El agua que se nos escapa: crónica de una sequía en Puerto Rico
Lee aquí la columna de la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana y abogada
Por Rosa Seguí
Según el informe mensual de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y el Servicio Nacional de Meteorología, desde enero hasta abril de 2026, la cantidad de lluvia que cayó fue sobre lo normal en la mayoría de Puerto Rico. Sin embargo, febrero quedará marcado como otra oportunidad perdida para la seguridad hídrica, toda vez que se recibió una cantidad de lluvia mayor de lo normal en casi todo Puerto Rico. Sin embargo, faltó —como suele pasar—la planificación y el mantenimiento de parte del gobierno y de la administración de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).
Los problemas de suministro de agua responden, por un lado, al deterioro de la infraestructura, al desconocimiento del sistema por parte de contratistas privados y a la reducción de la capacidad de abastecimiento de los embalses por problemas de filtración. Según la AAA, se estima que el 65 % del agua producida se pierde debido a fugas en las tuberías, averías y desbordamientos. Esto es inaceptable. De hecho, a pesar de la vergonzosa admisión, no existe plan para remediar la pérdida de agua.
Según el Comité de Expertos y Asesores sobre el Cambio Climático, la sedimentación de los embalses afecta adversamente la capacidad de almacenamiento y limita la disponibilidad del agua. Informa el Comité que las fuentes principales de la limitación de almacenamiento son la erosión y el particulado residual de los proyectos de construcción. La destrucción ambiental, causada mayormente por proyectos de construcción, provoca la deforestación de los bosques que protegen las cuencas hidrográficas que nutren los embalses. Esa erosión aumenta la sedimentación, que reduce la capacidad de almacenamiento de agua. Para evitar esto, hace falta que se implemente un programa continuo de dragado y de mantenimiento, o al menos, una paralización de proyectos de construcción en estas zonas. Debe adoptarse una moratoria para proyectos que requieren consumo excesivo de agua, sobre todo cuando la propia AAA ha dicho que no son viables.
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