuestros terrenos el que domine, nuestro futuro continuará dominado por historias como la de Villa España o Mameyes. En las próximas semanas se espera que la Junta de Planificación envíe el documento final para la evaluación del país luego de analizar más de 600 comentarios producto de las vistas públicas realizadas. Ahora, cuando la medida llegue a la Legislatura, veremos quién puede más: los intereses del país o los del capital que ve nuestras tierras como su piquita personal.
