Palma, en la isla de Mallorca, se convertirá en la primera ciudad española en prohibir el arriendo de viviendas que sean departamentos a turistas.
El objetivo es frenar la escalada especulativa de los precios de compra y alquiler de esos inmuebles.
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"Existe un paralelismo entre la evolución del fenómeno de los alquileres vacacionales y el aumento de los precios del alquiler residencial", dijo José Hila, jefe de Urbanismo de la ciudad mediterránea.
"Todas las ciudades europeas están siendo transformadas de un día para otro por esta oferta. Hay que poner orden, habrá alquiler vacacional en Palma, pero donde lo tiene que haber", agregó.
La medida entrará en vigor a partir de julio.
En esta ciudad de algo menos de medio millón de habitantes, entre 2015 y 2017 la cantidad de departamentos no regulados que se arrendaban a turistas aumentó 50% hasta alcanzar las 20.000 unidades, mientras que solo existen 645 licencias para este tipo de actividad.
La primera medida que las autoridades pusieron en práctica el año pasado fue prohibir los avisos de alquiler de departamentos a turistas en sitios de internet como Airbnb.
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Ahora por primera vez, la ciudad veta de manera global los pisos turísticos.
Bajo la nueva norma, aprobada por el gobierno de la capital de la isla de Mallorca, los propietarios solo pueden arrendar viviendas unifamiliares a los turistas. Eso son casas aisladas o chalés, excepto aquellas situadas en suelo rústico protegido, cerca del aeropuerto y en áreas de uso no residencial.
Hartos de los turistas
Por años la Federación de Asociaciones de Vecinos venía solicitando la prohibición de los arriendos vacacionales con el argumento de que Palma se convirtió en la ciudad más cara para alquilar un piso en España, después de Barcelona.
El Ayuntamiento de Palma había considerado en principio la posibilidad de delimitar ciertos barrios donde establecer la prohibición, pero finalmente las autoridades optaron por aplicar la norma en toda la ciudad.
Fundamentaron su decisión en una serie de estudios sobre el impacto de esta actividad comercial en la ciudad, que arrojaron que el 48% de los departamentos de alquiler turístico se ofrece en periodos de entre siete y ocho meses, lo que deja a la mayor parte de los vecinos sin la opción de alquiler residencial.
El alza en el precio de los arriendos fue estimada en cerca de un 40% en los últimos años, un fenómeno que provocó la indignación de quienes no tienen los recursos para conseguir un lugar donde vivir.
"Palma es una ciudad decidida y valiente. Lo hemos acordado basándonos en el interés general y creemos que marcará la tendencia para otras ciudades que entenderán que los equilibrios son clave", dijo el alcalde de la ciudad, Antoni Noguera.
Desde esta perspectiva, la prohibición serviría como una especie de plan piloto para que otras ciudades estudien la experiencia y consideren su aplicabilidad.
Pero desde el otro lado, las voces críticas advierten que muchas familias que viven del turismo se verám afectadas financieramente, mientras que los pequeños comerciantes aseguraron que los arriendos de verano aumentan el consumo y generan una importante fuente de ingresos.
Los conflictos derivados de los arriendos vacacionales en el centro de las ciudades son un tema que desde hace años afecta a varias urbes en España y el resto del mundo.
El efecto más evidente es el alza en el precio del alquiler de las viviendas, pero también se producen problemas de convivencia, exceso de ruido y basura.
Por lo pronto, aún está por verse el impacto final que tendrá la nueva prohibición de los arriendos a turistas en el precio medio de los alquileres de Palma.
Es un experimento que siguen con atención las autoridades y vecinos de otras ciudades.
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