Sin temor a equivocarme, el licenciado Carlos Saavedra Gutiérrez encabeza la lista de funcionarios que han ocupado la silla de la secretaría del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico (DTRH) que más distanciado y desentendido ha estado de la importancia de salvaguardar los derechos de los trabajadores y del valor que encara la defensa de un ordenamiento legal fuerte que proteja la relación capital-trabajo.
En sus declaraciones públicas, una tras otra, se ciñe un discurso neoliberal que escuda las intenciones de amplios sectores empresariales del país que han vivido obstinados en desmembrar el marco jurídico que protege los derechos y beneficios de nuestra clase asalariada.
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Extraña, por demás, que los representantes de los gremios sindicales no hayan acentuado en sus reclamos la afrenta que representa para el país y para los trabajadores la figura del secretario Saavedra Gutiérrez al frente del DTRH.
En una de sus más recientes apariciones públicas, que suelen ser pocas y desarticuladas, defendía a brazo partido el Proyecto de la Cámara 938, hoy convertido en la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal (Ley 26 del 29 de abril de 2017).
Para el funcionario, el objetivo de esa medida “lo que busca es convertir a Puerto Rico en una jurisdicción atractiva para establecer negocios y crear oportunidades de empleo, fomentar el crecimiento en el nivel de empleos en el sector privado y ofrecer nuevas oportunidades de trabajo a personas desempleadas”.
Respaldaba, además, las enmiendas laborales que suspendían totalmente “convenios colectivos, acuerdos, reglamentos, órdenes administrativas, planes de retribución y disposiciones aplicables a los beneficios marginales de empleados públicos unionados y no unionados de agencias y corporaciones públicas”. Argüía su pobre defensa en que, a tono con el plan del gobernador, “se deben modernizar las leyes laborales para ser competitivo dentro de una economía globalizada” porque, insistía, “es necesario restaurar el crecimiento económico por medio de una reforma estructural que incluya liberalizar el mercado laboral”.
Así de simple, “liberalizar el mercado laboral”. Ahí está cifrada la agenda del titular del DTRH, aun cuando esta contraviene los propósitos para los cuales fue creada esa agencia pública.
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Las acciones de este funcionario nos conducen, a alta velocidad, hacia la precarización laboral, un nuevo ordenamiento que, desde su significado político, es entendido como un estado de inseguridad y la ausencia de garantías legales que protejan las condiciones sociales y económicas de las y los asalariados.
Estas acciones de “liberalizar” y “flexibilizar” el mercado de empleo es uno de los pilares fundamentales del neoliberalismo, una ideología que, en el aspecto laboral, nos arrastra a un estadio de servidumbre y precarización centrado en la pérdida del poder negociador de los sindicatos; la reducción de salarios, derechos y beneficios laborales; y la flexibilidad en las normas de contratación.
Esta última, la flexibilización, ha sido la propuesta más consistente de los sectores empresariales, quienes alegan que esa es el “arma secreta” que crea el ambiente propicio para incentivar la inversión económica y, por consiguiente, la generación de empleos. Sin embargo, la experiencia determina lo contrario.
¿A dónde nos llevan las medidas laborales del gobierno que defiende el funcionario Saavedra Gutiérrez? Sencillo: nos empujan hacia una desprotección social progresiva y a un mercado laboral en el que dominan formas de empleo temporal y a tiempo parcial con ausencia de beneficios, jornadas cortas y flexibles, bajos salarios y, en muchos casos, compensaciones por debajo de la cualificación del empleado.
De lo que se trata es del fin del paradigma del trabajo asalariado. Asistimos a una transformación radical de la normativa laboral que hemos construido en las pasadas décadas. La agenda gubernamental intenta acorralar a los sectores laborales productivos del país a un nuevo estadio de precariedad y empobrecimiento con formas de contratación y un ordenamiento legal que retroceden, al menos, 100 años de historia.
Y eso es, precisamente, lo que defiende el titular del DTRH, un funcionario puesto a despedazar los derechos de la clase asalariada y a desestabilizar el mercado de empleo, un niño de mandado del capital.
