Los últimos gobiernos del país han utilizado la crisis como un arma de destrucción masiva contra los derechos de nuestra ciudadanía. La apuntan como un revólver contra nuestra cabeza y nos dicen que para continuar sobreviviendo tenemos que estar dispuestos a ceder.
Insisten en que todas y todos somos responsables de la crisis que tiene sucumbida la isla en una debacle fiscal y económica sin precedentes. Desde distintos flancos nos arrojan fuertes dosis de una ideología conformista que clama porque “entendamos” que para superar esta crisis es necesario consentir la destrucción de los derechos y conquistas sociales alcanzadas en las pasadas décadas.
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Bajo esa premisa, el Partido Nuevo Progresista (PNP) liderado por Luis Fortuño nos impuso la Ley 7, que dejó en la calle a decenas de miles de empleados públicos. Aquella administración también implantó recortes contra la Universidad de Puerto Rico (UPR) al congelar la fórmula del 9.6 % que nutre su presupuesto. Desde entonces, la universidad del Estado ha dejado de recibir decenas de millones de dólares.
Luego, con la llegada de Alejandro García Padilla, el país vivió un tormento de recortes en áreas esenciales. La primera movida de aquel gobierno del Partido Popular Democrático (PPD) fue contra los planes de retiro.
Primero, aprobaron la Ley 3 para limitar los beneficios del sistema de jubilación y luego dejaron de aportar más de $500 millones al fondo de pensiones de servidores públicos afectando su estabilidad fiscal.
Usando la crisis como escudo, el Gobierno pepedé aprobó la Ley 66 que se ha convertido en la zapata para el desmantelamiento de los derechos laborales y en pieza clave para destruir las organizaciones sindicales.
El plan de la pasada administración también incluyó aumentos en el impuesto al consumo, la luz, el agua y la gasolina, además de proyectos encaminados a privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica y desmembrar el Departamento de Educación.
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En esos años, sufrimos nuestra mayor degradación crediticia. La deuda pública contraída por los pasados gobiernos, pero, en particular los últimos dos, nos llevó a tocar fondo. Entonces, los dos funcionarios de gobierno de mayor jerarquía, el gobernador García Padilla y el comisionado residente Pedro Pierluisi, este último del PNP, no lograron consensuar una propuesta para la recuperación de nuestra estabilidad social y económica.
Su opción, por el contrario, fue ir al Congreso de Estados Unidos a auspiciar la imposición de una Junta de Control Fiscal que reordenara las finanzas públicas y destinara recursos al pago de una monumental deuda pública que ambos se negaron auditar.
La crisis ha ido aumentando, y el nuevo gobierno PNP que arribó al poder el pasado mes de enero ha continuado el libreto de sus antecesores. Primero, nos presentaron los lineamientos de la política de privatización mediante las alianzas público privadas-participativas que vino acompañada de una serie de leyes para reestructurar nuestro ordenamiento laboral.
Bastó con la aprobación de un par de piezas legislativas para recrudecer las disposiciones de la Ley 66 del Pepedé, golpeando más aún a la clase trabajadora y profesional del país. Derechos, beneficios y conquistas que han costado años de esfuerzo y sacrificio, y que aportaron a la construcción de un mercado laboral más justo y razonable, se lanzan hoy al vacío para dirigirnos a un nuevo estado de servidumbre.
Nuevamente, el Gobierno recurre a la consigna de la crisis como escudo para implantar medidas de recortes que ya han comenzado a dejar sus primeros estragos. La diferencia es que ahora los gobernantes se cubren con la amenaza de que, si no actúan, el golpe de las políticas de austeridad que impondrá la Junta de Control Fiscal será mayor.
Ante eso, en menos de cuatro meses han solicitado un recorte absurdo al presupuesto de la UPR, desmantelaron la reglamentación protectora del trabajo, legislaron más impuestos y encaminan un plan criollo para la privatización de bienes públicos.
Pero la respuesta del país ha comenzado a sentirse. El sentimiento de descontento e inconformidad se ha ido apoderando de nuestra ciudadanía y la calle se ha convertido en el punto de encuentro para exigir un detente a las medidas neoliberales que acentúan la desigualdad y empobrecen nuestra calidad de vida.
