Por primera vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) juzga un caso sobre desapariciones forzadas en México en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, que comenzó el expresidente Felipe Calderón en 2006.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó el "caso Alvarado" ante esta instancia judicial al concluir que fue una desaparición forzada por miembros del ejército mexicano.
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"La noche del 29 de diciembre de 2009 el ejército llegó por ellos. Se los llevaron a la fuerza, sin ninguna explicación y no los hemos vuelto a ver", explica María José Alvarado, hermana de una desaparecida y prima de los otros dos.
Los hechos ocurrieron en la comunidad Benito Juárez, en el municipio Buenaventura, en el Estado de Chihuahua, en el norte del país.
La familia recorrió un largo y arduo camino hasta llegar a la Corte-IDH, órgano judicial de la Organización de Estados Americanos (OEA) encargado de los casos en que se acuse a los Estados de violar la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Las audiencias sobre el caso terminan esta semana y se espera que la Corte dicte una sentencia a más tardar en el primer semestre de 2019.
"Problema que no se puede ignorar"
"Este caso es muy importante porque da voz a más de 34.000 familias que han sufrido la desaparición de un ser querido en México y que no han tenido respuesta", le dice a BBC Mundo Paola Saez, portavoz del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), que representa a las familias.
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Por su parte, el gobierno mexicano reconoce ante la Corte-IDH que las desapariciones forzadas y las violaciones a los derechos humanos "son un problema que México no puede ignorar", según su representante ante esa instancia, Alejandro Alday, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Sin embargo, Alday dice a BBC Mundo, que en el caso Alvarado "no está confirmado que los responsables hayan sido agentes del Estado".
La desaparición ocurrió la noche del 29 de diciembre de 2009 cuando los primos Nitza Paola Alvarado, de entonces 34 años y José Ángel Alvarado, de 31 años, estaban en una camioneta fuera de la casa de la suegra de él.
"Entonces llegaron entre 8 y 10 elementos militares que portaban armas largas y se transportaban en vehículos particulares", según la versión de los familiares.
"La esposa de José Ángel vio todo por la ventana, pero sus hijos no la dejaron salir. Vio que a él lo golpearon y que luego se los llevaron a los dos por la fuerza".
Después, los militares fueron a la casa de otra prima, Rocío Irene Alvarado, que tenía entonces 18 años y también se la llevaron.
"Llegaron a la casa a hacer destrozos y se llevaron a la joven. Se la arrancaron a su madre de los brazos y no le dieron ninguna explicación", relata la portavoz del CEDEHM.
La familia dice que fue a interponer una serie de denuncias. Aseguran que al principio al menos cinco de las 12 instancias locales y estatales a las que acudieron les dijeron que estaban detenidos en el batallón 35 de infantería. Pero que, con el tiempo, las autoridades lo negaron.
Al momento de su desaparición, José Ángel, que era trabajador de maquila tenía dos hijos de 5 y 9 años y su esposa estaba embarazada del tercero.
Nitza, que por un problema médico había tenido que dejar su trabajo como secretaria, tenía tres hijas, unas gemelas de 14 años y una de 11 años.
Rocío, que era empleada en una pequeña tienda, tenía una hija de dos años.
Sus familiares nunca los volvieron a ver.
Pero no han dejado de buscarlos. "Estamos contentos de que la Corte-IDH escuche nuestro caso", dice por teléfono a BBC Mundo durante un receso del juicio la hermana de Nitza, María de Jesús Alvarado., quien cuenta que el camino para llegar hasta allí ha sido "un calvario".
"Cuando denunciamos al ejército comenzamos a sufrir amenazas. Fue tal el hostigamiento que 37 miembros de las tres familias tuvimos que dejar nuestras casas o cambiarnos de ciudad. Once de nosotros pedimos asilo político en EE.UU.", cuenta María de Jesús.
Ella ahora teme la posibilidad de tener que volver a México porque su proceso de asilo en EE.UU. está en riesgo.
"Cuando salí del país para la audiencia, Inmigración me dijo que no puedo regresar. Estoy muy preocupada porque allá dejé a mis hijos. Pero tenía que venir: después de tantos años y todo lo padecido no hay otra opción que seguir", cuenta.
"Operativo Chihuahua"
Aunque no se saben los motivos de la desaparición de los Alvarado, la familia y sus abogados creen que podría estar ligada al "Operativo Conjunto Chihuahua".
El asesinato de tres policías federales causó que la seguridad pública del Estado se pusiera en manos de militares y policías federales.
"Estos elementos interrogaron a mucha gente para recoger información sobre los crímenes. Los detenían arbitrariamente, los cuestionaban, a veces bajo tortura y luego los liberaban", dice Ruth Fierro, coordinadora del CEDEHM y una de las abogadas de las familias.
El "Operativo Conjunto Chihuahua" fue uno de los primeros en los que se involucró al ejército en la guerra contra el narco.
"Dentro de esta estrategia militarizada hemos visto grandes violaciones de derechos humanos. La tortura y las desapariciones son recurrentes", dice la coordinadora del CEDEHM.
Asegura que la gente vive atemorizada en medio del crimen organizado y los militares que pueden recurrir al abuso de su fuerza. "La gente no denuncia por el miedo y porque además saben de los altos índices de impunidad", dice.
Al revisar el caso Alvarado, la Corte-IDH "está claramente diciendo el problema mas fuerte que México tiene en este momento son las violaciones a los derechos humanos en el contexto de la guerra contra el narco", explica a BBC Mundo Alberto Abad Suarez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Jurisprudencia obligatoria
Abad explica que la Corte-IDH va a discutir dos cosas esenciales: la primera es si la desaparición forzada de los primos Alvarado fue a manos del ejército o de la delincuencia organizada.
"El otro tema que es muy importante es que se analizará si es que el Estado mexicano ha investigado adecuadamente y si ha respondido ante este caso".
Dice que si se llegara a concluir que la desaparición fue por militares y que el Estado no ha actuado adecuadamente "generaría unajurisprudencia que sería obligatoria para el Estado mexicano, que se vería obligado a revisar sus normas y protocolos de actuación en estos casos".
Dice que otro punto es que se podría tener que replantear la controvertida Ley de Seguridad Interior, que legitima la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas para combatir el crimen.
Esta ley que ya fue aprobada está siendo revisada por la Suprema Corte de Justicia, que deberá decir decidir sobre las controversias que se le han interpuesto.
Aunque es temprano para saber la sentencia que la Corte-IDH dicte a México, el investigador dice que la CIDH presenta juicios "bastante sólidos".
"Yo creo que podría haber una sentencia que le diga al Estado mexicano que usar las fuerzas armadas no es lo ideal. Y que si las va a usar, debe establecer protocolos adecuados para que se respeten los derechos humanos porque por el momento no lo está haciendo", dice el investigador.
Y agrega que claramente la CIDH y la Corte-IDH deben estar preocupados con que esta manera de actuar del Estado mexicano con pueda extenderse por la región y generar un nuevo conflicto de derechos en América Latina.
"Investigación abierta"
El representante del gobierno de México ante la Corte-IDH dice que la investigación sigue abierta.
"Reconocemos nuestra obligación de seguir haciendo todos los esfuerzos posibles para la localización de las tres personas y brindar las medidas de reparación a sus familiares y nuestro compromiso de seguir investigando".
También señala que es un deber del Estado aclarar si los crímenes fueron perpetrados por el ejército por el crimen organizado.
"En Chihuahua en esos años había una presencia importante de la delincuencia organizada y también hubo una presencia militar especial. Por ahora todavía no podemos concluir la causa de las desapariciones", asegura.
"Somos un Estado que forma parte de la Convención Americana y hemos reconocido la competencia de esta Corte-IDH. Estamos aquí porque nos interesa aclarar las cosas y enmendarlas cuando haya una responsabilidad probada", asegura.
Y asegura que México cumplirá la sentencia que se dicte.
Después de las audiencias la Corte-IDH recibirá los alegatos escritos y comenzará su proceso de deliberación.
En este mismo proceso se encuentra otro caso contra el Estado mexicano, el Atenco, en el que 11 mujeres denunciaron tortura sexual por parte de servidores públicos durante un operativo en San Salvador Atenco, Estado de México, en mayo de 2006.
Desde que México firmó la Convención Americana de Derechos Humanos, ha recibido 7 sentencias.
Mientras tanto la familia Alvarado, dice que no parará hasta encontrar a sus desaparecidos.
"Somos una familia de clase baja. Nos ha costado muchos años, mucho esfuerzo, pero hemos llegado hasta aquí. Queremos saber de nuestros familiares", dice María de Jesús Alvarado.
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