La decisión de los jueces de La Haya tomó por sorpresa a expertos en La Paz y Santiago.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en la ciudad de La Haya, Holanda, determinó este lunes que el gobierno de Chile no tiene la obligación de negociar con Bolivia que este país tenga una salida soberana al mar.
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La decisión es inapelable.
"Sin embargo, a pesar de este fallo, la CIJ invita a ambos gobiernos a buscar una forma de entablar un diálogo sobre este asunto", dijo el juez Abdulqawi Ahmed Yusuf.
El fallo pone fin a una demanda hecha por Bolivia en 2013 ante la CIJ en contra de Chile, la cual buscaba obligar a este país a negociar "de buena fe" la salida "soberana" de Bolivia al mar.
Eso, según el experto en relaciones internacionales y profesor universitario boliviano Daniel Agramont deja a Bolivia en la incertidumbre y, una vez más, a merced de la voluntad chilena.
"Es muy complicado y un golpe durísimo para Bolivia", le dijo a BBC Mundo.
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Agramont señala que el argumento boliviano de que Chile está obligado a negociar una solución ya no se sostiene a partir de este fallo.
El analista señala que como no hay obligación jurídica, en Santiago pueden decidir cerrar este tema argumentando que todo ya se acordó con los tratados firmados después de la Guerra del Pacífico (1879-1883).
"A Bolivia le quedará buscar otras opciones para tener una salida al mar", indica.
Añade que La Paz deberá tratar de entenderse con Santiago y sacar el máximo provecho de los acuerdos vigentes que le permiten usar el puerto norteño de Arica con algunas facilidades.
El peor escenario posible
Rafael Rosell, decano de la facultad de Derecho de la Universidad de San Sebastián, en Santiago, coincide en que el veredicto es el peor escenario posible para Bolivia y que tiene connotaciones jurídicas y políticas.
El experto añade que a La Paz le queda aprovechar las preferencias que tiene en el puerto de Arica.
"No es que Bolivia no tenga mar, pero su aspiración a tener un acceso al mar con soberanía es algo muy difícil".
Rossell indicó que el presidente boliviano Evo Morales generó demasiadas expectativas en su población. Morales estaba presente en el estrado de la sede de la CIJ cuando se dictó el fallo.
"No sé cómo se irá a manejar esto ahora desde el punto de vista comunicacional", concluye.
El analista indica que en el proceso en La Haya jamás se discutió la cesión de territorio, sino simplemente la obligación de establecer un diálogo.
Señala, además, que la demanda boliviana tenía defectos como no incluir a Perú, que es un país involucrado directamente en el diferendo marítimo.
Otras opciones que no tienen que ver con Chile
Más allá del diferendo con Chile, otras opciones que se plantean para que Bolivia tenga acceso al mar pasan por tratados firmados con Perú, Paraguay y Argentina, Brasil y Uruguay.
En 1992, los gobiernos de Bolivia y Perú firmaron un tratado por el cual el puerto de Ilo, una franja costera de cinco kilómetros al sur del territorio peruano, era cedida a su país vecino por 99 años.
Una alternativa todavía más antigua para Bolivia es una salida al Atlántico gracias a un tratado firmado con Paraguay en 1937.
Las embarcaciones bolivianas pueden alcanzar agua de mar partiendo desde sus propios muelles y, tras cruzar un río paraguayo, desembocar en el Océano. Para tal efecto, los bolivianos construyeron Puerto Busch aunque su puesta en marcha ha sido muy lenta.
Además, a través de diferentes tratados, Argentina, Brasil y Uruguay le concedieron facilidades a Bolivia para la salida de sus productos por sus costas.
Se trata de opciones de instalación de zonas libres de impuestos para los productos de ese país e incluso facilidades en diferentes puertos.
Bolivia perdió el acceso al mar después de la llamada "Guerra del Pacífico" (1879-1884) en contra de Chile.
En su demanda, se basó en varios documentos firmados por los representantes de ambos gobiernos desde el final del conflicto que también involucró a Perú.
Los más importantes fueron el Acuerdo de Paz firmado entre ambas naciones en 1904, un intercambio de documentos que ocurrió en 1951, el llamado "acuerdo de Charaña" de 1975, un memorando de 1961 del embajador chileno en la Paz, Manuel Trucco, y la "Declaración de Algarve" del año 2000.
De acuerdo a Bolivia, en el lenguaje expresado en los documentos mencionados, se establecía la obligación legal que tenía Chile para negociar una salida al mar.
Cada uno de esos documentos fueron desestimados por la corte.
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