Las denuncias no renuncian
Lee aquí la columna del exrepresentante por el PPD, abogado y comunicador
La renuncia de Sebastián Negrón Reichard como secretario de Desarrollo Económico y Comercio provocó una reacción inmediata en el ámbito político y gubernamental. En parte, ello responde a que se trataba de un funcionario que gozaba de una imagen pública mayormente positiva y que había logrado proyectar competencia y seriedad en el desempeño de sus funciones. Sin embargo, más allá de la salida de una persona, lo verdaderamente importante es el contenido de lo que dejó dicho al marcharse.
Las administraciones públicas enfrentan renuncias constantemente. Funcionarios llegan y funcionarios se van. Los gobiernos continúan operando, se nombran sustitutos y la maquinaria administrativa sigue adelante. Pero hay ocasiones en que una renuncia trasciende el hecho administrativo y se convierte en un asunto de interés público. Este parece ser uno de esos casos.
Lo que debe ocupar la atención del gobierno no es únicamente llenar la vacante en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Lo urgente es atender las denuncias planteadas por quien hasta hace poco dirigía la agencia.
Entre los señalamientos realizados figuran alegaciones de interferencia en procesos administrativos y de contratación, y la reversión de medidas disciplinarias previamente tomadas. Son planteamientos serios que no pueden ser ignorados simplemente porque la persona que los formuló ya no ocupa el cargo.
La discusión pública no debería centrarse exclusivamente en quién tiene razón. La pregunta correcta es qué hará el gobierno para esclarecer los hechos. Si las denuncias son incorrectas o carecen de fundamento, corresponde investigarlas y demostrarlo. La transparencia exige que se disipen las dudas. Pero si las alegaciones tienen mérito, entonces corresponde corregir los problemas identificados y adoptar las medidas necesarias para evitar que se repitan.
Lo peor que podría ocurrir es que el asunto quede atrapado entre titulares de prensa y declaraciones políticas sin que exista un esfuerzo serio por determinar qué sucedió realmente.
Porque, al final, los funcionarios pueden irse; las denuncias no. Y cuando las denuncias involucran la integridad de los procesos gubernamentales, el silencio nunca debe ser la respuesta.
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