El balde roto: la ilusión de los dragados y la verdadera crisis del agua
Lee aquí la columna del vicepresidente de Proyecto Dignidad
Por Luis Yordán Frau
En Puerto Rico, vivimos sumergidos en un continuo déjà vu administrativo. Cada vez que el patrón meteorológico se torna seco, la respuesta del gobierno activa el mismo libreto de hace tres décadas: reuniones de emergencia del Comité de Sequía, conferencias de prensa para anunciar “ajustes operacionales”, avisos del Departamento de Asuntos del Consumidor para congelar el precio del hielo y la activación de la Guardia Nacional para distribuir agua en camiones cisterna. Se nos intenta vender la narrativa de que el racionamiento es algo imprevisto de la naturaleza, cuando en realidad, y más en el Caribe, las épocas de sequía son fenómenos hidrológicos absolutamente recurrentes y predecibles.
El problema de fondo no es tanto la falta de agua que cae del cielo, sino la incapacidad operacional para conservarla y distribuirla de manera eficiente en la tierra.
Si examinamos las ejecutorias del gobierno en los pasados tres años, hay que reconocer aciertos en la infraestructura pesada. Tras décadas de abandono, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) logró completar la esperada obra de dragado en el embalse Carraízo —una inversión de $107.4 millones financiada con fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y del Programa de Subvención para la Mitigación de Riesgos, según datos del propio Portal de Transparencia del gobierno—. Este proyecto removió cerca de dos millones de metros cúbicos de sedimento para devolverle al lago una capacidad de almacenamiento útil de 550 millones de galones.
En el papel, recuperar espacio de reserva en un embalse crítico es una medida en la dirección correcta. Sin embargo, desde la perspectiva de la ingeniería de sistemas, este proyecto revela la triste ilusión en la que operan nuestras corporaciones públicas : nos presentan la ampliación del embalse, pero ignoran que la tubería que reparte el recurso está destrozada. ¿De qué sirve gastar $107 millones en agrandar la capacidad de un embalse si la red de distribución de la AAA continúa perdiendo el 58.7 % del agua potable que produce, debido a salideros y tuberías colapsadas? —un trágico dato ratificado por la propia Autoridad en su Informe Anual de Auditoría de Agua y certificado por la Junta de Planificación— .
Diseñar la gestión del agua bajo este esquema es el equivalente a intentar llenar un balde lleno de agujeros. Aumentar la cantidad de agua en la reserva no evita que el recurso se evapore literalmente bajo el suelo a través de salideros ocultos, colapsos de tuberías viejas y una falta crónica de control de presiones. Si la AAA lograra reducir sus pérdidas físicas en la red a niveles estándares de eficiencia (entre un 20 % y 25 %), la inmensa mayoría de los planes de racionamiento que hoy sufren nuestras comunidades y comercios sería innecesaria, incluso en períodos de baja precipitación.
El verdadero desacierto de los pasados años ha sido insistir en remedios reactivos y astronómicamente caros en lugar de invertir en prevención y mantenimiento predictivo. En vez de esperar a que los lagos se llenen de lodo para gastar $100 millones en dragarlos, la ingeniería moderna exige trabajar aguas arriba, en los ríos que alimentan los embalses, reforestando y estabilizando las cuencas de dichos ríos para evitar la erosión que se desprende de la cuenca y corre río abajo hasta depositarse como sedimento en los embalses. Esto en paralelo con el instalar sensores con tecnología e inteligencia artificial que detecten las fugas invisibles en la red en tiempo real.
La reingeniería de la infraestructura que proponemos en el Plan de Proyecto Dignidad exige pasar de la primitiva “cultura del camión cisterna” a una administración pública basada en la resiliencia y el rendimiento de cuentas. Puerto Rico no puede seguir gobernado por una burocracia que se cruza de brazos a esperar que llueva para tapar la incompetencia operacional. Es hora de tapar los agujeros del balde, modernizar la red y administrar el agua del pueblo con la rigurosidad y la eficiencia técnica que el país exige.
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