Un nuevo civil abatido por la policía en Estados Unidos reavivó un viejo debate.
¿Bajo qué circunstancias es admisible que un agente de policía dispare contra civiles… a matar?
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Alrededor de 200 manifestantes se enfrentaron a la Policía de Chicago esta semana, motivados por los sucesos del pasado sábado, cuando un agente abrió fuego contra un hombre de 37 años, que resultó muerto en la escena.
Harith Augustus, de ascendencia afroestadounidense, fue detenido en un barrio al sur de Chicago por "exhibir las características de una persona armada", según dijo la Policía de esta ciudad en el estado de Illinois.
En un video sin audio publicado por las autoridades se ve a Augustus segundos antes de que el oficial lo abatiera.
El material -que dura 51 segundos- fue grabado por uno de los cuatro oficiales en la escena y muestra a la víctima portando un arma a la cintura, e intentando alcanzarla antes de recibir los disparos de los agentes.
"Estamos enfurecidos", dijo un activista de la comunidad durante las protestas. "Nos están matando".
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Las manifestaciones callejeras han creado una fuerte tensión entre miembros de la comunidad y la policía de Chicago, a la vez que han reanimado la discusión sobre temas como el racismo y el uso de armas de fuego para neutralizar situaciones con civiles.
Disparar al pecho
En este sentido, en Estados Unidos las reglas son claras.
"Un agente de policía solo debe disparar su arma contra un civil si tiene la creencia razonable de que corre peligro de muerte o de grave daño físico", comenta a la BBC Lisa Holder, una experta en leyes de defensa criminal y responsabilidad policial de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA, por sus siglas en inglés).
Pero llegado el momento, la decisión no parece ser fácil: ¿Apretar o no apretar el gatillo? La mayor parte del tiempo se decide en fracciones de segundos.
En la historia de este debate no son pocos los expertos en entrenamiento policial que aseguran que un policía no tiene tiempo de recordar todo lo que aprendió en las clases cuando se enfrenta a una situación de posible peligro.
Por otro lado, también son muchos lo que ponen en duda la necesidad de usar la fuerza extrema, sobre todo cuando un agente no está seguro de que un sospechoso está armado.
De cualquier manera se estima que alrededor de 400 personas mueren cada año en Estados Unidos a manos de la Policía.
Expertos consultados por la BBC en el pasado explican que, en gran medida, la causa de que estos incidentes terminen en homicidio radica en que los agentes tienen instrucciones de disparar para detener (Shoot to Stop) si creen que el peligro es real.
Un disparo al pecho o al tronco se considera la manera más efectiva de evitar que el sospechoso pueda responder a los disparos.
Si se apunta a los brazos o las piernas cuando el sospechoso está en movimiento, las probabilidades de dar en el blanco se reducen.
Además, si el sospechoso tan solo resulta herido, todavía puede disparar a los agentes.
¿Y por qué los policías realizan tantas ráfagas de disparos?
Por un lado por tipo de armas semiautomáticas que utilizan y por otro por la doctrina policial imperante en EE.UU., que establece que los agentes pueden disparar hasta que ellos y los ciudadanos a los que han de proteger estén a salvo.
Civiles desarmados
Pero las fuerzas policiales estadounidenses han disparado más de una vez contra civiles que no estaban armados.
En 2016 un hombre negro de 40 años fue abatido por la Policía de Tulsa (Oklahoma).
En el momento de recibir los seis balazos, Terence Crutcher estaba desarmado y con las manos en el aire.
En 2014 un agente de la Policía de Ferguson (Misuri) disparó fatalmente contra Michael Brown, otro afroestadounidense que resultó no estar en posesión de ningún arma en el momento del encuentro.
"Según la ley federal, la policía puede usar la fuerza letal incluso teniendo medios menos letales a su alcance", comenta la experta de UCLA.
Pero ¿existen maneras menos agresivas de neutralizar a un sospechoso y hasta qué punto les son útiles a la policía?
El sitio web Entrenamiento para la Policía Nacional (NPT, por sus siglas en inglés) habla de los Tasers o pistolas de descarga eléctrica.
Estos dispositivos tienen un alcance de entre 10 y 11 metros, lo que le permite a un agente inmovilizar a cualquier sujeto.
Sin embargo, los expertos consideran que es necesario un intenso entrenamiento para emplear estas armas, porque un mal uso de ellas podría ocasionar graves daños.
También se necesita la presencia de al menos un segundo agente que sea capaz de abatir al sospechoso en caso de que, luego de la descarga eléctrica, intente usar un arma de fuego.
Investigaciones poco objetivas
Ahora bien, si un agente llega a usar su arma contra un civil, ¿qué sucede?
En teoría, la regla es que el departamento de policía en cuestión haga que el agente enfrente cargos, si se determina que la fuerza usada contra un civil no tuvo justificación.
"Cuando un oficial dispara y mata a un civil el protocolo es que se investigue el incidente. Pero, por razones obvias, estas investigaciones son menos que objetivas", opina Holder.
Según la experta, lo fiscales de distrito tienden a ser "menos agresivos" a la hora de perseguir a agentes involucrados en tiroteos.
"Los fiscales dejan estas investigaciones en manos de la misma policía, con cuyos funcionarios tienen relaciones profesionales (y personales).
Por eso tienden a creerles a los agentes más que a los civiles, y la persecución contra los primeros es extremadamente rara", agrega.
"Corregir el sistema"
Lisa Holder es de las que cree que el sistema necesita ser "corregido".
"La contratación de agentes de policía debería ser revisada más cuidadosamente. Empatía, compasión y altruismo no son criterios que se tengan en cuenta por los órganos policiales a la hora de reclutar agentes", comenta.
Holder considera que contratar "oficiales compasivos que valoren la vida humana" es clave para minimizar los ataques armados de policías contra civiles.
Pero lo que Holder asume como una premisa básica, no parece ser la solución a un problema que se replica con frecuencia en Estados Unidos.
"La solución permanente requiere un cambio sistemático impulsado en la legislación, que garantice un cambio en ciertas prácticas policiales y la rendición de cuentas", concluye.
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