"Algunas personas creen que los recursos naturales de Utah deben ser controlados por un pequeño grupo de burócratas que viven en la distante Washington DC. ¿Y adivinen qué? Se equivocan".
Con estas palabras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes la disminución de dos monumentos nacionales en un acto en Salt Lake City, la capital del estado de Utah, en el oeste del país.
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Por un lado, Trump redujo alrededor del 85% del territorio (0,5 hectáreas) de Bears Ears, un área protegida creada el año pasado por el entonces presidente Barack Obama.
Además, recortó casi el 46% de la superficie (0,8 hectáreas) de Grand Staircase-Escalante, un parque protegido instaurado en 1996 por otro expresidente demócrata, Bill Clinton.
Ambos casos abarcan monumentos nacionales, es decir, áreas protegidas que, a diferencia de los parques nacionales, pueden ser creados (y erradicados) por una orden presidencial, sin el voto del Congreso.
La medida se posiciona así como la mayor reducción de áreas protegidas de la historia del país. Y la respuesta no tardó en llegar.
Múltiples demandas
Varios grupos ecologistas y tribus nativas ya han presentado demandas contra esta decisión gubernamental.
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"Este es un ataque vergonzoso e ilegal a las tierras protegidas de nuestra nación", dijo Jamie Clark, jefe ejecutivo de Defensores de la Vida Silvestre, una organización conservacionista sin fines de lucro.
Y agregó: "No es sorprendente que el gobierno de Trump esté haciendo una movida para vender nuestros monumentos nacionales. Lo que es sorprendente es que crea que puede salirse con la suya. Nos vemos en los tribunales, presidente".
Por su parte, cinco tribus de pueblos nativos (la Nación Navajo, los Hopi, la Tribu Mountain Ute, el Pueblo de Zuni y la Tribu Indian Ute) presentaron una demanda conjunta, particularmente contra la decisión en Bear Ears, considerada por varios como tierra sagrada.
Carreteras y explotación de recursos
Pero no todos están disconformes.
"Vivimos en un condado de 2 millones de hectáreas", le dijo a la BBC Bruce Adams, un granjero cuya familia ha vivido en Bear Ears por generaciones.
"El 92% de ese condado está bajo control federal —continuó—. Solo tenemos un 8% de propiedad privada. Para que podamos sobrevivir como ciudadanos aquí, debemos tener acceso y uso de la propiedad pública".
Según Ryan Zinke, secretario de Interior, el fin de la decisión es facilitar el uso público de los pastos y carreteras, así como también habilitar la "caza y pesca saludable".
Zinke negó que la medida esté vinculada con la explotación minera, dada la presencia de yacimientos de carbón en Grand Staircase-Escalante. También aseguró que en Bears Ears no hay petróleo ni gas.
Varios analistas destacan que esta decisión es, sobre todo, una lucha ideológica sobre quién posee y quién controla la tierra en el oeste del país.
Para sus seguidores, Trump le está dando poder a la gente. Para sus oponentes se trata de violencia cultural.
