Asociación de Alcaldes se une a potencial apelación de caso sobre arbitrios en Aguada
El presidente de la asociación entiende que si se elimina el cobro de arbitrios, habrá que cerrar municipios
Por Metro Puerto Rico
La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico reunió a su matrícula esta semana para atender el tema de los arbitrios de construcción en proyectos financiados con fondos federales. Los alcaldes determinaron unirse como amicus curiae, o sea como amigos de la corte, a una próxima apelación de una demanda presentada por la empresa Román Electric Contractors contra el municipio de Aguada en enero del 2025, donde se reclama el pago de arbitrios por una obra de construcción.
En el caso, ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguada, la empresa demandó al municipio al sostener que la exención contributiva establecida en la Sección 22(a) de la Ley Núm. 83 del 2 de mayo de 1941 también debía aplicarse al contrato que suscribió con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). El acuerdo contemplaba trabajos de reemplazo de postes y luminarias pertenecientes a la AEE y ubicados dentro del municipio, por los cuales el municipio reclamó el pago del arbitrio de construcción.
El juez Miguel Deynes Vargas resolvió el caso en contra del municipio. Por tanto, el alcalde de Aguada, Christian E. Cortés Feliciano, no quedó conforme con la resolución y se encuentra en proceso de apelar.
“Todos los proyectos de construcción pagan arbitrios en los municipios, que son fondos para pagar los servicios que se le ofrecen a ciudadanía. Desde salud y seguridad, hasta el manejo y disposición de desperdicios sólidos y reparación de carreteras. Si la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se empeña en eliminar el cobro de arbitrios, habrá que cerrar municipios. Y los más necesitados son los que van a sufrir”, expuso el presidente de la entidad, y alcalde de Jayuya, Jorge ‘Georgie’ González Otero.
En declaraciones escritas, los alcaldes defendieron los ingresos de arbitrios, en virtud del marco legal establecido desde 1996, conocido como la Ley de Municipios Autónomos, ahora Código Municipal, como una fuente legítima para sostener las finanzas y los servicios de los municipios.
