El 13 de agosto de 2012, el exdiputado ecuatoriano Fernando Balda tuvo suerte.
Un taxista que circulaba en Cedritos, una zona del norte de Bogotá, se percató de que lo estaban forzando a entrar a un vehículo.
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De inmediato dio la alarma y se inició una persecución en la que intervino la policía. Poco tiempo después, Balda fue abandonado por sus captores.
Balda vivía en Colombia desde mediados de 2010 después de que el Estado ecuatoriano lo demandara por injuria, por lo que enfrentaba a la posibilidad de ser detenido.
Se había convertido en un férreo crítico del gobierno de quien entonces era el presidente de Ecuador, Rafael Correa.
Detención
Tras el incidente de Cerdidos, Balda responsabilizó al exmandatario.
Pero su caso había sido desestimado por la justicia ecuatoriana. Hasta que hace unos meses se inició una investigación sobre lo ocurrido.
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Ahora, la Fiscalía de Ecuador acusa a Correa por la "presunta participación en los delitos de asociación ilícita y secuestro".
En el marco de la averiguación, se le solicitó al expresidente que compareciera cada 15 días en la Corte de Justicia de Quito.
Pero Correa vive en Bélgica, así que se presentó en el Consulado de Ecuador en Bruselas.
Eso fue interpretado como un incumplimiento de la orden, así que la Fiscalía solicitó prisión preventiva.
La juez consideró que el pedido procedía y remitió una orden de captura a Interpol.
La conexión
El secuestro, investigado por las autoridades colombianas, reveló una conexión con el gobierno ecuatoriano a través de Luis Raúl Chicaiza, quien en ese momento era un agente de la Dirección General de Inteligencia de ese país.
La publicación colombiana Semana relató, en un artículo publicado en 2013, detalles acerca del episodio.
"Los investigadores rastrearon las placas del vehículo abandonado en el que iba Balda. El dato los llevó hasta un sitio de alquiler de autos… (descubrieron) que había sido arrendado el sábado 11 de agosto por 6 millones de pesos por un hombre que firmó un recibo a nombre de Luis Raúl Chicaiza".
Según el trabajo de Semana, en ese mismo vehículo se encontraron huellas dactilares de uno de los autores materiales del hecho.
El hombre reconoció haber participado en el secuestro y explicó que un amigo de la infancia, miembro del Ejército de Colombia, le dijo que viajara a Bogotá para "una vuelta" por la que recibirían 30 millones de pesos: secuestrar a una persona y llevarla hasta Ipiales, en la frontera con Ecuador.
Las pesquisas de las autoridades colombianas permitieron la captura y condena de cinco personas involucradas en el secuestro de Balda. Dos eran militares.
Elementos clave
Chicaiza está colaborando con la fiscalía y es uno de los testigos en el caso que lleva actualmente la justicia ecuatoriana.
En una de las audiencias, de acuerdo a lo que reportó el medio ecuatoriano Ecuavisa, el exfuncionario de inteligencia afirmó que habló dos veces con Correa.
La primera fue a principios de agosto de 2012, Correa afirmaba que Chicaiza contaba con apoyo político, económico e institucional. La segunda fue el día después del secuestro fallido, para saber qué había pasado con la operación.
Correa rechaza que tales conversaciones se hayan producido.
https://twitter.com/MashiRafael/status/1013730884741140480
Diversos medios de comunicación han reseñado la existencia de evidencia que se ha presentado en el juicio.
Entre las pruebas se encuentran dos cheques del Banco del Pacífico a nombre de Chicaiza, emitidos por la Dirección de Inteligencia pocas semanas antes del secuestro. Uno es por US$11.280 y otro por US$10.000.
Otra de las evidencias es el recibo de alquiler de un auto de la compañía AutoRenta Bogotá, en donde también aparece el nombre del exfuncionario de inteligencia.
También existen videos que muestran que a Balda lo vigilaban.
¿El final?
En octubre de 2012, dos meses después del secuestro de Balda en Bogotá, el exdiputado fue deportado a solicitud del gobierno de Ecuador.
Hizo frente a la acusación de injuria y de irregularidades migratorias. A su regreso al país, estuvo detenido por dos años.
El medio peruano El Comercio reseña que el abogado de Correa afirma que el hecho de que agentes de inteligencia estén implicados en el caso no quiere decir que él haya estado involucrado en lo ocurrido.
Correa ha recurrido a Twitter para referirse al caso afirmando que se trata de una "vulgar persecución política".
También criticó el testimonio de Chicaiza a través de la red social.
"El presidente comunicándose con un policía para organizar un secuestro. ¡Brillante! Realmente ya insultan nuestra inteligencia. Contamos los días para que presenten las ’pruebas’".
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