Existen dudas sobre las buenas intenciones que ocultan los proyectos de ley que han estado ante la consideración del Senado y la Cámara de Representantes en los pasados días y con los que se pretende modificar la reglamentación laboral vigente para flexibilizar el mercado de trabajo público y privado.
La intención legislativa, cristalizada en sendos proyectos que anuncian ajustes en la normativa laboral, no parece ir tras la aprobación de un nuevo estatuto que enfatice el derecho individual y colectivo del trabajo, las obligaciones contractuales, salarios, contratos, prestaciones, seguridad, organización sindical y la condición jurídica del mercado de trabajo.
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Lo que se presenta, por el contrario, es el establecimiento de cambios a la reglamentación vigente para beneficiar a unos sectores económicos que, desde hace tiempo, intentan vender el discurso de que las variables de competitividad, productividad y eficiencia son incompatibles con la protección de los derechos de los y las asalariadas.
En esa dirección, durante los últimos días hemos escuchado a representantes de la Asociación de Industriales y la Cámara de Comercio decir que mientras más “privilegios” tienen los trabajadores puertorriqueños, más se encarece nuestra ya débil economía.
Así las cosas, los propulsores de los cambios en la legislación laboral vigente argumentan que en nuestro país es “muy costoso” emplear gente. Pretenden, de esa manera, limitar beneficios, como el bono de Navidad, las licencias por vacaciones y enfermedad, establecer jornadas de 10 horas diarias sin compensación extraordinaria y trastocar la Ley 80 para no compensar adecuadamente al trabajador despedido, abriendo una ventana para fortalecer prácticas discriminatorias a expensas de ser “más competitivos”.
Intentan lacerar el salario social del que hoy goza nuestra fuerza laboral activa y que es resultado de los procesos de concertación y negociación que han emprendido, por varias décadas, sectores representativos del capital, el Estado y el trabajo.
Como han expresado algunos economistas serios, estas medidas, atribuidas a políticas de ajustes en periodos de crisis económicas, no solo son injustas socialmente, sino que son erradas económicamente.
Desde el punto de vista social, la imposición de medidas que flexibilicen el mercado de empleo supondrá encarecer más nuestra clase asalariada. Será imponer un modelo de precarización formal, tal y como existe para los trabajadores a tiempo parcial en las grandes cadenas de ventas al por mayor y al detal que operan en la isla.
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Quitarles beneficios a nuestros trabajadores y trabajadoras es el principio del fin del proyecto de cohesión social sobre el que se ha montado nuestra sociedad moderna. Es conducirnos a lo más rígido del viejo liberalismo económico, en el que el trabajo es visto únicamente como mercancía. Ahí está anclada la raíz de la visión neoliberal.
Asimismo, y desde la perspectiva económica, el empobrecimiento de nuestra clase asalariada incidirá más en la tasa de participación laboral, que ha ido en picada en los últimos lustros. Entonces, ya no será costo-efectivo trabajar en condiciones tan precarias y, para quienes optan por adquirir un trabajo formal, la emigración continuará siendo su salida, en particular para la clase trabajadora y profesional más joven, que es la que recibirá el golpe más fuerte.
Hay que andar con cuidado frente al fanfarroneo de quienes impulsan propuestas de reforma laboral ataviados del discurso de la eficiencia y la productividad. Tengamos presente que, al reducir salarios y beneficios laborales, también afectamos la estabilidad de muchas familias puertorriqueñas y, lo peor, es que en esa dirección nadie nos garantiza que solucionaremos los problemas financieros y económicos de Puerto Rico.
Cierto es que en tiempos de crisis vale la pena examinarlo todo, máxime cuando se trata fijar nuevas rutas que nos ayuden a impulsar el desarrollo de nuestra economía. Pero comenzar con medidas que afectan el bolsillo de quienes producen no es lo más certero porque, como suele ocurrir, terminaremos empobreciendo más a quienes menos tienen.
