En un evento de la reciente campaña electoral la entonces candidata a la jefatura de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hizo una peculiar solicitud:
Pidió a los empleados públicos que evitaran el “Año de Hidalgo”. Y dijo: “Que no nos dejen las oficinas vacías”.
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La candidata se refería a una vieja costumbre en la vida política de México.
En el último año de los gobiernos muchos funcionarios que concluyen su cargo cometen excesos en las finanzas públicas:
Se entregan contratos de forma irregular, hay contrataciones en plazas definitivas para amigos o personas recomendadas y se autorizan incremento de salarios.
Con frecuencia –sobre todo en gobiernos locales- “desaparecen” escritorios, computadoras, automóviles o se vacían cuentas bancarias.
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Sheinbaum sabe de esto. Hace tres años cuando asumió el gobierno de la delegación (municipio) Tlalpan en el sur de la capital mexicana, encontró que sus antecesores se habían llevado hasta los utensilios de los baños.
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A esta costumbre se le conoce como “El Año de Hidalgo”, que se completa con la frase “chingue a su madre el que deje algo” explica el analista Alfonso Zárate, presidente de la empresa de asesoría política Grupo Consultor Interdisciplinario.
“Significa aprovéchate y no dejes nada. Pero hay otro nombre: el Año de Carranza, por si el de Hidalgo no alcanza”, explica a BBC Mundo.
“Se refieren al último año de gobierno donde antes de irse los funcionarios se despachan con la cuchara grande”.
El lastre para AMLO
Este 2018 es el último año en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, así como para nueve gobernadores y 1.613 alcaldes.
En las elecciones del pasado 1 de julio se renovaron, además, el Senado con 128 escaños y la Cámara de Diputados con 500 curules.
Fue la elección más grande de la historia y según Alfonso Zárate, ya existen algunas decisiones que se enmarcan en el concepto del “Año de Hidalgo”.
La Asamblea Legislativa de Ciudad de México, por ejemplo, incluyó en su nómina definitiva a 250 personas que tenían contratos temporales.
Y hay más. Dos semanas antes de la elección presidencial, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó un aumento salarial a 317.000 altos funcionarios del gobierno federal.
El incremento es retroactivo al 1 de enero, es decir, a mediados de julio los beneficiados recibieron una compensación salarial equivalente a siete meses.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Petróleos Mexicanos (Pemex), han entregado 156 contratos distintos este año.
Casi la mitad, con un valor de 47.380 millones de pesos (unos US$2.600 millones) concluyen en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México.
Y los 500 diputados más 128 senadores que concluyen sus labores recibieron un bono de retiro, que se suma a su salario mensual.
Para los diputados fue de un millón de pesos en promedio, unos US$55.000. El bono de los senadores es de US$152.000
Y a mediados de julio la SHCP realizó una emisión de bonos de deuda por US$10.000 millones.
El dinero se utilizará, según la agencia Reuters, para cubrir “propósitos generales del gobierno”.
Todo esto forma parte de la herencia que recibirá del presidente electo, dice Alfonso Zárate. “Es un lastre muy pesado, va a ser muy difícil”, reconoce.
“Puertas giratorias”
Pero en tiempos recientes, el “Año de Hidalgo” no es sólo apropiarse de bienes o cuentas bancarias, explica a BBC Mundo el diputado independiente Pedro Kumamoto.
Una práctica frecuente es vender propiedades públicas como terrenos o edificios a un precio menor al del mercado.
Eso ocurrió por ejemplo en Quintana Roo, en el sureste de México. Mediante algunas maniobras legales, recuerda Kumamoto, varios terrenos en zonas turísticas se entregaron a personas cercanas al exgobernador Roberto Borge.
No es todo. “Se adjudican futuras obras, la compra de medicamentos o se generan prácticas indeseables con proveedores”, como solicitar un soborno a cambio de beneficios en las licitaciones.
Otro fenómeno reciente es lo que el diputado llama “política de puertas giratorias”.
Es la práctica de altos funcionarios que terminan su período y casi de inmediato se contratan en empresas privadas vinculadas a su actividad en el gobierno.
“Eso significa que te llevas el conocimiento de un espacio de toma de decisiones, como por ejemplo una secretaría, para beneficiar a quien te contrata”.
Con esa experiencia se facilita el camino para obtener contratos oficiales “en detrimento del patrimonio y las empresas públicas”.
Legalmente existen restricciones para prevenir esta práctica, pero con frecuencia no se cumple señala Kumamoto.
“Es algo que debemos que empezar a discutir más como país, se da con mayor frecuencia en los últimos años”.
“Tapaos los unos a los otros”
El principal compromiso del presidente electo Andrés Manuel López Obrador es erradicar la corrupción en el gobierno.
Un ejemplo es su intención de revisar con detalle los contratos asignados en la construcción del nuevo aeropuerto internacional, uno de los temas centrales en su reciente campaña electoral.
Esto abre una puerta para terminar con el “Año de Hidalgo”, que nació durante el tiempo en que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobernó el país.
“En esos largos años a un gobierno priísta le seguía otro del mismo partido” recuerda Alfonso Zárate.
“Se hizo entonces una aplicación a la sentencia bíblica de ‘amaos los unos a los otros’. En este caso se decía tapaos los unos a los otros, es decir, tapemos la corrupción anterior porque somos los mismos”.
La práctica se mantuvo incluso en los gobiernos del conservador Partido Acción Nacional, entre 2000 y 2012.
Ahora con un cambio hacia la izquierda “se espera una revisión, investigaciones a los excesos de los gobiernos priístas”.
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