El pulso de poderes sigue subiendo de tono en Guatemala.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) tramitó este miércoles el antejuicio para desaforar a tres jueces de la Corte de Constitucionalidad (CC), en un clima de tensiones tras la decisión del presidente Jimmy Morales de expulsar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig).
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Durante una conferencia de prensa, el portavoz de la CSJ, Mario Siekavizza, informó que la decisión obedece a que la CC "se excedió en cuanto a sus funciones" y anunció que ahora el Congreso podrá disponer de la inmunidad de los magistrados.
De acuerdo con las leyes guatemaltecas, tras la aprobación de un antejuicio en contra de magistrados constitucionales, le corresponderá al Parlamento (actualmente de mayoría oficialista) continuar el proceso de desafuero.
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Horas antes de conocerse el dictamen del Supremo, la CC, que ha emitido consistentemente decisiones contradiciendo a las del gobierno, había suspendido una decisión de Morales de expulsar al organismo internacional anticorrupción que investiga al propio mandatario y a alguno de sus familiares.
Sin embargo, la decisión del Supremo, cuya críticos tildan a sus jueces de ser cercanos al actual gobierno, oficialmente no estuvo directamente vinculada a esto.
La denuncia que dio origen visto bueno de la CSJ fue presentada en diciembre pasado por la oficialista Asociación Dignatarios de la Nación, en la que acusan a los magistrados, entre otras cosas, de abuso de funciones y autoridad, prevaricato y violación de la Constitución.
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Todo esto vinculado a un amparo que dictó la CC a favor de la permanencia en el país del embajador sueco Andrés Kompass, que fue llamado a cuenta entonces por el gobierno por sus declaraciones en favor de la Cicig.
Una corte "incómoda"
Con la sentencia de este lunes a favor de la Cicig no fue la primera vez que el tribunal constitucional desafió los mandatos presidenciales de Morales.
Antes, había ordenado al gobierno permitir la entrada al país de Iván Velásquez, el comisionado que ha liderado la lucha anticorrupción y que el gobierno declaró persona non grata.
Mientras, en fin de año, obligó al ente migratorio a entregar visas de cortesía a los trabajadores de la Comisión, luego de que las autoridades cancelaran sus visas de forma abrupta.
El pasado domingo, entretanto, obligó a que los agentes migratorios permitieran la entrada al país de un investigador de la Cicig al que el gobierno impedía el acceso.
En entrevista con BBC Mundo antes de conocerse esta decisión, el analista político y periodista guatemalteco Martín Rodríguez había previsto como uno de los escenarios que el gobierno podría desconocer la decisión de la CC o buscar mecanismos para controlarla.
"En mi criterio, se trata de un golpe de Estado en cámara lenta porque es difícil de percibir los efectos de este quiebre constitucional de forma inmediata", aseveró.
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