Asesinatos ejecutados por sicarios en los que las víctimas son líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Eso es algo que preocupa especialmente a Todd Howland, representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
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En una entrevista con BBC Mundo, realizada en noviembre, dijo que espera que se incremente el número de defensores asesinados respecto a 2016, no a pesar de, sino como una negativa consecuencia del acuerdo de paz que el gobierno firmó con las FARC a fines del año pasado.
El año pasado fue problemático respecto a la situación de seguridad de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, ¿en 2017 ha mejorado o empeorado?
La situación es peor.
Hacia el final del año el incremento de asesinatos de defensores de derechos humanos respecto a 2016 probablemente será de entre 10% y 20%.
Estamos hablando de de 15-20 personas más.
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El 75% de los asesinatos en 2017 han sido ejecutados por sicarios, es decir que alguien está pagándole a alguien para matar a estos defensores de derechos humanos.
El 60% de los defensores de derechos humanos muertos durante el año han sido asesinados en áreas que antes eran de influencia de las FARC.
Y una parte significativa, probablemente el 25%, son de ciudades, pueblos, que estaban cerca de zonas en las que las FARC ejercían un fuerte control.
Es decir que un número significativo de los asesinatos de este año se relacionan con el proceso de paz; no en forma directa, pero sí en el contexto del proceso de paz, por los cambios en las dinámicas de poder que están teniendo lugar.
Otra cosa muy importante es que hace cinco años, cuando yo llegué al país, casi todos los defensores de derechos humanos que estaban siendo asesinados se oponían a políticas del gobierno. Hoy hay un número significativo de defensores de derechos humanos que están alineados con políticas del gobierno, como restitución de tierras, sustitución de cultivos de coca, que están en contra de la minería ilegal.
Esto es extraño, no es algo que suele ocurrir. Es muy preocupante.
Los está matando gente que no está interesada en el cambio, en la potencial transformación que puede crear el proceso de paz.
Pueden ser intereses económicos locales, pueden ser intereses políticos locales, en muchas ocasiones pueden ser grupos armados ilegales que no están interesados en transformar la economía.
Hay una oposición a la transformación de la realidad colombiana.
Pero también es importante recordar que hay otras estadísticas relacionadas con esto.
Por ejemplo, este año, hasta ahora, hemos tenido 13 personas muertas en el contexto de protestas sociales, eso es el triple que el año pasado.
También se ve, entonces, que hay mucha conflictividad social y una respuesta del Estado. Como esas muertes tienen lugar en contextos en los que hay policía antidisturbios y ejército, se asume que uno de los primeros sospechosos es el Estado, porque son los que tienen las armas. En algunos casos serán otros que estaban en las protestas.
Pero ante todo lo que uno ve es que algo anda mal, por el nivel de conflicto. Y la respuesta del Estado genera interacciones letales con los manifestantes. Ese no es el camino a seguir para crear una nueva relación entre el Estado y la gente que vive en esas áreas rurales que estaban bajo control de las FARC.
Este tipo de desafortunadas interacciones en el marco de la protesta social podría llevar a esa gente a decir que el proceso de paz no los beneficia, a decidir no sustituir la coca o dejar de producir cocaína y asumir que serán protegidos del Estado por nuevos grupos armados ilegales.
¿Esa es, entonces, una receta para una continuación del conflicto?
Absolutamente.
Ese es el problema: los acuerdos de paz estuvieron realmente bien conceptualizados, pero luego aparece toda la oposición, la política, las limitaciones financieras, oposición a nivel local, oposición institucional.
Han sido más de 50 años de conflicto, 50 años es mucho tiempo. Así que hay mucho miedo a que cualquier tipo de cambio podría causar un detrimento individual, económico o institucional.
Lo que ha sido realmente interesante acerca de este proceso fue ver cómo creció toda esa oposición y por qué. ¿Por qué? Porque el conflicto ha sido tan largo que hay una gran resistencia al cambio.
Las complicaciones solo pueden superarse si se tiene una respuesta efectiva e integrada.
Pero lo que pasa es que mientras hay partes del Estado que están trabajando 24 horas al día, siete días a la semana, para intentar hacer avanzar el proceso, hay otros en el Estado a los que realmente no les interesa que el proceso avance.
¿Desde que llegó al país, cuánto cree que ha mejorado la situación de derechos humanos en Colombia?
Lo que cambió es que hay un enorme potencial para un cambio exponencial relativo a derechos humanos en Colombia.
Eso es lo que cambió.
Uno puede decir que hubo más muertos de defensores de derechos humanos en 2016 que en 2015 y más en 2016 que en 2017, pero es solo una medida.
Hay muchas: el acceso a la educación, el acceso a la salud, pasaron de ser un privilegio a ser un derecho. Ciertamente hay grandes problemas para poner en práctica esos derechos.
Hubo un cambio en relación con los pueblos indígenas, que finalmente, de acuerdo a la Constitución de 1991, son considerados autoridades estatales (en sus territorios). Pero hay preguntas: ¿Cuándo comenzarán a recibir dinero? ¿Recibirán el apoyo necesario para que ese dinero se traduzca en beneficios de derechos humanos?
Se han visto algunos cambios estructurales importantes en este tiempo, pero los procesos de paz con las FARC y con el ELN son lo que podría hacer la gran diferencia, pero es necesario que se implementen bien para llegar a esa no repetición, a ese cambio.
¿Cuán lejos está hoy Colombia de alcanzar una paz estable y duradera?
Hasta que la sociedad colombiana comience a pensar cómo sus compras se relacionan con el bienestar de otros colombianos, y hasta que la gente que obtiene contratos con el gobierno piense primero en los derechos de la gente, cómo la implementación de esos contratos mejorará la vida de la gente y no cómo mejorará su situación financiera, va a haber dificultades.
Como la guerra fue tan omnipresente muchos de estos problemas no salían tan frecuentemente a la superficie, pero ahora se necesita una especie de incómodo descubrimiento, aceptación, un decir: "Algunas de las cosas que vinimos haciendo durante décadas realmente no son apropiadas desde un punto de vista de derechos humanos".
No se puede tener una situación en la que hay una Colombia moderna, con sus rascacielos, su buena infraestructura, con oportunidades, mientras en otros lugares de Colombia no hay nada de eso.
Hay todo un segmento de la población que no parece ser parte de la agenda política.
Hasta que sus derechos básicos sean resueltos, Colombia seguirá teniendo dificultades.
