Naciones Unidas emitió su condena más contundente hasta la fecha desde que comenzó la violencia contra los rohingyas en Myanmar.
La organización pidió que se investigue a altos mandos militares del país por genocidio y crímenes contra la humanidad en un reporte en el que también criticó ferozmente a la líder de facto de Myanmar, Aung San Suu Kyi, por no intervenir para detener la violencia.
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El documento, basado en cientos de entrevistas, califica las tácticas del ejército del país como "desproporcionadas con respecto a las amenazas reales" y pide que el caso sea referido a la Corte Penal Internacional.
La misión de Naciones Unidas para investigar violaciones de derechos humanos en Myanmar, en especial en el estado de Rakhine, empezó en marzo de 2017, antes incluso de que el ejército comenzara allí una operación militar a gran escala tras ataques mortales contra policías cometidos por militantes rohingya, en agosto de ese año.
Al menos 700.000 personas de esta etnia huyeron del país en la ola de violencia que se desató entonces.
La situación fue una "catástrofe que acechará durante décadas", dice el informe, donde se asegura que se trata del resultado inevitable de "la opresión severa, sistémica e institucionalizada desde el nacimiento a la muerte" de los rohingyas.
Los crímenes documentados en los estados de Kachin, Shan y Rakhine incluyen el asesinato, el encarcelamiento, la tortura, la violación, la esclavitud sexual y la persecución, entre otros, los cuales "sin duda suponen los crímenes más graves según la ley internacional".
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El gobierno de Myanmar asegura que sus operaciones tienen como objetivo responder a la amenaza que suponen grupos combatientes e insurgentes.
Impunidad de los crímenes
Los rohingyas son una de las muchas minorías étnicas de Myanmar y la mayor minoría musulmana. El gobierno, sin embargo, los califica de migrantes ilegales procedentes de Bangladesh y les niega la ciudadanía.
El informe de Naciones Unidas mantiene que los crímenes documentados son "chocantes por el nivel de negación, normalidad e impunidad" asociado a ellos.
"La necesidad militar nunca justificaría matar indiscriminadamente, violar en grupo a las mujeres, asaltar a los niños y quemar pueblos enteros", asegura Naciones Unidas.
En el estado de Rakhine, el informe documentó elementos de exterminio y deportación "similares por naturaleza, gravedad y alcance a los que han permitido determinar intención genocida en otros contextos".
La ganadora del premio Nobel de la paz, Aung Sang Suu Kyi, "no ha utilizado su posición como jefa de gobierno de facto, ni su autoridad moral, para cortar o prevenir el desarrollo de eventos en Rakhine", asegura Naciones Unidas.
La misión de Naciones Unidas no obtuvo acceso al país para elaborar el informe, pero asegura que sus conclusiones se basan en el uso de fuentes primarias como entrevistas a testigos, imágenes satelitales, fotografías y videos.
La posibilidad de llevar a Myanmar ante la Corte Penal Internacional es "difícil", asegura Jonathan Head, corresponsal de la BBC en el sureste asiático.
El país no es signatario del Estatuto de Roma que estableció la corte, por lo que esto requeriría el apoyo de cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, algo a lo que China previsiblemente se negaría.
Tras rechazar numerosas investigaciones que acusan al ejército de cometer atrocidades, esta "va a ser mucho más difícil de desestimar", según Head.
El informe lista a una serie de oficiales del ejército que, asegura Naciones Unidas, tienen mayor responsabilidad en lo sucedido. La lista incluye al comandante en jefe Ming Aung Hlaing.
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