Al menos 993 personas fueron ejecutadas el año pasado en 23 países, según los datos publicados este jueves por Amnistía Internacional.
A estas se sumarían los ajusticiamientos que se realizaron en China, que no aportó datos oficiales pero que la ONG estimó en miles.
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Aun así, el año pasado se aplicaron un 4% menos de penas capitales que en 2016 y un 39% menos que en 2015, cuando estas ascendieron a 1.634, la cifra más alta desde 1989.
Los métodos utilizados fueron la decapitación, el ahorcamiento, la inyección letal, la muerte por arma de fuego.
Los nuevos condenados también descendieron de 3.117 en 2016 a 2.591 en 2017. A fin de año, había un total de 21.919 personas en el corredor de la muerte.
Si se excluye a China, las naciones que más dictaron este tipo de sentencias el año pasado fueron Nigeria (621), Egipto (402), Bangladesh (273) y Sri Lanka (218).
Dejando de lado también al gigante asiático, el 78% de las ejecuciones registradas se concentró en sólo tres países.
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Estos son los cuatro países donde más presos murieron ejecutados en 2017.
China
El gobierno chino no aporta información sobre el número de ejecutados, que clasifica como secreto de Estado. Pero la ONG consideró a este país el "mayor ejecutor del mundo", como aseguró en una nota de prensa.
Para llegar a esta conclusión, realizó un seguimiento que incluye herramientas como la base de datos que el Tribunal Supremo Popular tiene en internet.
Amnistía Internacional afirmó que cree que miles de personas mueren cada año por orden judicial en esta nación y la incluyó entre los Estados que no cumplen las normas internacionales sobre juicios justos, ya que obtuvo confesiones a través de la tortura o los maltratos, según dijo la organización.
El gigante asiático castiga 46 delitos con la pena capital. Algunos de ellos carecen de carácter violento y, según la ONG, no alcanzan el umbral de "los más graves", como la corrupción o la excavación de lugares culturales ancestrales y la reventa de reliquias.
Irán
En Irán, las ejecuciones se redujeron en un 11% en comparación con 2016. Pese a esto, más de la mitad de las 993 registradas a nivel mundial con datos oficiales se realizaron en esta nación. En concreto, 507, aunque Amnistía Internacional cree que podrían ser más. Cinco de los ajusticiados tenían menos de 18 años.
La legislación iraní es especialmente dura con los delitos relacionados a las drogas. El 40% (205 personas) de los ejecutados el año pasado habían sido condenados por este tipo de crimen. Otros 240 habían sido sentenciados por asesinatos.
Pero el país también castiga con la pena capital la blasfemia o insultos a Mahoma y aquellas faltas "contra el Estado", como el espionaje. Dos de los ejecutados eran considerados culpables de "propagar la corrupción en la tierra" y otros dos, de haberse "enemistado con Dios" por "motivaciones políticas".
A diferencia de China, donde se utilizan la inyección letal y las armas de fuego, la justicia iraní condena a ahorcamientos. Al menos 31 personas murieron en ejecuciones públicas.
Irán también se encuentra entre los países donde muchos procesados no disfrutan de un juicio justo, según la ONG, que lamentó en su informe que algunas de estas confesiones se emitieran por televisión antes de los juicios, algo que también se da en Irak.
Arabia Saudita
Arabia Saudita también recortó en un 5% las ejecuciones en 2017, pero el número todavía fue alto: 146. el método utilizado fue la decapitación. Sólo dos eran mujeres y 57 eran extranjeros.
Al igual que en Irán, cuatro de cada 10 ejecutados había sido acusado de un delito relacionado con las drogas (59 personas).
Amnistía Internacional aseguró que cree que en sus corredores de la muerte hay menores de edad, aunque el año pasado no fue ejecutado ninguno. También incluyó a esta nación entre las que no ofrecen todas las garantías legales a los procesados.
Al igual que Irán, Arabia Saudita es uno de los Estados donde se aplica la pena de muerte preceptiva, que no permite tener en cuenta las circunstancias en las que se cometió el delito.
Además, aplica la pena capital a delitos como la brujería, la hechicería y el adulterio (una mujer acusada de estos tres fue ejecutada el año pasado) y distintas formas de traición o faltas "contra el Estado".
Según la organización las autoridades suelen evitar informar a las familias de la ejecución inminente o lo hacen una vez los condenados ya han fallecido.
Irak
Las ejecuciones en Irak aumentaron en un 42% hasta alcanzar las 125, aunque la ONG sospecha que podrían haber sido más. El método empleado fue el ahorcamiento.
La mayoría de ejecutados había sido sentenciado por delitos relacionados con el terrorismo y muchos otros, por asesinato, secuestro o narcotráfico.
Amnistía Internacional denunció que el Estado central usó la pena capital como arma de represalia "en respuesta a la indignación pública" que despertaron los ataques del autodenominado Estado Islámico.
Además, se registraron ejecuciones colectivas como la del pasado 25 de septiembre, cuando decenas de hombres fueron ejecutados por delitos de terrorismo 11 días después de un atentado suicida. O la del 14 de diciembre, cuando 38 personas fueron ahorcadas acusadas de terrorismo.
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