Guatemala vive horas decisivas.
El gobierno de Jimmy Morales adelantó de forma abrupta la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), el organismo respaldado por Naciones Unidas que ha liderado durante la última década la persecución de los casos más sonados de corrupción en la nación centroamericana.
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Morales, contrario a los mandatos de la Corte Constitucional -que validó la permanencia de la Cicig y la de sus investigadores en el país-, dio 24 horas a los miembros de la comisión para salir de Guatemala.
La Corte Constitucional guatemalteca, el máximo órgano judicial de Guatemala, suspendió el miércoles la decisión presidencial, pero el personal de la Cigig ya había abandonado el país.
Bajo la lupa de la iniciativa anticorrupción han pasado desde policías y jueces hasta expresidentes e, incluso, el propio Morales y algunos de sus familiares.
El portavoz Matías Ponce confirmó en un mensaje a BBC Mundo que la comisión activó un plan de contingencia y solicitó a su personal salir del país "hasta nuevo aviso".
Para los críticos del gobierno, la orden es un paso unilateral de Morales que viola el convenio con Naciones Unidas y constituye una ruptura del orden constitucional y democrático.
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Para quienes apoyan el gobierno, se trata de un acto de defensa de la soberanía nacional, ante lo que consideran violaciones de los términos que dieron origen al acuerdo con la ONU.
Pero ¿qué pasa actualmente en Guatemala y por qué causan tanta polémica la expulsión de la Cicig?
En busca de algunas respuestas, en BBC Mundo conversamos con Martín Rodríguez, analista político, periodista y director de Nómada, diario digital de Guatemala.
¿Cómo llega la Cicig a Guatemala y cuál ha sido su función?
Guatemala inventó hace más de una década una comisión contra la impunidad y contra la corrupción y pidió a Naciones Unidas que la ayudara en este propósito, porque el Estado ha permanecido por años capturado por redes legales e ilegales que impiden que la Justicia funcione en el país.
Durante los últimos diez años, la Cicig -que es una entidad autónoma que trabaja junto a la Fiscalía Nacional con financiamiento internacional-, empezó a desmantelar muchas estructuras dentro de la policía, que cometía crímenes; dentro de los juzgados, que recibían sobornos y otros muchos puentes ilícitos.
Estos mecanismos han ayudado a limpiar el país y se ha avanzado en ese sentido en Guatemala. Solo en los últimos cuatro casos hay unas 650 personas con mucho poder en la cárcel.
¿Cómo se llega entonces hasta su expulsión y por qué ha resultado tan controvertida?
En 2015, sucedió que el comisionado Iván Velázquez (cabeza de la Cicig en Guatemala) no solo persiguió a las estructuras que permitían la impunidad, sino las formas en la que se financiaban.
Así descubrieron que esto ocurría por forma de contrabando y por medio de financiamiento electoral ilícito. Así fue como llegaron hasta al (entonces) presidente Otto Pérez Molina, que fue acusado y llevado a la cárcel estando en el poder.
Luego vino el nuevo presidente, Jimmy Morales, que fue electo bajo el eslogan de luchar contra la corrupción, pero que después la comisión descubrió que también había recibido financiamiento electoral ilícito.
Entonces, cuando lo acusó para un impeachment que finalmente no pasó porque el presidente tiene mayoría en el Congreso, Jimmy Morales comenzó una campaña de boicot contra la Cicig que culminó con su expulsión física no sabemos por cuánto tiempo.
El presidente, sin embargo, afirma que la decisión obedece a que la Cicig ha quebrantado los términos de su mandato y ha violado los derechos humanos de algunos acusados, algo que también sostienen congresistas y otros funcionarios.
El porciento de veracidad de las afirmaciones sobre que ha violado el término del mandato y el pacto con la ONU es 0%: se puede asegurar que la Cicig se ha apegado plenamente a su mandato.
Sobre el tema de si ha violado los derechos humanos de los acusados, tal vez el porcentaje de veracidad tenga un 1%.
Vale aclarar que la Cicig no mantiene en la cárcel a nadie. La Comisión, junto a la Fiscalía, acusa y los jueces son los que deciden si las personas van a la cárcel o si permanecen en ella en lo que duran los juicios.
Hay un contrapeso judicial y en muchas ocasiones los jueces han exculpado a algunas personas, porque ha habido una acusación débil, las han rechazado o han enviado a prisión domiciliaria o libertad condicional a los acusados.
Uno de los casos que el presidente presentó para comprobar estas violaciones fue una familia rusa que entró al país ilegalmente, compró pasaportes ilegales y que fue capturada como parte de una red de falsificación.
Causalmente, esa familia hoy tuvo acceso a las cámaras de seguridad del aeropuerto para denunciar a la Cicig. Y uno se pregunta, ¿cómo el gobierno le cede el acceso a las grabaciones del aeropuerto a un condenado por pasaportes falsos?
Creo que el gobierno ha perdido todos los papeles por el afán del presidente de evitar que lo persiga la justicia por el financiamiento ilegal de su campaña.
Pero las investigaciones al presidente y su campaña ya tienen más de un año. En septiembre pasado, Morales dio un plazo de un año para que la Cicig se retirara. ¿Qué puede haber llevado a adelantar de forma abrupta esta salida?
En primer lugar, porque si bien el Congreso protegió al presidente del impeachment, la comisión continúo estudiando el caso y llegó hasta los financistas, que son diez de los más grandes empresarios del país. Ocho de ellos pidieron perdón públicamente por haber entregado dinero fuera de la ley.
Como el caso continuó, al igual que las investigaciones, los aliados del presidente, que aunque pocos son muy poderosos (tiene la mayoría del Congreso, de la Corte Suprema y empresarios y políticos que también han sido o son investigados) son los que han impulsado al presidente a esta decisión, porque temen que la causa anticorrupción los cerque.
Otro tema es que las elecciones van a ser convocadas en diez días y los candidatos cercanos al gobierno no tienen ninguna posibilidad de ganarlas. La candidata favorita es la exfiscal Thelma Aldana, que ha apoyado las investigaciones de la Cicig, por lo que ahí también puede haber un motivo.
¿Qué puede significar esta decisión para la estabilidad democrática y constitucional en Guatemala?
En medio de la inestabilidad que hemos tenido como país en estos últimos 33 años de democracia ha habido algo que ha sido certero: la máxima autoridad del país para interpretar la ley es la Corte de Constitucionalidad.
Desde 1985 hasta hoy solo ha habido dos ocasiones en las que no se han respetado las sentencias de la Corte. La primera fue hace más de dos décadas cuando Jorge Serrano intentó desconocer la Corte y hubo un golpe de Estado que fue revertido. La segunda es ahora.
Con la expulsión de la Cicig se ha dado una ruptura del orden constitucional porque no se respeta la palabra de la Corte y supone que el presidente pueda volver a desconocerla o la desintegre y ya no haya ninguna legalidad más que la de las armas.
En mi criterio, se trata de un golpe de Estado en cámara lenta porque es difícil de percibir los efectos de este quiebre constitucional de forma inmediata.
¿Se pueden esperar manifestaciones o protestas como las que llevaron a la caída de Otto Pérez Molina? ¿Qué puede implicar esto para el futuro democrático de Guatemala?
En realidad es muy pronto para ver qué puede pasar. Ahora uno mira la vida en la Ciudad de Guatemala y es normal. Pero en futuro, ese consenso nacional de 33 años de acatar las órdenes de esa corte máxima está roto y puede pasar que no se reconozcan los resultados electorales de junio o no se respete la libertad de prensa o manifestación.
Con esta decisión, el presidente ha roto el régimen constitucional y ahora tenemos que ver cuáles serán las consecuencias a largo o mediano plazo de esto.
Esta nota fue actualizada tras conocerse la decisión de la Corte Constitucional de suspender la decisión de Morales de expulsar a la misión de la ONU.
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