No hay soluciones mágicas ni inmediatas para resolver los problemas económicos y fiscales que hemos heredado por las malas decisiones gubernamentales tomadas por quienes han regentado el poder político en la isla en las pasadas décadas.
La situación del país es crítica. El nivel de endeudamiento al que nos han arrastrado hace que la deuda pública acumulada, estimada en $73 mil millones, sea impagable. Y, para colmo, el Gobierno opera con un déficit de varios miles de millones de dólares, lo que pone en riesgo la nómina de empleados públicos y los servicios esenciales del país.
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Sin embargo, la medicina que quieren recetarnos para “salvarnos” solo contiene suplementos de austeridad y recortes presupuestarios que, como dice el refrán, harán que el remedio sea peor que la enfermedad.
En su reunión del pasado sábado, la Junta de Control Fiscal reafirmó, a lo largo de las intervenciones de sus miembros, su propuesta de ajustes en los gastos gubernamentales para balancear las finanzas públicas en un plazo de dos años.
La receta de la Junta, amarga por demás, se basa en recortes de la operación del Gobierno por $3,000 millones para los años fiscales 2018 y 2019, repartidos entre los ahorros de un plan de ajustes en la estructura gubernamental, sumado a $1,000 millones menos para la reforma de salud, una reducción de $300 millones al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico y un corte de 10 % de la nómina de los pensionados.
El Gobierno, a su vez, tendrá que buscar la manera de aumentar sus ingresos por $1,500 millones mediante mejoras al sistema de administración y fiscalización de recaudos.
La fórmula de la Junta, que en seis meses nos ha costado $3 millones y solo se ha reunido cuatro veces, quedó suspendida temporeramente hasta tanto reciban y revisen el plan fiscal que prepara el Gobierno y que, tal como fue solicitado, será entregado a finales de febrero.
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Para lograr posponer la presentación del susodicho plan y obtener una extensión hasta mayo para que queden suspendidas las demandas de los acreedores, el gobernador empeñó su compromiso con buscar una “solución integral para alcanzar el balance fiscal sin tomar más préstamos, la implantación de un plan de liquidez y un protocolo de priorización de pagos, información regular sobre flujo de efectivo, el establecimiento de un plan de trabajo colaborativo y un protocolo de intercambio de información”. Al menos así lo manifestó el presidente de la Junta, José Carrión III.
No hay certeza de qué estrategias formulará el Gobierno, mas podemos anticipar que, si el plan se sostiene en un enfoque estrictamente contable, típico de financieros y economistas neoliberales, nos esperan momentos muy difíciles. Tengamos presente que, si la alternativa al cuadre fiscal solo contempla reducción del gasto público, los efectos se sentirán con mayor fuerza en los sectores más empobrecidos de nuestra sociedad.
Achicar la estructura del gobierno y recortar servicios, clásicas recomendaciones neoliberales, no solucionan nada. Por el contrario, expertos economistas han alertado que esa ruta es fatal para el crecimiento económico.
Ya los sectores productivos del país han recibido un primer golpe con la aprobación de una reforma laboral que convierte a la isla en un gran mercado de trabajo precario que afecta, principalmente, a nuestros jóvenes.
En estos tiempos tormentosos, lo que requiere el país es un proyecto de desarrollo económico que considere, entre otros asuntos, medidas para generar empleos mediante un esquema de inversión de capital que no sea oneroso para los puertorriqueños. Asimismo, debemos crear mecanismos para incentivar al empresario puertorriqueño sin lacerar el bolsillo de los trabajadores; exigir la exención de la isla a las leyes de cabotaje, que entre costos de flete y transporte nos cuesta cerca de $1,500 millones al año; aumentar el impuesto a las empresas foráneas; y reducir los impuestos con una verdadera reforma contributiva.
Y, en los asuntos urgentes, hay que reestructurar la deuda pero no a expensas de conversaciones “voluntarias” con los acreedores, sino mediante una seria y cabal auditoría.
