Una comisión del Congreso de Estados Unidos retoma esta semana la discusión del caso de Puerto Rico en una vista pública que abordará la creación de la Junta de Estabilidad Financiera, el mecanismo de supervisión fiscal impulsado desde Casa Blanca y el Congreso y sin el cual, han advertido, no considerarán ninguna medida de “salvación” a nuestra crisis económica.
El liderato político nacional está sobre aviso. Hace unas semanas recibieron el ultimátum en voz del secretario del Tesoro estadounidense, Jacob Lew, cuando visitó la isla para reafirmar precisamente la intención de su gobierno en promover la junta reafirmando que el alcance de su poder incidirá en el control sobre el ejercicio del gobierno.
En la ínsula algunos líderes del oficialista Partido Popular Democrático han cacareado su oposición frente a la posibilidad de que se apruebe la referida junta aludiendo a que representa una violación a la alegada autonomía fiscal y gubernamental del país.
No entienden, en cambio, que, tras esa propuesta, subsiste la cruda realidad política que vivimos, que no es más que la cristalización del triste dilema colonial.
Eduardo Bhatia, presidente del Senado, ha dicho que combatirá la idea de una junta de control fiscal porque, tal como se propone, “lleva al ciudadano puertorriqueño a no valer nada”. Ha expresado, además, que esa junta tiene que reconocer que aquí hay un gobierno elegido por los puertorriqueños, por lo que parte de sus miembros deben ser nombrados por el Gobierno de Puerto Rico.
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Empero, la firmeza simulada en las expresiones del líder senatorial desentonan con las de su correligionario en la Cámara, el presidente Jaime Perelló, quien ha acogido como bueno la creación de ese mecanismo de control sobre el país, irrespectivo del alcance de su poder sobre la gestión pública.
Mas no importa cuánto la clase política nacional, sean del PPD o del Partido Nuevo Progresista, aplauda o repudie la intervención del gobierno federal sobre el manejo de nuestras finanzas públicas, lo cierto es que la ruta parece estar trazada, y, al final, lo único que persiguen los regentes del poder estadounidense es imponer la forma en que entienden se debe manejar el asunto fiscal de la isla y, a su vez, garantizar los intereses económicos de los acreedores.
En ese sentido, los jefes de la colonia han expuesto reiteradamente las condiciones que impondrían para atender los problemas de insolvencia fiscal del país dejando claro, ante todo, que no confían en la capacidad administrativa de sus súbditos.
A estas alturas a nadie debería extrañarle esa actitud de prepotencia, típica de quien sabe que posee el poder político. Tampoco nadie debería tener dudas de quién manda aquí, aunque una buena parte del liderato del Pepedé se empeñe en perpetuar la mentira de los poderes que obtuvieron al proclamar el Estado Libre Asociado (ELA).
Para quienes aún dudan ahí están la declaraciones de la Oficina del Procurador de Estados Unidos, hablando en nombre de Casa Blanca y afirmando que Puerto Rico solo es un territorio y que el Congreso puede hacer con él lo que estime.
Entonces, la ecuación de la realidad puertorriqueña es simple: vivimos bajo el sometimiento de un gobierno ajeno a nuestros intereses; somos un estado inferior que no tiene autoridad para resolver su crisis económica y fiscal, por lo que requiere atender, de manera urgente, los términos de su relación política con Estados Unidos como preámbulo a resolver su problemática social y económica.
Y es ahí donde está, justamente, el aprieto para la clase política colonial que ha rehuido discutir los pormenores de una relación de sometimiento que pone en relieve la mentira del ELA.
Por eso, quien no quiera entender ni atender la realidad de nuestra condición colonial no puede quejarse luego de la autoridad que ejerce sobre la isla el Congreso federal y Casa Blanca.