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Perú: las 4 reformas que quiere aprobar el presidente Martín Vizcarra y que le motivaron a pedir la cuestión de confianza

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, dio un paso que parece arriesgado pero que puede estar funcionando: pedir la cuestión de confianza para conseguir que el Congreso apruebe las 4 propuestas que quiere someter a referéndum.

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El Congreso peruano deberá decidir a partir de este miércoles si le da su voto de confianza al gobierno del presidente, Martín Vizcarra, o si se lo niega, lo que podría acabar en la disolución de la cámara y la convocatoria de nuevas elecciones.

Esta situación la desencadenó el mismo Vizcarra, que el domingo pasado invocó al Congreso a darle el visto bueno a su gabinete. ¿Por qué? Según explicó el mismo mandatario, el motivo es que quiere impulsar las cuatro reformas de carácter constitucional que propuso al poder legislativo a inicios de agosto.

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El presidente tenía la esperanza de someterlas a un referéndum lo antes posible. Pero, 40 días después, el único avance registrado es apenas la elaboración de un cronograma.

Las reformas fueron la forma en que Vizcarra respondió a un clima de crispación e indignación, ya que en el país andino no dejan de destaparse escándalos de corrupción.

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En menos de dos años, se encarceló de manera preventiva a un expresidente (Ollanta Humala), se pidió el arresto de otro que desde entonces ha preferido no pisar suelo peruano (Alejandro Toledo), se han iniciado investigaciones contra otro exmandatario (Alan García) y se ha vivido la caída de un cuarto, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), que tuvo que renunciar después de que se dieran a conocer imágenes que mostraban al parlamentario Kenji Fujimori en un supuesto intento de compra de votos para evitar la destitución de PPK.

A esto se sumó la publicación de grabaciones en las que se podía oír a miembros del poder judicial en presuntas negociaciones de nombramientos y sentencias.

"El pueblo quiere la reforma de la justicia, la reforma política, y las autoridades están en la obligación de escuchar al pueblo", afirmó Vizcarra al entregar sus proyectos al Congreso.

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Pero al ver que las propuestas se quedaban atascadas en sus respectivas comisiones y no conseguían llegar al pleno, Vizcarra optó por la cuestión de confianza como medida de presión. Algo que ha sido muy criticado por el principal partido de la oposición, Fuerza Popular, que controla 72 de los 130 curules que conforman la Cámara y está liderado por Keiko Fujimori, la hija del expresidente Alberto Fujimori.

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La estrategia de Vizcarra no parece ser muy arriesgada: el fujimorismo se encuentra en uno de sus momentos más bajos de popularidad así que unas elecciones podrían restarle representación en el Congreso. El 88% de los peruanos desaprueban la figura de Keiko Fujimori, según sugiere una encuesta de la compañía de estudios de mercado CPI publicada a mediados de agosto.

Solo dos días después de invocar la cuestión de confianza, Vizcarra ya ha visto una de sus reformas aprobadas. BBC Mundo te cuenta cuáles son estos cuatro cambios que tienen a la política peruana en vilo.

1. Reforma del Consejo Nacional de la Magistratura

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) es el órgano autónomo que elige, ratifica y destituye a los jueces y fiscales en Perú. Este se vio envuelto en un escándalo, después de que se dieran a conocer en julio audios en los que se podía oír a algunos de sus miembros y a otras personas vinculadas al poder judicial en supuestas negociaciones de sentencias y nombramientos.

Dos días después de que Vizcarra anunciara la cuestión de confianza, el Ejecutivo vio cómo el primero de sus proyectos era debatido y aprobado por el pleno del Congreso: la reforma del CNM, que desde ahora, se llamará Junta Nacional de Justicia (JNJ).

La JNJ seguirá nombrando a los jueces y fiscales, pero lo deberá hacer después de someter los puestos a un concurso público de méritos y una evaluación personal. Sus siete miembros también serán seleccionados por concurso público de méritos y solo podrán formar parte de la junta durante cinco años sin posibilidad de ser reelegidos.

De eso se encargará una comisión que incluirá al Defensor del Pueblo y rectores de universidades, entre otros. Los candidatos a la JNJ deberán tener al menos 25 años de experiencia en el campo jurídico.

2. Bicameralidad

Perú dejó de tener una Cámara de senadores y otra de diputados en 1992, cuando acabaron disueltas con el autogolpe de Alberto Fujimori. Al año siguiente, la Constitución de 1993 estableció que el país pasaría a tener un solo órgano legislativo, el Congreso.

El equipo de Vizcarra ha planteado regresar a la bicameralidad, pero sin modificar el número total de parlamentarios: así, en vez de 130 congresistas, habría 100 diputados elegidos por microdistritos y 30 senadores elegidos por macrodistritos.

El Legislativo empezó a discutir esta reforma el martes pero aún no ha tomado una decisión. La cifra de parlamentarios es parte importante del debate, ya que algunos legisladores piensan que mantener el número pero dividido en dos cámaras agravaría la subrepresentación de ciertas zonas.

3. No reelección de congresistas

Hoy en día, como la mayoría de países latinoamericanos, la Constitución peruana permite que los congresistas sean reelegidos de manera indefinida. En esta legislatura, uno de cada cuatro está repitiendo.

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La reforma que quiere implantar Vizcarra prohibiría sumar dos legislaturas consecutivas. "Actualmente, la ley prohíbe la reelección de alcaldes, gobernadores regionales y del presidente de la república, siendo todas esas autoridades elegidas por el pueblo. Deseamos consultar a todos los peruanos si los legisladores debieran o no estar exceptuados", dijo el mandatario cuando presentó la propuesta ante el Congreso.

4. Financiamiento anónimo de los partidos políticos

Esta es el último de los cambios que se discutirá y, según el cronograma, el debate tendría lugar a principios de octubre.

La propuesta de Vizcarra consiste en obligar a las organizaciones políticas a rendir cuentas de sus ingresos y gastos durante y fuera de las época de campaña electoral y prohibirles recibir aportes anónimos, de origen ilícito o de personas condenadas por ciertos delitos.

El objetivo de esta y el resto de reformas es el de combatir la corrupción y devolver la credibilidad a la escena política.


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