Elías Antonio Saca se convirtió este miércoles en el primer expresidente de El Salvador en tiempos de democracia en ser condenado por corrupción.
El exmandatario fue sentenciado a 10 años de prisión por el desvío y lavado de más de US$300 millones de fondos estatales, según anunció el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador.
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En una decisión unánime, la corte sentenció a Saca a 5 años de cárcel por peculado y otros 5 años por lavado de dinero, y le ordenó pagar US$260 millones.
Durante el juicio, se concluyó que el expresidente se apropió de fondos públicos en beneficio propio y de terceros, entre ellos, el desvío de más de US$7 millones para su expartido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), el pago a proveedores y salarios irregulares a funcionarios.
Otros de sus miembros de gobierno también fueron condenados por delitos de corrupción, con penas de entre 5 a 16 años de cárcel. Entre ellos, figuran el excolaborador de la Presidencia Pablo Gómez o los exsecretarios de Comunicaciones y de Juventud.
Saca confesó sus delitos bajo el polémico "juicio abreviado", por el que pactó con la Fiscalía General una reducción de la pena (que podría haber llegado a los 30 años de cárcel), al igual que otros miembros de su gabinete a excepción de Pablo Gómez.
Fue presidente de El Salvador entre 2004 y 2009, bajo la bandera del partido derechista Arena, y fue detenido en octubre de 2016.
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"Verídico"
"Al escuchar las declaraciones de estos personajes, la prueba documental y pericial se determinó que lo que habían confesado era verídico", señaló el juez Alejandro Guevara, uno de los tres magistrados que formaron el tribunal, según informa la agencia EFE.
"No veníamos a una sorpresa", manifestó Mario Machado, el abogado de Saca, en declaraciones a medios de comunicación tras conocerse la sentencia.
El letrado aclaró que al aceptar pactar la confesión con la fiscalía, Saca y sus cómplices renunciaron a la posibilidad de apelar la decisión judicial, recoge EFE.
"Lo defraudado, lo saqueado, lo lavado por los imputados fue de US$300 millones. El Estado salvadoreño fue el más afectado, porque este dinero salió del erario público", destacó durante la audiencia el juez Alejandro Guevara.
El Ministerio Público aún desconoce el destino de US$191 millones que fueron sacados en efectivo y de los que el ex jefe de Estado no dio cuenta en su confesión.
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