Las revelaciones que salieron a la luz el 1 de marzo del 2017 dejaron en shock a muchos en la ciudad de Baltimore, en Maryland, un estado en el este de Estados Unidos.
Siete integrantes de una unidad élite dedicada a recuperar armas que estaban en posesión de grupos criminales, y que hasta entonces habían tenido una buena reputación, fueron detenidos.
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Se supo que los funcionarios les robarondinero, joyas y drogas a narcotraficantes, pero también a un indigente, a un vendedor de autos, a un constructor y a muchas personas más. La mayoría de sus víctimas eran afroestadounidenses.
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Incriminaron a personas inocentes en delitos que no habían cometido, revendieron la variedad de narcóticos que decomisaban y, poco antes de ser detenidos, se estaban preparando para cometer violentos asaltos.
Además, recibieron pagos por haber trabajado cientos de horas adicionales, cuando en realidad estaban en un bar o en una playa.
"Eran los dueños de la ciudad", dijo una persona que colaboró con ellos.
Las revelaciones culminaron en un juicio de tres semanas que mostró un tema tratado en series y películas, pero que rara vez se puede ver en la vida real: el funcionamiento de una unidad de policía corrupta que actúa de manera similar a una banda criminal.
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El inicio
Un arresto de rutina marcó el comienzo del fin de los funcionarios policiales.
David McDougall, un detective el Departamento Policial del Condado de Harford, en Maryland, había estado vigilando a una persona sospechosa de traficar drogas.
Se trataba de Aaron Anderson. El 19 de octubre de 2015, McDougall y su equipo, miembros de un grupo antinarcóticos, estaban listos para aprehender a Anderson, quien había estado viviendo en un motel con su novia.
Su captura ocurrió de acuerdo a lo que se había planificado. Pero los eventos desencadenados por su detención fueron una sorpresa para muchos.
Al vehículo de Anderson se le instaló secretamente un GPS para controlar sus movimientos. Una vez que el hombre estuvo en custodia policial, los funcionarios procedieron a quitar el dispositivo. Pero cuando lo estaban haciendo, descubrieron que no había un GPS, sino dos, pese a que ellos habían colocado uno.
Casi al mismo tiempo, McDougall recibió la llamada de uno de los miembros de un grupo que, en paralelo, estaba haciendo una redada en el apartamento de Anderson.
Le informaron que encontraron el lugardestrozado: la marca de una bota en la puerta de entrada, la cerradura rota y, adentro, un desastre.
Durante su interrogatorio, Anderson le dijo McDougall que se había mudado al motel porque, dos semanas antes, un par de hombres con el rostro cubierto entraron al apartamento y asaltaron a su novia. Además les robaron joyas, dinero, relojes, drogas y una pistola.
Revelaciones
McDougall se dedicó a desentrañar el misterio y descubrió que el segundo GPS estaba a nombre de John Clewell, un detective del Departamento de Policía de la ciudad de Baltimore que era miembro de la Unidad de Rastreo de Armas (GTTF, por sus siglas en inglés).
McDougall pensó que, sabiendo que Anderson no estaba en su apartamento, un policía aprovechó la oportunidad para robarlo. Así que contactó al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) para que investigara lo ocurrido.
No sabía que lo que se descubriría llevaría al arresto de siete policías, que al menos una docena más se verían implicados en actividades ilícitas, que daría inicio a cientos de investigaciones criminales y que permitiría la liberación de detenidos acusados por crímenes que no habían cometido.
La historia comenzó cuando el sargento Wayne Jenkins, quien había pertenecido a las fuerzas armadas estadounidenses y practicaba artes marciales, asumió la conducción de la GTTF.
Con él trabajaban Daniel Hersl, Momodu Gondo, Jemell Rayam, Maurice Ward, Evodio Hendrix, Marcus Taylor y John Clewell. Irónicamente, y pese a que el nombre de este último dio inicio a la investigación del FBI, el organismo de inteligencia determinó que no había estado involucrado en los crímenes cometidos por sus compañeros.
La unidad se forjó una buena reputación, mientras la tasa de homicidios en Baltimore se incrementaba, ellos confiscaban armas que circulaban ilegalmente en la calle a un ritmo impresionante: 132 pistolas y 110 arrestos en 10 meses.
Pero tras esos números, se escondía una rutina delictiva.
Casos y casos
Una de las víctimas de esta unidad fue Ronald Hamilton, quien había servido una sentencia por posesión de drogas. Tras su liberación, se mudó a una casa de siete habitaciones que tenía una piscina.
Un informante le dijo a Jenkins que en el interior encontraría armas, drogas y dinero. Así que el jefe de la GTTF y algunos miembros de su equipo lo detuvieron acusándolo de traficar drogas. Hamilton insistía en que se dedicaba a la venta de autos usados. Pero dijo que, en su casa, tenía dinero.
Los policías se fueron a la residencia y encontraron dos bolsas, una con US$50.000 y otra con US$20.000. Se quedaron con la última.
Otra de sus víctimas fue Dennis Armstrong, a quien detuvieron tras una persecución. En su vehículo encontraron escondidos US$8.000, pero únicamente US$2.800 regresaron a la comisaría como evidencia.
Un mes después, la GTTF arrestó a un indigente llamado Sergio Summerville cuando salía de un casillero en el que guardaba sus posesiones. Los oficiales le robaron los US$2.000 que ganó vendiendo drogas y que guardaba en una media. Ni siquiera lo arrestaron.
Después vino Oreese Stevenson, un criminal de larga data. Jenkins y tres miembros de su equipo grabaron un video del momento en el que abrieron, a la fuerza, una caja fuerte que encontraron en la casa de Stevenson.
Adentro había varios fajos de dinero. Jenkins le decía a sus compañeros que no tocaran nada porque iba a llamar a la policía federal.
Lo que el video no mostraba era que la caja fuerte ya había sido abierta, que los funcionarios habían sacado buena parte del dinero y que el propio Jenkins salió de la casa con dos kilos de cocaína.
Stevenson fue encarcelado, pero conversando con su esposa, se dio cuenta de que los policías se llevaron US$100.000 de la caja fuerte y varios relojes.
Y fue por eso que Stevenson contrató a Ivan Bates, un abogado defensor.
Denuncias
El abogado de Stevenson conocía a Jenkins muy bien. En 2010 defendió a una pareja que el director de la GTTF detuvo por posesión de drogas. Descubrió que el oficial había alterado la secuencia de lo ocurrido y que, por esa razón, el caso no prosperó cuando fue analizado por la fiscalía.
No fue el único con el que se tropezó Bates, quien notó un patrón en el proceder de Jenkins: le gustaba arrestar a personas en la calle y encontrar la manera de realizar una redada en sus casas.
Sus clientes le decían que se llevaba dinero, drogas y joyas, pero como eran acusados de crímenes, nadie les prestaba atención cuando denunciaban el robo.
Aunque el número de arrestos realizados por Jenkins era elevado, la mayoría de los casos no prosperaban en el tribunal.
El abogado dice que de los 20 casos que atendió, en los que estaban involucrados funcionarios de la GTTF, 17 fueron abandonados por la fiscalía, la mayoría por violaciones constitucionales cometidas por Jenkins.
Bates no fue el único en notar el proceder de la GTTF. Miembros del Departamento de Policía de Baltimore, de la fiscalía, e incluso algunos jueces, se dieron cuenta de las incongruencias que surgían en los casos en los que la unidad estaba involucrada.
Pero los funcionarios no eran sancionados, ni siquiera después de haber sido investigados por el Departamento de Asuntos Internos.
El colapso
El 1 de marzo de 2017, día en que Jenkins y su equipo fueron detenidos, iba a ser un buen día.
El sargento estaba a punto de recibir una promoción. Para que el proceso se concretara, no podía estar sujeto a ninguna investigación interna. Pero lo estaba: un vehículo del departamento se había dañado y Jenkins tenía que explicar qué había pasado.
Para eso, tanto él como los integrantes de su escuadrón se iban a reunir con quienes estaban a cargo de la investigación.
El encuentro iba a ser en el segundo piso, así que después de dejar el armamento en custodia —de acuerdo al procedimiento regular en esos casos— subieron en el ascensor. Cuando las puertas se abrieron, un equipo del FBI estaba esperando a los miembros de la GTTF.
De inmediato fueron esposados.
El juicio comenzó el 23 de enero de 2018. Se escucharon los testimonios de los policías detenidos, explicaron su modus operandi y confesaron los crímenes que habían cometido. Los testigos también relataron sus experiencias con los funcionarios.
Los miembros de la GTTF no han sido sentenciados todavía, pero se estima que pueden recibir penas de prisión que oscilarían entre 20 y 60 años.
Para algunos, sin embargo, ese no es el final de la historia. "Esto es mucho más grande de lo que se piensa", afirmó uno de los testigos que declaró en contra de los policías.
La fiscal de la ciudad de Baltimore, Marilyn Mosby, parece coincidir. Opina que lo que se reveló en el juicio podría dar inicio a miles de miles de investigaciones de corrupción.
(*) Este texto es una adaptación de la investigación realizada por la periodista de la BBC Jessica Lussenhop.
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