"Él ha sido el centro de nuestras vidas desde que pasó todo, y ahora apenas recordamos su voz. Tenía solo 14 años. Nos lo arrancaron y nos arrancaron parte de nuestra vida".
Así es como recuerda Emma Molina Theissen la desaparición hace casi cuatro décadas de su hermano Marco Antonio en Guatemala, y cómo impactó su existencia desde entonces.
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Hombres armados lo secuestraron después de que ella se fugara de una base militar en la que estuvo detenida durante nueve días y en los que sufrió torturas y agresiones sexuales.
Más de 36 años después de aquello, no hay ninguna pista sobre qué fue de Marco Antonio.
La suya es solo una entre las 45.000 desapariciones -5.000 de ellas de niños- que la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala calcula que tuvieron lugar en una de las páginas más negras de la nación centroamericana: la guerra civil que estremeció el país entre 1960 y 1996.
Sin embargo, su caso es considerado por muchos como "histórico".
El motivo es que ha conseguido llevar ante los tribunales a quien era el principal responsable del ejército y otros altos mandos militares de la época, a quienes se acusa de desaparición forzada, violación sexual y delitos contra los deberes de la humanidad.
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Los cinco militares retirados, en prisión preventiva desde 2016, niegan su vinculación con los hechos.
El juicio oral y público comienza este jueves y podría sentar un precedente para la investigación de miles de episodios similares registrados durante el conflicto armado interno cuyas heridas aún son muy recientes en la población guatemalteca.
Para la familia, podría suponer estar más cerca de lograr que se haga justicia y saber qué ocurrió realmente con Marco Antonio.
La desaparición de Marco Antonio
Era el 6 de octubre de 1981. Un grupo de hombres armados entró a la casa de los Molina Theissen en la colonia La Florida de Ciudad de Guatemala.
En ese momento solo estaban presentes Marco Antonio, de 14 años, y su madre Emma.
Engrilletaron al niño y le sellaron la boca con cinta adhesiva. A ella la utilizaron como escudo humano mientras registraban la casa, habitación por habitación.
A Marco Antonio se lo llevaron en la parte trasera de una camioneta. Emma no sabía que aquella sería la última vez que vería a su hijo pequeño.
La hija mayor, Ana Lucrecia, había estado solo unos minutos antes en la casa para dar a la familia una noticia: su hermana Emma, retenida por militares desde hacía nueve días, había conseguido escapar.
"¡Qué buza (inteligente) mi hermana!", exclamó Marco Antonio al enterarse.
Las dos hermanas estaban vinculadas a movimientos estudiantiles y entidades políticas perseguidas por el gobierno, que las vigilaba de cerca como ’subversivas’ por sus actividades.
La fuga de Emma
El 27 de septiembre de 1981, Emma viajaba desde la capital hacia Quetzaltenango. Llevaba varios panfletos de organizaciones como el comunista Partido Guatemalteco de Trabajo (PGT), al que ella pertenecía.
Su autobús fue detenido por un retén militar. Los soldados la registraron y, tras descubrir los documentos, la llevaron a la base militar Manuel Lisandro Barillas de Quetzaltenango.
Los militares intentaron que Emma diera información sobre otros miembros del PGT. Al no conseguirlo, la sometieron a torturas, golpes y violaciones en grupo.
Tras nueve días de detención, debilitada y privada de comida y agua, la joven de 20 años había perdido 10 kilos. Esto le ayudó a zafarse de los grilletes y huir de la base militar el 5 de octubre.
Solo unas horas después, su hermano fue raptado de la casa familiar y su rastro se perdió para siempre, lo que la familia y la Fiscalía interpretan como una clara venganza por parte de los militares.
"Un hecho está conectado directamente con el otro", le dice a BBC Mundo Alejandro Rodríguez, uno de los abogados de la familia.
"Su hermana se fugó, y el objetivo con la captura del niño era o que ella se reentregara o hacerlo como una represalia. La familia era considerada un objetivo militar", agrega.
Durante años, esto provocó en Emma un fuerte sentimiento de culpabilidad.
"Yo estaba emocionalmente muy destruida, sobre todo por el hecho de culpabilizarme por lo que le pasó a mi hermano", le dice a BBC Mundo en conversación desde Guatemala.
"No me sentía con derecho ni a que las cosas que me pasaron a mi fueran motivo de una demanda, ni me sentía con derecho a recibir el amor de mi familia", relata visiblemente afectada.
La mujer evita referirse directamente a lo sucedido en aquella base militar. Pero sí describe el impacto que tuvo sobre su vida y cómo vivió que el cargo por violación contra ella fuese finalmente incluido en el proceso judicial actual.
"Es la posibilidad de que se haga justicia para mí también. La violación me lesionó de una manera muy profunda y destructiva. Es un delito humillante, denigrante, que destruye muchísimas cosas en el corazón, el alma y el espíritu de la mujer".
La búsqueda
Nada más producirse el secuestro de Marco Antonio, la familia comenzó su búsqueda incansable, esperando encontrar al niño con vida. Pero nunca descubrieron qué fue de él.
Su hermana Emma, que fue quien le enseñó a leer y escribir a los tres años, lo recuerda como un niño inteligente y muy despierto.
"Durante unos años fuimos compañeros de juego. Era un muchachito muy interesado en estudiar, en darle a mi familia otras posibilidades económicas".
Ella lo recuerda como un niño inocente, al que le gustaba jugar, el fútbol, su patineta y su bicicleta. "Ese era su mundo".
La madre de la familia, que en la actualidad tiene 85 años, mantiene viva la memoria de su hijo.
"No logro imaginar que quienes se lo llevaron de mi casa y de mi vida, después llegaran a abrazar y besar a sus hijos o hijas sin sentirse empequeñecidos por haber cometido un crimen tan cruel y tan perverso", dice doña Emma, la madre.
Los Molina Theissen quedaron marcados para siempre y sus vidas dieron un giro de 180 grados tras lo sucedido.
Emma, tras fugarse de la base militar y esconderse, no volvió a ver a su familia para no ponerles en peligro y se marchó a México tres meses después.
En 1984, tras el asesinato de su marido, Maria Eugenia -la tercera de las hermanas- llegó a Ecuador en calidad de refugiada junto a sus hijas y sus padres. Lucrecia, la otra hermana, también se fue a México en ese mismo año.
No fue hasta 1990 que la familia se reencontró en Costa Rica, donde se establecieron hasta el día de hoy.
En palabras de Emma, "hubo una dispersión física, pero también emocional".
"No pudimos hablar de Marco Antonio hasta bastante después de la muerte de mi padre en 1994. Era parte de la destrucción de la familia, no nos sentíamos capaces de llevar tanto dolor".
Tras asumir la desaparición del niño como definitiva, la familia emprendió una larga batalla judicial que llegó a instancias internacionales y se prolongó, hasta ahora, por más de 20 años.
Las claves del proceso judicial
1997: La familia interpone un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de Guatemala. El gobierno asegura no disponer información del paradero de Marco Antonio.
2004: La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabiliza al Estado de Guatemala por la desaparición de Marco Antonio y le ordena investigar lo ocurrido, localizar sus restos para ser entregados a la familia y sancionar a los responsables. La familia recibe del Estado US$698.000 en concepto de reparaciones.
2016: A solicitud del Ministerio Público de Guatemala, se captura a cinco ex altos cargos militares por su presunta responsabilidad en el caso y se ordena su prisión preventiva.
2017: Los cinco acusados son enviados a juicio acusados de desaparición forzada, violación con agravación de la pena y delitos contra los deberes de humanidad.
2018: El 1 de marzo inicia el juicio oral y público, en el que los abogados de la familia pedirán una pena de 30 años para los acusados. El proceso puede durar entre 60 y 90 días, y la sentencia será de primera instancia, por lo que no será firme.
Cúpula del comando militar
En palabras del abogado de la familia Molina Theissen, el juicio tiene "un carácter histórico" por los altos cargos del ejército a quienes se están juzgando por su presunta responsabilidad en un caso individual, y no sobre un colectivo de víctimas.
Entre los acusados está Manuel Benedicto Lucas García, quien estuvo al frente del ejército como jefe del Estado Mayor entre 1981 y 1982. Es hermano del expresidente Fernando Romeo Lucas García, quien gobernó Guatemala de 1978 a 1982.
Lucas García fue inicialmente detenido en el marco de otra investigación del Ministerio Público sobre desapariciones forzadas y masacres entre 1981 y 1986 en una base militar de Alta Verapaz, donde fueron encontradas más de 500 osamentas.
Por su parte, Manuel Antonio Callejas Callejas era jefe de inteligencia militar en el momento en que Marco Antonio desapareció.
Francisco Luis Gordillo era comandante de la base militar de Quetzaltenango donde permaneció detenida Emma. Él formó parte del conocido como triunvirato militar liderado por el general Efraín Ríos Montt creado tras el golpe de Estado contra Fernando Romeo Lucas García en 1982.
Los otros dos acusados, Edilberto Letona y Hugo Ramiro Zaldaña, formaban parte de la brigada militar de Quetzaltenango.
Independientemente de la sentencia, el letrado de la familia destaca el mensaje contra la impunidad que se está lanzando con la celebración de este proceso.
"Es un precedente muy importante. Dado que afecta a la cúpula del comando militar, serviría para entender que nadie está por encima de la ley y que las víctimas pueden llegar a tener justicia, aunque sea después de 36 años", subrayó Rodríguez.
La versión de los acusados
Los cinco militares retirados niegan los hechos que se les imputan.
Una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2004 dio por "establecidos" como hechos las torturas y demás agresiones sufridas por Emma en la base militar, pero algunos de los abogados de los acusados lo cuestionan.
"La víctima nunca fue evaluada por médicos legales forenses guatemaltecos, solo por expertos internacionales", le dice a BBC Mundo Juan Orlando García, letrado de Francisco Gordillo.
"Nos hemos reunido con en expertos que aseguran que si ella subiera sufrido esas torturas, probablemente estaría enajenada, ciega y no habría podido tener hijos", agrega García, quien pone en duda el testimonio de Emma como prueba.
Los abogados de la familia niegan que para demostrar los hechos sea necesaria una evaluación por expertos de Guatemala, donde además aseguran que no existen personas calificadas para aplicar el Protocolo de Estambul sobre tortura y castigos.
El letrado también critica que Emma persiga un nuevo resarcimiento económico tras la indemnización obtenida con la sentencia de la CIDH.
La mujer, sin embargo, asegura a BBC Mundo que existe el compromiso de que "no se va a cobrar ninguna cantidad adicional" y califica de "terrible" la acusación de quienes aseguran que la familia actúa motivada por el dinero.
Aunque uno de los argumentos de la defensa que levantó más polémica en vistas anteriores fue el que apuntaba a que Emma habría sido colaboradora y no víctima del ejército.
"Es una versión que se está diciendo. Pero es un supuesto", aclara el abogado de Gordillo.
"Insinúan que pude haber sido colaboradora o que yo tenía comercio sexual con gente del ejército. Para ser franca, al principio me dolía muchísimo, me causaba muchísima rabia y vergüenza que la gente pudiera creerlo", reconoce Emma.
Pero tras las muestras de solidaridad recibidas, asegura, dichos ataques pasaron a ser una cosa "trivial e irrelevante" para la familia.
"Descansar en paz"
El abogado de la familia confía en la solidez de las pruebas presentadas. Para el letrado del militar Gordillo, la supuesta falta de objetividad del Ministerio Público podría ser determinante para un desenlace contrario a su defendido y el resto de acusados.
"Aquí en Guatemala tenemos una crisis institucional del sistema de justicia. Aquí cualquier cosa puede pasar. Lo que yo siento es que el Ministerio Público está parcializado en un 99% a favor de la señora Molina Theissen", asegura García a BBC Mundo.
A falta de conocer el sentido de la sentencia, organizaciones de derechos humanos coinciden al apuntar la necesidad de investigar y juzgar estos episodios para cerrar heridas del pasado en un país como Guatemala, donde "la impunidad de antes y la de ahora están profundamente vinculadas".
"No se puede tener una sociedad democrática en la que se pueda combatir la corrupción si está construida sobre una base de impunidad ante hechos tan graves como estos", le dice a BBC Mundo Marcela Martino, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) que acompaña a la familia como representante.
Horas antes del comienzo del juicio, Emma aseguraba enfrentar el proceso con una mezcla de "expectación, angustia, pero con muchísima esperanza".
Quiere que se determine la responsabilidad de quienes desaparecieron a su hermano. Pero la máxima prioridad de la familia es otra.
"Lo que más queremos es recuperar los restos de mi hermano y poder sepultarlo dignamente. Es lo justo para poder descansar en paz".
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