"Los dos demandados idearon un plan para matar a miles de civiles e, intencionadamente, usaron fuerza letal contra las protestas políticas para reprimir la oposición".
Esta afirmación es parte de una demanda civil contra el expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, y su exministro de Defensa, José Carlos Sánchez Berzaín.
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Ambos son juzgados estos días en Estados Unidos por su presunta responsabilidad en la muerte de más de 50 personas en la represión militar de las protestas ocurridas en Bolivia a mediados de 2003.
Aquel episodio, conocido como la Masacre de Octubre, es uno de los más oscuros en la historia reciente de Bolivia.
Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, quienes dimitieron de sus cargos y abandonaron el país tras los sucesos de 2003, tendrán que responder ahora por lo que la acusación considera "asesinatos extrajudiciales", en un proceso legal que se celebra en Florida y que fue calificado de "histórico".
"Será la primera vez que un exjefe de Estado se siente frente a sus acusadores en un juicio civil de derechos humanos en una corte en EE.UU.", señaló el Centro de Derechos Constitucionales, una de las organizaciones que representan a los demandantes.
La demanda fue interpuesta por los familiares de ocho de las personas asesinadas en aquellos sucesos, quienes exigen una indemnización económica a los dos ex altos cargos para los que no se contempla pena de cárcel por tratarse de un caso civil.
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El juicio se celebra desde el pasado lunes en una corte de Fort Lauderdale, en Estados Unidos, país donde ambos residen.
Los dos niegan los cargos presentados en su contra.
"Guerra del gas"
La demanda alega que los acusados son legalmente responsables por la respuesta militar ordenada contra las movilizaciones ciudadanas en el marco del conflicto conocido como la "Guerra del gas" en 2003.
En aquel momento, el país salía de una etapa de gran crisis económica, con una sociedad polarizada entre seguidores de Sánchez de Lozada y los de Evo Morales, por aquel entonces líder de la oposición.
"Bolivia vivía en un clima de conflictividad social muy elevado, con grandes protestas protagonizadas sobre todo por indígenas aymaras, cocaleros y sectores como la clase media y los universitarios", explica el periodista boliviano de BBC Mundo Boris Miranda, autor del libro "La última tarde del adiós" sobre la Masacre de Octubre.
Las protestas se intensificaron tras el anuncio de varias decisiones del gobierno de Sánchez de Lozada -conocido popularmente como ’Goni’-, como la de exportar gas natural boliviano a EE.UU. a través de Chile.
Entre las críticas a los planes del ejecutivo estaban las que señalaban los bajos precios a los que se querían hacer las exportaciones y la falta de un plan que abasteciera antes el mercado nacional.
Sin embargo, la tensión se disparó el 20 de septiembre de 2003, cuando en un operativo militar al noreste de La Paz murieron la niña de ocho años Marlene Rojas -a quien le impactó una bala perdida cuando estaba en el interior de su casa- y otras cuatro personas.
"Esto generó una elevadísima indignación por una actuación militar desmedida e inauguró una etapa de conflictividad casi diaria: protestas, manifestaciones, bloqueos…", recuerda Miranda.
El mayor número de movilizaciones se concentró en las ciudades de La Paz y El Alto.
Los choques entre los manifestantes y efectivos del ejército durante esas semanas dejaron un saldo de más de 50 muertos y más de 400 heridos.
Sánchez de Lozada dimitió el 17 de octubre de 2003 y huyó de Bolivia de forma inmediata, al igual que Sánchez Berzaín.
"Es un episodio muy grave en la historia de Bolivia. Debe ser seguramente la mayor matanza en el menor corto plazo de tiempo de las últimas décadas en el país. Eso da a entender la dimensión de la expectativa por este caso en Bolivia", destaca Miranda.
"Precedente histórico"
La demanda actual está enmarcada en la Ley de Protección para las Víctimas de Tortura, una de las dos únicas leyes de ámbito extraterritorial en EE.UU. que autorizan la celebración de casos en los tribunales federales por delitos cometidos fuera del país.
Sin embargo, nunca hasta ahora se había conseguido llegar a juzgar a un expresidente por estos motivos.
"En parte es por la dificultad de demostrar la responsabilidad y la relación indirecta que existe entre jefes de Estado y acciones de esta naturaleza", le explicó a BBC Mundo la abogada Almudena Bernabéu, quien formó parte inicialmente de la investigación del caso.
Otro de los requisitos de estas demandas civiles en EE.UU. es que el acusado esté físicamente en el país, lo que impidió celebrar procesos contra otros exmandatarios en el pasado.
"Ningún otro expresidente al que se había intentado juzgar en casos similares se había quedado en el país. En este caso, el Centro de Derechos Constitucionales consiguió ubicarlo y él, que es ciudadano estadounidense y tiene familia y propiedades, decidió quedarse y enfrentarse a la demanda", agregó.
En cualquier caso, destacó la experta, el juicio "es sin duda un precedente histórico y muy importante".
Inicio del juicio
"El expresidente y su ministro tendrán que escuchar mientras testificamos sobre lo que pasó", dijo Teófilo Baltazar Cerro, miembro de la comunidad aymara cuya mujer embarazada falleció en los incidentes y que es uno de los nueve demandantes en este juicio.
"Esperamos esta oportunidad histórica para tener nuestro día en la corte", agregó.
Los demandados, sin embargo, culpan al actual presidente de Bolivia, Evo Morales, de haber provocado el derrocamiento de su gobierno mientras era uno de los líderes cocaleros al frente de las protestas.
Aunque no estaban obligados a comparecer en el tribunal por tratarse de un juicio civil, tanto Sánchez de Lozada, de 87 años, como Sánchez Berzaín, de 58, se presentaron en la corte en las sesiones del lunes y martes.
Acompañados de un numeroso grupo de abogados, ambos se mostraron tranquilos y escucharon los alegatos iniciales de representantes de ambas partes.
"No hubo un plan para matar gente", dijo una de las abogadas de los demandados este martes, quien volvió a responsabilizar a Morales de lo sucedido, según informó la agencia Efe.
"El gobierno hizo lo que tenía que hacer", aseguró, recordando la grave crisis y conflicto social que se vivía en Bolivia en aquel momento.
Los primeros en testificar fueron los padres de la niña Marlene Rojas, uno de los casos más simbólicos y reconocidos de estos sucesos.
El juicio con jurado podría prolongarse entre cuatro y cinco semanas.
Petición de extradición
Bolivia lleva años solicitando la extradición de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín.
Pese a que cinco altos cargos militares están en prisión por su papel en la represión de las protestas, el expresidente y su ministro de Defensa nunca pudieron ser juzgados en su país como presuntos responsables políticos de lo sucedido.
https://twitter.com/evoespueblo/status/970834802806067202
El presidente boliviano, Evo Morales, mostró en Twitter su satisfacción por el inicio del juicio y reiteró la petición para que EE.UU. deje de ser "refugio de los asesinos del pueblo".
Aunque el actual juicio no está relacionado con una posible extradición, hay quien confía en que un veredicto de culpabilidad contra los demandados podría reactivar el proceso para que ambos respondan ante la justicia boliviana.
"Un veredicto y una sentencia del juez que determine responsabilidad sobre los demandados va a significar sin duda un precedente jurisdiccional que debiera ser tomado en cuenta por el Departamento de Estado de EE.UU. para reforzar el pedido de extradición", le dijo a BBC Mundo Juan del Granado, quien era alcalde de La Paz en 2003.
Sin embargo, Del Granado -quien declarará como testigo la próxima semana en el juicio- reconoció que son "dos procesos diferentes".
Para muchos, sin embargo, el estado de las relaciones entre ambos países hace que no confíen en que el pedido de extradición vaya a avanzar demasiado.
"Si no se logró en 15 años, no parece probable que las cosas vayan a cambiar ahora", señala Boris Miranda.
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