La escena es dramática. En su primera audiencia “pública” en Puerto Rico, los siete miembros de la Junta de Control Fiscal ocuparon las sillas de un lujoso hotel de la zona oriental del país y desde allí impartieron instrucciones y regaños. Fue un lucimiento burdo del poder.
Luego de escuchar con poco interés los planteamientos de los deponentes, la Junta concluyó lo que ya se esperaba. Ni corta ni perezosa, ordenó al Gobierno hacer un plan fiscal con todos los ajustes en el gasto público que sean necesarios para lograr un presupuesto balanceado por la próxima década. Esos ajustes podrían suponer exprimir el presupuesto en más de 1,000 millones de dólares.
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No hay dudas de que el enfoque de estos representantes del poder estadounidense está ceñido en “resolver” los problemas fiscales del país con medidas austeras sin importar sus costos sociales.
A estas alturas, los más optimistas apostaban a que la Junta ya tendría delineada una ruta hacia la reestructuración de la deuda pública, pero no es así. Este tema, por el contrario, ha sido el gran ausente en el discurso público de sus miembros y todo apunta a que desde esa Junta se protegerán con uñas y dientes los intereses económicos de los acreedores.
En cambio, a semanas de inaugurarse en el poder, el Gobierno electo debe tener presente que la salida para resolver los problemas fiscales y económicos del país no puede estar ceñida a la implantación de más políticas de austeridad, aunque lo diga una junta de control fiscal.
Si nos empeñamos en la ruta de la privatización de los servicios públicos y la reducción del presupuesto en áreas esenciales, como la salud y la educación, estaremos destinados a profundizar más nuestra crisis, con un nivel mayor de empobrecimiento social.
A su vez, estamos creando un futuro incierto si no se protegen las pensiones de nuestros empleados públicos, lo que condenaría a la miseria a decenas de miles de puertorriqueños que hoy viven de lo poco que reciben de su pensión y crearía un ambiente de mayor inseguridad para los trabajadores activos.
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Poco funcionarán, además, las medidas que impulsan algunos representantes del sector empresarial quienes, a nombre de la tan manoseada productividad, claman por modificaciones severas a nuestras leyes laborales con el propósito de reducir beneficios y eliminar derechos que han sido importantes para mantener cierto grado de cohesión social.
Los nuevos regentes del Gobierno deberían examinar la experiencia de otros países donde esa obsesión neoliberal de manejar la crisis financiera y la deuda pública con políticas austeras solo lograron elevar los índices de desigualdad social, aumentar la pobreza de los ya pobres y empobrecer cada vez más a los sectores productivos.
Hay, al contrario, otras vías para abordar el grave problema deficitario que enfrentamos como país, comenzando con la elaboración de un plan de desarrollo económico; medidas para estimular la creación de empleos; una reforma contributiva que alivie el bolsillo del trabajador y profesional; y, lo más importante, un plan para reestructurar la deuda pública.
Sin embargo, ninguna de esas consideraciones parecen estar presentes en la agenda de los siete miembros de la Junta de Control Fiscal, quienes han confirmado —para quienes tenían dudas— que su cometido solo busca estrangular la estabilidad social de la ciudadanía a cambio de cumplir con los reclamos de los bonistas, a cualquier precio.
Es importante entender que los puertorriqueños no podemos vivir anclados en la servidumbre de una deuda que no podemos pagar y que, por tanto, tiene que comenzar un proceso serio de renegociación que inicie con una auditoría de la deuda.
Ahí debería estar anclada la agenda del nuevo Gobierno, junto a la importante tarea de delinear nuevas estrategias para retomar la ruta del desarrollo económico sin sacrificar más a la gente que produce, trabaja y anhela un mejor porvenir.
