Jueves por la mañana. Un camión revolvedor se detiene y casi de inmediato aparecen dos autobuses sin pasajeros.
De la tolva que se usa para mover el concreto el conductor saca una manguera y llena con diésel una docena de botes grandes de plástico. No es cemento lo que transporta sino combustible robado.
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Los choferes de los autobuses suben rápidamente los recipientes a las unidades, pagan al proveedor y se marchan. El camión revolvedor sigue por otro camino.
La operación, que duró unos minutos, no fue en un lugar escondido o una carretera apartada. Ocurrió en la calle de un barrio de clase media en el centro de Ciudad de México.
Hasta hace unos años estas escenas eran frecuentes en estados del sureste del país. Pero ahora el robo y venta clandestina de combustible es cada vez más frecuente en la capital mexicana.
De acuerdo con el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, en lo que va de este año de los ductos que atraviesan la ciudad se han robado más de 358.000 barriles de combustible.
La extracción se realiza desde tomas clandestinas, en patios, casas y hasta cementerios. El año pasado se detectaron 91 y hasta julio de 2018 suman 81.
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El dato es un termómetro para medir la dimensión del delito en el país, le dice a BBC Mundo Rubén Salazar, director de la consultora en seguridad Etellekt.
“Que tengas este crecimiento en la ciudad con el sistema de video vigilancia y el estado de fuerza policial más grandes del país, te habla de un problema cada vez mayor”, advierte.
Para vigilar las calles, en la capital mexicana operan 15.000 cámaras y existen más de 100.000 policías de diferentes corporaciones. Hay además batallones del Ejército y la Secretaría de Marina.
Varios helicópteros vigilan la ciudad para combatir el robo de combustible. Y a pesar de ese despliegue, el delito está al alza.
En todo 2017 el número de barriles robados fue de 344.000 es decir, 14.000 menos que en el primer semestre de este año.
“Huachicoleo”
La situación en Ciudad de México es un ejemplo extremo de cómo ha crecido el robo de combustible –conocido como “huachicoleo”- en el resto del país.
Y es, también, uno de los mayores retos que enfrentará el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador coinciden especialistas.
Los números son altos. En 2017 se detectaron 10.363 tomas clandestinas, 50% más que el año anterior según datos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Fue una cifra histórica. Y ahora puede superarse. BBC Mundo solicitó información sobre el tema a la empresa productiva del estado.
En una respuesta por escrito, Pemex señaló que hasta el 30 de junio pasado se habían desactivado 7.590 sitios ilegales de extracción de hidrocarburos.
“Se ha incorporado la utilización de tecnología de punta para la vigilancia de los ductos e instalaciones de almacenamiento”, refiere.
“Y se ha incrementado el número de elementos de seguridad de diversas instancias para vigilancia y patrullaje”.
De hecho existe un grupo especial dedicado a combatir el delito en el que participan soldados, marinos, fiscales, policías locales y federales; la Secretaría de Hacienda, la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, gobiernos estatales y municipios.
Pero el robo sigue en aumento. Según Etellekt este año se duplicará el número de tomas clandestinas. Pemex lo reconoce: las cifras de este año son 49% superiores al pasado.
Escudos humanos
¿Por qué no puede frenarse el robo de combustible? Una de las razones es el mercado asegura el director de Etellekt.
A principios de 2017 aumentó el precio del diésel, gasolina y gas LP, lo que se convirtió en un incentivo para las bandas de “huachicoleros”, como se les conoce.
Pero también despertó el interés de varias comunidades cercanas a los ductos de Pemex, que se involucraron directamente en el delito.
Hace unos años el robo de combustibles era una actividad secundaria de carteles de narcotráfico, especialmente para abastecer sus flotillas de camionetas y aeronaves.
En algunos casos como Los Zetas la persecución militar virtualmente desactivó sus redes de tráfico de drogas, y les obligó a conseguir recursos en el saqueo de ductos de Pemex.
Esta situación empezó a revertirse en 2017, señala Rubén Salazar. “Se les salió de control porque muchos grupos de la población formaron sus propias bandas”, explica.
Ahora se han formado organizaciones más pequeñas que operan con altos niveles de violencia, explica Gustavo Mohar, exsecretario del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el área de inteligencia civil del gobierno.
“Al principio los carteles lo vieron como un gran negocio con poco riesgo” le dice a BBC Mundo.
“Pero ya no es solo la delincuencia organizada, hay criminales locales y regionales que involucran a ciertas comunidades para usarlas como un escudo de protección ante un posible enfrentamiento contra las autoridades”.
De hecho, en redes sociales hay decenas de videos donde aparecen mujeres y niños que cargan cubetas cargadas de gasolina robada a algún ducto.
Las bandas les usan como escudo humano afirma Mohar. “Las autoridades, al ver ese contexto, es imposible que reaccionen con fuerza”.
Además, de acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad los enfrentamientos entre esos grupos incrementaron la violencia en algunas regiones.
También son un riesgo para autoridades locales. En Puebla y Tlaxcala han sido detenidos algunos alcaldes y exfuncionarios vinculados al robo de combustible.
El reto para AMLO
Pero el robo con cubetas o tambos representa un porcentaje menor del robo de combustible en el país.
Según el director de Pemex Carlos Treviño Medina, por el robo a sus ductos la empresa pierde cada año más de 30.000 millones de pesos unos US$1.700 millones.
Etellekt calcula que por este delito se pierden más de 60.000 barriles de combustibles al día.
Una cantidad importante se vende “entre los grandes consumidores de diésel y gasolina como industrias agrícolas o del sector transportista”, dice Salazar.
Hay un elemento adicional. Desde 2014 en México se permite que empresas privadas importen y comercialicen combustibles, como diésel, gasolina y gas LP.
Por las dificultades para controlar el robo de hidrocarburos, es complicado saber si parte de ese producto se mueve por estas vías, añade el director de Etellekt.
Y se vuelve, además, un problema financiero dice Gustavo Mohar. “Mientras tengamos tan altas probabilidades de que un inversionista privado pueda sufrir robos en un ducto que construya, no hay manera de que el financiamiento se vuelva imposible”.
Es el reto a partir del 1 de diciembre enfrentará el gobierno de López Obrador. ¿Cómo puede resolver el problema?
Con inteligencia financiera, rastrear el movimiento de los combustibles –especialmente gasolina- y con sanciones más severas dice el director de Etellekt.
“Cerrar la llave a los consumidores que lo adquieren de manera ilegal para desincentivar el robo”, explica.
Gustavo Mohar coincide. “Para resolver el problema la próxima administración va a tener que diseñar una política muy agresiva, que empiece por sanear las vulnerabilidades de Pemex”.
“Y después a lo largo de toda la cadena empezar a hacer inteligencia y diagnósticos más certeros para inhibir el robo tan impune, y la compra del combustible robado”.
