Aumento en las pensiones: ¿De dónde sacamos el dinero?
Lea la columna del vicepresidente de Proyecto Dignidad
Por Luis Yordán
En la ingeniería financiera y en la administración de cualquier hogar responsable, existe un hecho matemático inquebrantable: usted jamás puede asumir un gasto fijo y permanente utilizando un ingreso extraordinario y temporero. Nadie en su sano juicio compra un vehículo a un plazo de cinco años o se compromete con una hipoteca pensando en pagarla con el dinero de un premio de lotería o de un bingo que se ganó una sola vez. Hacer eso es garantizar el colapso financiero personal.
Lamentablemente, en la política partidista de Puerto Rico, esa imprudencia ha sido la norma durante décadas. Nuevamente vemos a sectores políticos promoviendo propuestas para aumentar las pensiones o conceder ajustes por costo de vida a nuestros retirados. A primera vista, la causa es incuestionable: nuestros pensionados han visto su poder adquisitivo devastado por la inflación, el alza en los costos de alimentos y las tarifas del servicio eléctrico. La empatía con nuestros adultos mayores exige buscar alternativas para hacerles justicia. Pero el análisis serio no puede quedarse en la buena intención; tiene que responder la pregunta de ingeniería fundamental: ¿de dónde sacamos el dinero de forma recurrente?
Desde que los sistemas de retiro colapsaron por la mala administración del pasado, el país pasó al esquema de PayGo. Esto significa que las pensiones ya no se pagan de un fondo de inversión acumulado, sino directamente del Fondo General con los impuestos que se le cobran diariamente a los ciudadanos que trabajan y a los comercios que producen. Hoy, el pago de pensiones le cuesta al país más de $2,500 millones anuales, lo que representa cerca del 20% de todo el presupuesto general de la Isla.
El gran engaño de las propuestas legislativas oportunistas es pretender financiar aumentos permanentes a los retirados utilizando los superávits temporeros que ha registrado el gobierno por concepto de fondos federales de reconstrucción. Asi como lo leen, eso es un espejismo peligroso. Esos fondos federales tienen fecha de expiración. ¿Qué pasará cuando esa inyección de dinero cese? Si no se ha diseñado una fuente de ingresos permanente y real, el resultado será inevitable: o el sistema vuelve a quebrar, o habrá que imponerle nuevos impuestos al pueblo para cubrir el hueco. Por eso la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha frenado repetidamente leyes similares amparándose en la Sección 204 de la Ley PROMESA, la cual exige que todo gasto nuevo tenga una fuente de financiamiento identificada.
Prometerle a un anciano un dinero que no se puede sostener en el tiempo no es justicia social; es una crueldad política.
La verdadera reingeniería fiscal que defendemos en el Plan de Proyecto Dignidad exige hablarle con la verdad al país. Si queremos hacerles justicia a nuestros pensionados y aumentar sus ingresos sin poner en riesgo las finanzas públicas, la solución no es inventar impuestos ni fiarse de superávits ficticios. La solución es recortar la grasa del propio Gobierno: eliminar los cientos de millones de dólares que se despilfarran en contratos de servicios profesionales innecesarios, reestructurar las corporaciones públicas ineficientes y redirigir esos ahorros reales a un Fondo de Reserva de Pensiones blindado.
Respetar a nuestros retirados es asegurar que el cheque que reciban hoy esté respaldado por un diseño financiero sólido que no se esfume mañana. Dejemos la demagogia de los parches y apliquemos la disciplina fiscal para que la justicia a nuestros viejos sea tan permanente como su legado.
