Un país en crisis como el nuestro, con déficit fiscal y serios problemas de gobernabilidad, debería estar pensando en cómo encontrar soluciones permanentes a nuestros problemas sociales, sin parchos ni medidas cosméticas, de manera que aportemos realmente a elevar la calidad de vida de la ciudadanía.
La acción gubernamental, en ese sentido, debería concentrarse en fortalecer áreas de servicios esenciales, como la educación y la salud, descartando la imposición de medidas de austeridad que no tendrán otro efecto que sucumbirnos más en la pobreza.
PUBLICIDAD
Por ejemplo, en el caso de la salud, hay urgencia en articular una política pública más creativa, que ajuste el plan salubrista del gobierno a nuestra realidad económica y se enfoque en servir eficazmente a toda la población.
De nada sirven las excursiones a Washington para mendigar fondos. Es humillante ver cómo nuestros funcionarios peregrinan por los gélidos pasillos del Capitolio federal pidiendo paridad al amo imperial. No se enteran que parte del problema está en esa cultura política colonial que yace atada a la dependencia del Gobierno estadounidense y que ubica al país en total inacción, siempre a la espera de las decisiones que tomen otros. Es un problema mayúsculo, de índole político, que también urge resolver.
Mas para atender de inmediato el grave problema en el sistema de salud es necesario reinventarlo todo, poniendo énfasis en la responsabilidad social que debe cumplir el Gobierno. Para esto hay que vigilar que no sean los intereses de las aseguradoras privadas los que prevalezcan y determinen cómo se rige la salud pública.
Los datos a los que nos enfrentamos son dramáticos. Cerca de 1,300,000 puertorriqueños se benefician actualmente del plan de salud del Gobierno (PSG), cuyo gasto anual se estima en casi $3,000 millones anuales.
Se calcula que la Administración de Servicios de Salud (ASES) arrastra un déficit de $216 millones y, lo peor, a partir del 2018, no contará con los fondos del Obamacare, lo que provocará una insuficiencia presupuestaria mayor a la actual. Súmele a esto que el Gobierno, por dictamen de la Junta de Control Fiscal, se encamina a hacer recortes al presupuesto destinado para subsidiar el PSG.
PUBLICIDAD
La pregunta es simple: ¿cuál debe ser el objetivo del Gobierno respecto a la salud? La respuesta es sencilla: proveer de acceso a servicios de calidad, mejorar el sistema de salud y proteger a la clase médica para garantizar que nuestros pacientes reciban el servicio adecuado bajo la atención de nuestros mejores especialistas.
¿Cómo lo logramos? Está claro que, bajo el modelo actual, no hay posibilidad de garantizar el servicio de salud que requerimos. Hay que hacer una transformación radical, comenzando con modificar el modelo de prestación y encaminándolo hacia uno que maximice sus recursos y mejore el cuidado médico-hospitalario.
En primer término, hay que eliminar el lucro de las aseguradoras privadas para asegurar que los servicios médicos se ofrezcan sin interrupción y, lo que es más importante, respetando siempre el criterio médico. Un paciente no puede estar a expensas del juicio arbitrario del burócrata de una aseguradora, quien, sin ninguna prueba científica, determina los servicios y medicamentos que recibe un paciente, entorpeciendo la labor del especialista.
El cálculo de la atención médica, hospitalaria y farmacéutica no puede hacerse a base de los márgenes de ganancia que desea obtener la aseguradora privada. Por ahí se tiene que empezar.
Urge que comencemos a trabajar en la construcción de un sistema de salud universal de pagador único que sea igual y justo para todas y todos; un modelo que sea eficaz, que garantice el derecho a la salud, que valore el criterio médico y sea económicamente viable. Para lograrlo, las aseguradoras privadas tienen que estar fuera de la ecuación.
Hay que combatir el discrimen contra pacientes y médicos que supone mantenernos atados a un modelo en el que prima la ganancia de un sector privado; que fragmenta los servicios y discrimina contra quienes menos recursos tienen. Esta es la única manera en que podemos garantizar el derecho a la salud.
