Los destituyó, hubo protestas y los restituyó en sus funciones en menos de 48 horas.
Este miércoles, el Fiscal de la Nación de Perú, Pedro Chávarry, volvió a incluir a los fiscales Domingo Pérez y Rafael Vela en el equipo especial Lava Jato, que investiga los presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a funcionarios, políticos e incluso expresidentes del país.
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Chávarry resolvió el miércoles "dejar sin efecto la resolución (de destitución) del 31 de diciembre de 2018 en todos sus extremos", según una disposición de la Fiscalía difundida por medios peruanos.
Horas antes de Año Nuevo, Chávarry los había sacado del grupo Lava Jato debido a que, según dijo, Pérez había cuestionado su permanencia en su cargo y Vela no le había entregado información completa sobre el caso Odebrecht.
Pérez y Vela cuentan con un alto respaldo popular, por lo que su destitución desató manifestaciones de desaprobación en Lima y el pedido de que Chávarry abandonara la Fiscalía.
Chávarry es uno de los funcionarios implicados en el caso conocido como "LavaJuez" o "CNM Audios", que salió a la luz en julio de 2018, cuando IDL-Reporteros y otros medios peruanos difundieron una serie de audios que descubrieron toda una telaraña de intercambio de favores en la justicia de la nación sudamericana.
El Fiscal de la Nación niega estar implicado y se niega a abandonar su cargo.
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Emergencia
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, también cuestionó la decisión y el miércoles presentó un proyecto en el Congreso para declarar en emergencia el Ministerio Público (Fiscalía de la Nación).
De aprobarse, esta medida implicaría que se suspendan las funciones del Fiscal de la Nación y de los Fiscales Supremos actuales, y que se forme una Junta Transitoria de Fiscales Supremos para reestructurar el Ministerio Público.
Domingo Pérez es el fiscal que pidió y consiguió los 36 meses de prisión preventiva contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori, mientras se la investiga por supuestamente lavar activos procedentes de presuntos sobornos de Odebrecht.
La líder política ha apelado esta medida en su contra.
Pérez dijo que su destitución y la de Vela ponía en peligro el acuerdo de colaboración entre las autoridades peruanas y Odebrecht, que contempla el pago de una millonaria multa de reparación civil por parte de la firma y su cooperación en las investigaciones contra los políticos y funcionarios que habrían recibidos sobornos.
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