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El juez Sergio Moro da plazo hasta este viernes para que Lula se entregue voluntariamente en prisión

Lula da Silva enfrenta una condena a 12 años de cárcel por corrupción y le fue negado el recurso de de 'habeas corpus' que había solicitado para evitar ir a la cárcel mientras apelaba su condena

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Un juez de Brasil ordenó este miércoles el ingreso en prisión del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva tras haber rechazado el Tribunal Supremo Federal su recurso de habeas corpus.

El juez Sergio Moro le dio a Lula un plazo de 24 horas (hasta las 5 pm del viernes) para que se presente voluntariamente ante la Policía Federal de Curitiba (sur).

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La decisión de Moro llega un día después de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil rechazara el recurso de ’habeas corpus’ que el expresidente había solicitado para evitar ir a prisión mientras agota los recursos de que dispone para apelar su condena.

La defensa de Luiz Inácio Lula da Silva consideró que la orden del juez es una "decisión arbitraria".

"Están contrariando la propia decisión del tribunal del día 24 (de enero), cuando los tres magistrados determinaron que la prisión solo podría acontecer después de agotada toda la tramitación en segunda instancia. Estamos dentro de plazo", dijo Cristiano Zanin, abogado defensor de Lula en declaraciones al diario Folha de Sao Paulo.

La defensa de Lula tiene hasta el día 10 de abril para presentar los llamados "embargos de los embargos" ante el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF-4), de Porto Alegre, donde apeló sus sentencia.

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Lula fue condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero, tras ser hallado culpable en julio de 2017 de aceptar sobornos por US$1,1 millones de la constructora OAS, lo que él niega.

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En enero, tras la apelación, el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región ratificó la condena de forma unánime y aumentó la pena hasta los doce años y un mes de prisión.

Este no es el único caso contra el exmandatario. En 2016, los investigadores revelaron que indagaban sobre otra propiedad: una casa de descanso en la localidad de Atibaia, que fue reformada con financiamiento de OAS y la constructora Odebrecht.

Las autoridades también investigan otros pagos relacionados con el Instituto Lula y con empresas que tienen como socios a hijos del expresidente.

En enero pasado, Lula ratificó sus aspiraciones presidenciales para los comicios de este año a los que acudirá con el apoyo del Partido de los Trabajadores y siendo, al menos según indican las encuestas hasta ahora, el candidato más popular.

Eso si no resulta inhabilitado por los juicios en su contra.


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