Es conocida como "la opción nuclear" y, aunque forma parte de la normativa de la Unión Europea (UE) desde hace casi dos décadas, nunca había sido utilizada. Hasta ahora.
La Comisión Europea puso en marcha este miércoles un procedimiento en contra de Polonia que podría llevar a la imposición de sanciones y a la suspensión del derecho de voto de ese país en las reuniones del bloque comunitario.
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"Con tristeza hemos decidido iniciar el artículo 7.1, pero los hechos no nos dejan elección", dijo el primer vicepresidente de la Comisión Europea (CE), Frans Timmermans, al anunciar la puesta en marcha del mecanismo disciplinario.
La decisión busca responder a una serie de reformas judiciales aplicadas por el gobierno del ultranacionalista Partido de Ley y Justicia (PiS, por sus siglas en polaco).
Según las autoridades europeas, durante los últimos dos años el gobierno de Polonia ha aprobado 13 leyes que permiten al Ejecutivo de ese país "interferir de forma significativa" en el Poder Judicial, afectando con ello a la vigencia del estado de derecho.
El gobierno del PiS dijo que la decisión de la UE era "política". En un abierto desafío a la misma, el presidente polaco, Andrzej Duda, firmó dos de estas leyes para reformar la Corte Suprema y el Consejo Nacional de la Judicatura.
Diálogo frustrado
El inicio del proceso disciplinario se produce luego de que durante dos años la CE estuvo haciendo seguimiento a la situación en Polonia y dialogando con sus autoridades.
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"Las reformas judiciales en Polonia significan que la justicia del país está ahora bajo el control político de la mayoría gobernante. En ausencia de independencia judicial, surgen graves preguntas sobre la aplicación efectiva de la legislación europea", dijo Timmermans.
Sin embargo, el gobierno del PiS sostiene que las reformas aplicadas servirán para profundizar la democracia, mejorar el sistema de justicia y aumentar la confianza que tienen en el mismo los ciudadanos.
Un estudio de opinión reciente indica que 81% de los polacos creen que el sistema judicial requiere ser reformado. Los encuestadores, no obstante, no indagaron sobre si los ciudadanos están o no de acuerdo con las soluciones planteadas por el gobierno para este asunto.
Otro de los argumentos esgrimidos por el PiS para esta reforma reside en la necesidad de "descomunizar" la justicia, esto es, retirar a los jueces y colaboradores del antiguo régimen comunista que tuvo el país y que aún están en funciones
Sin embargo, Adam Easton, corresponsal de la BBC en Varsovia, destaca que paradójicamente el principal dirigente del PiS para la reforma judicial es el diputado Stanislaw Piotrowicz, un exfiscal de la era comunista.
Advertencia y plazo
El artículo 7 fue introducido originalmente en la legislación europea en el Tratado de Ámsterdam, que entró en vigor en 1999, cuando la Unión Europea se estaba preparando su expansión hacia el este para incluir a varios países procedentes del antiguo bloque comunista.
La idea era disponer de una norma que permitiera obligar a los estados miembros a cumplir con las reglas de gobierno democrático. Así, establecía sanciones para cualquier país que violara lo que se definían como valores fundamentales de la UE: libertad, democracia, respeto por los derechos humanos y libertades fundamentales; y estado de derecho.
En su versión vigente, el artículo contiene dos partes. La primera, el artículo 7.1, permite a la Comisión Europea recomendar al Consejo de la Unión Europea (el órgano donde están representados los gobiernos de los 28 países miembros) que emita una advertencia formal al estado acusado de violar estos principios fundamentales.
La emisión de esta alerta tiene que ser aprobada por 22 de los 28 estados de la UE, pero la Comisión Europea está confiada en que cuenta con los votos necesarios.
En su decisión, la CE planteó a Varsovia adoptar una serie de recomendaciones y le concedió un plazo de tres meses para ejecutarlas. Estas son:
- No aplicar la reducción de la edad de jubilación para los jueces que ahora están en funciones.
- Eliminar el poder discrecional del que dispone el presidente de la República para extender el mandato de los jueces de la Corte Suprema.
- Eliminar el nuevo régimen de jubilación para los jueces, así como los poderes discrecionales del ministro de Justicia.
- Restaurar la independencia y legitimidad del Tribunal Constitucional.
Si Polonia no se aviene a estos requerimientos, la UE pasaría entonces a la aplicación del artículo 7.2 que establece la imposición de sanciones y la suspensión del derecho a voto.
Estas medidas, sin embargo, en este momento lucen de difícil aplicación pues requieren del voto unánime de los otros 27 miembros del Consejo Europeo y ya el ultraderechista gobierno de Hungría de su intención de oponerse.
"Esta decisión daña seriamente la soberanía de Polonia. Es inaceptable que Bruselas está poniendo presión sobre estados soberanos y castigando de forma arbitraria a gobiernos electos democráticamente", advirtió el vice primer ministro de Hungría, Zsolt Semjén.
