Diez años después de PROMESA
Lee aquí la columna del exrepresentante por el PPD, abogado y comunicador
En unos días, se cumplen diez años de la aprobación de la Ley PROMESA, una medida que marcó un antes y un después en la historia económica y fiscal de Puerto Rico. Una década después, corresponde hacer un balance honesto de sus resultados, reconociendo tanto sus aciertos como sus limitaciones.
Entre los aspectos positivos, resulta innegable que PROMESA creó un mecanismo para atender una crisis que, en aquel momento, parecía inmanejable. La protección del proceso de quiebra permitió reorganizar las finanzas del gobierno sin tener que destinar inmediatamente recursos al pago de una deuda que simplemente no se podía pagar. Además, las negociaciones lograron reducciones significativas en varias porciones de la deuda pública, disminuyendo obligaciones que habrían resultado insostenibles para las futuras generaciones.
Sin embargo, los logros fiscales no necesariamente se han traducido en una transformación estructural de la economía puertorriqueña. Diez años después, seguimos enfrentando muchas de las mismas preguntas que existían antes de PROMESA. La Junta de Supervisión Fiscal ha concentrado gran parte de sus esfuerzos en cuadrar presupuestos y controlar gastos, pero el país continúa sin una estrategia económica clara y consistente para generar crecimiento sostenido.
Tampoco se ha aprovechado plenamente este periodo para impulsar reformas profundas que aumenten la productividad, fortalezcan la participación laboral, simplifiquen la permisología o hagan más competitivo al país. En demasiadas ocasiones, la discusión pública ha girado alrededor de recortes, litigios y disputas presupuestarias, mientras los problemas estructurales permanecen sin resolver.
La pregunta más importante es quizás la más incómoda: ¿qué garantía existe de que Puerto Rico no enfrentará otra crisis fiscal dentro de diez o 15 años? La realidad es que ninguna. La reducción de la deuda era una condición necesaria, pero nunca fue suficiente por sí sola para garantizar estabilidad económica y sobretodo una nueva estructura financiera y de desarrollo económico para Puerto Rico.
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