Su terreno no es la política, sino el patrimonio medioambiental cubano.
El cubano Ariel Ruiz Urquiola puso fin este martes una huelga de hambre y sed que llevó a cabo durante 16 días.
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El pasado 8 de mayo, este doctor en Ciencias Biológicas de 43 años fue condenado a un año de cárcel por "desacato".
Con su protesta, reclamaba al gobierno de su país por lo que él considera fue un juicio politizado.
"Me informaron que me darían una ’licencia extrapenal’ por motivos de salud", cuenta a BBC Mundo en conversación telefónica desde su casa, donde se recupera.
Lo primero que probó cuando detuvo la huelga fue un jugo de mango que le dio el personal del Hospital Abel Santamaría de la occidental provincia de Pinar del Río, a donde lo trasladaron desde la cárcel cuando su salud comenzó a debilitarse.
Ruiz Urquiola cuenta que la meditación vipassana le ayudó a "mitigar el sufrimiento" en prisión.
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"Durante la huelga me convencí de que cuando te han privado de tu libertad, tú puedes optar por liberarte a ti mismo. No hay muerte cuando la muerte es voluntaria", dice.
¿Quién es y qué hizo?
Cuando a Urquiola se le ve hablar en los pocos videos colgados en YouTube por activistas y medios de prensa, parece un hombre informado y enérgico. Alguien verdaderamente comprometido con lo que defiende.
Su hermana lo describe como "un hombre de principios, que no entiende de razones cuando se trata de proteger el patrimonio medioambiental cubano".
Amnistía Internacional lo había declarado "prisionero de conciencia" y había exigido que fuera puesto en libertad "de inmediato y sin condiciones".
A finales de junio, una portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. expresó especial preocupación por el caso del ambientalista.
El enfrentamiento con las autoridades que lo dejó en la cárcel comenzó el pasado 3 de mayo.
Mientras trabajaba en la cerca perimetral de su finca en el Parque Nacional de Viñales —un lugar turístico y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO— dos miembros del cuerpo de guardabosques entraron en la propiedad de Urquiola.
Querían que él les mostrara los permisos legales para las actividades que realizaba, así como la propiedad de sus instrumentos de trabajo, según testigos que conversaron con Amnistía Internacional y un video casero en el que el científico registró el momento del incidente.
Después de un intercambio de palabras en el que los "visitantes" se negaron a identificarse, Urquiola comparó sus procedimientos con los de la "guardia rural", un aparato represivo del gobierno de facto de Fulgencio Batista en los años 50.
Asegura que, a pesar de tener toda la documentación en regla, al día siguiente fue citado y detenido por la policía de Viñales.
Lo acusaban de "desacato" a las autoridades.
El juicio tuvo lugar cinco días después.
El jurado desestimó los recursos de la defensa, que incluían la grabación en video donde el ambientalista documenta la visita de los oficiales a su finca y las irregularidades de su trato.
De acuerdo con abogados consultados por medios independientes cubanos, para un ciudadano como él —útil en la sociedad y sin antecedentes penales— la sentencia máxima de un año por desacato es considerada poco más que inusual.
Los familiares del biólogo sostienen que el juicio estuvo politizado.
Incómodo para las autoridades
Aunque este episodio fue la gota que desbordó el vaso, Urquiola ya había tenido antes enfrentamientos con las autoridades.
En su carrera como científico, Urquiola desarrolló proyectos que más de una vez terminaron señalando y exponiendo a diferentes instituciones del gobierno.
Por ejemplo, en 2008 denunció en un evento académico en Baja California que el gobierno de la isla permitía la pesca ilegal de tortugas marinas en peligro de extinción.
"Cuba era el único país del mundo con recursos legales para pescar estas tortugas", comenta Urquiola a BBC Mundo.
A raíz de su denuncia, asegura, "Cuba dejó de recibir los ingresos millonarios de la exportación de careyes a Japón, por lo que esta investigación causó grandes pérdidas monetarias al gobierno".
Después de esto, la Universidad de La Habana le impidió por un año defender su tesis doctoral, y le impusieron otras sanciones como la democión a un puesto de menor categoría y menor remuneración económica.
Afirma que en 2016, cuando sus críticas lo habían convertido en una figura incómoda, el Centro de Investigaciones Marinas de la Universidad de La Habana lo despidió.
Por eso tomó la decisión de arrendar una finca en Viñales, donde podría desarrollar proyectos como el que tenía hasta el momento de su arresto: la construcción de una biogranja para la conservación de especies endémicas en Cuba como la caoba antillana.
Pero este nuevo emprendimiento científico también provocó fricciones con las autoridades locales.
El biólogo denunció en una ocasión cómo turistas y campesinos de la zona violaban los códigos medioambientales estipulados, luego de recolectar 82 trampas ilegales para la caza de jutías (una especie de roedor en peligro de extinción) y las llevó ante las autoridades.
Afirma qeu nadie le prestó atención.
"Para quitarle las tierras"
La finca de los Urquiola fue arrendada en calidad de usufructo.
La legislación cubana establece que el usufructuario de una tierra que es propiedad del Estado pierde el derecho a la misma si se ausenta de ella por más de seis meses.
Por eso, algunos como la hermana del biólogo, Omara Urquiola, piensan que el proceso en su contra esconde una maniobra del gobierno local para quitarle la finca.
"Ni mis principios ni mis valores me permiten vivir en una situación de vergüenza. Esta situación me pone a la par de un delincuente y yo no soy un delincuente", había dicho Urquiola a su hermana este fin de semana.
"El caso de mi hermano pone de manifiesto el estado de corrupción y descontrol del sistema legal en Cuba y cómo los procesos legales están plagados de irregularidades", opina Omara, quien es profesora universitaria en la isla.
El gobierno de la isla no se ha pronunciado sobre el caso de este científico, y tampoco lo hizo tras la petición de BBC Mundo.
Para los hermanos Urquiola, ahora queda ver qué significa realmente su puesta en libertad.
Según el Código Penal cubano, la "licencia extrapenal" es una figura jurídica que "el tribunal puede conceder a los sancionados a privación de libertad, por causas justificadas y previa solicitud, (…) durante el tiempo que se considere necesario".
"Ese documento hay que revisarlo con abogados y a partir de ahí decidir cómo sigo en la lucha por mis derechos como ciudadano de Cuba, ya que yo no he cometido ningún delito ni tengo ninguna enfermedad", insiste el científico.
La familia Urquiola teme que esto sea usado más adelante para llevarlo de vuelta a la cárcel.
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