Sospechaban de un motín, por lo que la policía boliviana diseñó un "megaoperativo" con 2.300 efectivos en la cárcel de Palmasola, la más grande de Bolivia y ubicada cerca de la ciudad de Santa Cruz (Oriente).
La incursión se tradujo en enfrentamientos violentos que dejaron siete presos muertos y más de 20 heridos, entre ellos seis policías.
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"Hoy podemos decir a la población que hemos tomado el control del penal de Palmasola", dijo el viceministro Interior, José Luis Quiroga.
El funcionario informó que el operativo encontró plantaciones de marihuana, caletas de otros estupefacientes, armas de fuego y una destilería de alcohol.
Mientras tanto, decenas de personas se encontraban fuera de la prisión protestando y en busca de información sobre sus familiares presos.
Hace una semana, se divulgó el caso de la violación de una niña de 8 años por parte de un recluso.
Videos que parecían mostrar abusos sexuales en el penal llegaron a las redes sociales.
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Una crisis que escala
Este es el tercer incidente que se da en las últimas semanas en Palmasola.
En el último de ellos, la semana pasada, dos reos se fugaron después de que las autoridades, por orden del gobierno de Evo Morales, decidieron prohibir el ingreso de menores de edad a la cárcel.
Medios locales reportan que en Palmasola hay más de 5.200 internos, 400 de los cuales ya fueron condenados.
Como en prácticamente todos los países de América Latina, las cárceles en Bolivia son un caldo de cultivo para la criminalidad, la conflictividad y la violación de los derechos humanos.
En Bolivia, la sobrepoblación se debe en parte a que el 83% de los más de 13.800 reclusos está en prisión preventiva.
Y muchos de los reclusos, estiman organismos de derechos humanos, acostumbran vivir con sus hijos en el penal.
