Fracasos reiterados en la privatización de la energía
Lee aquí la columna de la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana y abogada
Por Rosa Seguí
En Puerto Rico, la privatización de los servicios públicos ha fracasado reiteradamente. Ese es el caso de la generación y distribución de la energía eléctrica. Es un fracaso porque, a pesar de la grave crisis climática, se entorpece la transición a fuentes de energía renovable. Es un fracaso porque tenemos un sistema frágil, costoso e ineficiente que es incapaz de proveer la energía que necesita el país. Es un fracaso también porque ha requerido la creación de estructuras para gestionar y supervisar la contratación y la compra de servicios como la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) y la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO). Estructuras que promueven el desvío de fondos públicos a empresas privadas cuyo objetivo es la mayor acumulación de ganancias en el plazo más corto posible y no la satisfacción de nuestras necesidades.
Es decir, contrario a las promesas de ahorros y de reducción del supuesto gigantismo gubernamental mediante la privatización, el gobierno ha creado más estructuras —algunas públicas y otras privadas— muchas de las cuales carecen de supervisión adecuada. Tampoco ha reducido el gasto público. La realidad es que la privatización en el caso de la energía —y en otros casos también— ha traído consigo aumentos del gasto público, fondos gubernamentales desviados a bolsillos privados. En muchos casos, a entidades y empresas que no cuentan con la capacidad ni la experiencia para proveer los servicios para los cuales se les contrata.
Ese es el caso de Power Expectations, en el que, según la prensa, se alega que hubo fraude, amenazas y extorsión. La prensa divulgó que la Junta de Control Fiscal (JCF) reveló una comunicación de la empresa Enchanted Rock a la AAPP y a la 3PPO, en la que acusan a Power Expectations de haber firmado de manera fraudulenta el contrato de generación temporera de emergencia a nombre de Enchanted Rock, aun después de que esa empresa les indicó que no participarían del proyecto. Pero la JCF había dado el visto bueno a este contrato. Por eso, en esta gestión, el fracaso lo comparten el gobierno de Jenniffer González, la JCF y la 3PPO.
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