Un informe del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR) divulgado la pasada semana advierte que estamos próximos a superar el 22 por ciento de migrantes que tuvo la isla durante el periodo de 1945 y 1960.
El dato es preocupante, máxime si consideramos que la avalancha migratoria que vivimos afecta grandemente nuestra base productiva en momentos en que nos asiste una dura recesión y cuando las alternativas que nos quieren imponer los miembros de la Junta de Control Fiscal (JCF) agravarán más nuestra situación socioeconómica.
Según los datos presentados por el IEPR, la emigración que sufrió el país en los 15 años comprendidos entre 1945 y 1960 representó una baja poblacional de 500,000 personas. En la actualidad, en solo una década, del 2005 a 2015, la ola migratoria que hemos presenciado ha logrado superar el medio millón de personas, cifra que hoy día representa el 15 por ciento de la población total.
El año pasado, el número de personas que abandonó el país fue de 95,000, un número que rompió el récord de emigrantes que hemos tenido por los pasados años. Lo peor de todo es que, al ritmo que vamos, se anticipa que antes de que concluya esta década el balance poblacional estará rondando los tres millones de habitantes.
Las determinaciones en materia fiscal que se tomarán a partir de hoy serán determinantes para vaticinar cómo podría comportarse ese movimiento migratorio. Si la JCF termina imponiendo su política de austeridad, con las severas medidas que han anunciado, el futuro del país se tornará más incierto. Contemplaremos, entre otras cosas, un crecimiento en la brecha de la desigualdad social, más contracción en la economía y una mayor tasa de emigración.
Recomendados
Puerto Plata, República Dominicana: multidestino instagrameable
Buscan frenar fiebre alquileres a corto plazo
La gente que onePulse Foundation dejó atrás
La magnitud de los recortes presentados por este grupo de siete sujetos, que viven totalmente desentendidos y desapegados de la realidad puertorriqueña y poco les interesa el futuro de la isla, más allá de la protección de los intereses de los bonistas, nos llevará al precipicio económico, fiscal y social.
La dimensión de la crisis a la que nos enfrentamos, de cumplirse las pretensiones de la JCF, como ya lo ha advertido Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, nos conducirán hacia una caída de la economía solo comparable a la de un país agobiado por una guerra civil.
El Gobierno de Puerto Rico, por su parte, tiene el reto histórico de evitar que los recortes que se pretenden imponer laceren más nuestra base social. No podemos permitir que, bajo el pretexto de reducir el tamaño del Gobierno, porque hay que aliviar el déficit operacional, se impongan medidas que afecten directamente los servicios esenciales de la ciudadanía.
Es inadmisible, por ejemplo, la magnitud del recorte que se propone para la Universidad de Puerto Rico. Hasta hace unos días se hablaba de $300 millones y, en un abrir y cerrar de ojos, sin explicación alguna, a la JCF se le antojó aumentar ese corte a $450 millones sin medir el efecto de esa reducción en la oferta académica y la investigación.
Las pretensiones caprichosas de estos siete sujetos van más lejos. Sin calcular el impacto que representa la reducción salarial, anuncian bajar 20 por ciento la paga de los servidores públicos, quienes mayoritariamente reciben un cheque mensual que no supera los $2,000. Esto, además del resto de recortes en beneficios y derechos que ya se han anunciado.
La JCF también es incompasible contra nuestros jubilados y poco le importa la calidad de los servicios de salud y educación que se ofrecerán al pueblo.
El saldo de estas medidas, y otras igual de absurdas que se han anticipado, provocará un incremento en el deterioro social y para muchos puertorriqueños el único alivio estará en la idea de contemplar la salida del país, aun en contra de sus deseos.
Ante esto hace falta un gobierno que desobedezca y se enfrente a esos siete caprichosos y soberbios representantes de los bonistas que quieren estrangular las posibilidades de futuro del país.
Lo que tenemos que hacer es declarar una moratoria absoluta al pago de la deuda, insistir en la auditoría y resistir con fuerza las políticas de ajustes que quiere imponer la JCF.